La experiencia del gobierno de Hernán Siles Zuazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP) demostró que no es posible gobernar sin mayoría parlamentaria, los gobiernos elegidos en los 20 años de neoliberalismo recogieron estas lecciones e implantaron un sistema de gobernabilidad denominado "democracia pactada", porque ninguno de los gobiernos accedió al gobierno ganando elecciones con mayoría absoluta y por tanto contando con mayoría parlamentaria, este sistema que consistía en acuerdos políticos que permitiesen tener mayoría parlamentaria y un cogobierno que sea en cierta manera proporcional a su representación parlamentaria, significaba también una distribución de instituciones y puestos públicos, es decir, un cuoteo del aparato del Estado.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Paz Estenssoro en 1985 para la aplicación de la NPE estableció con Acción Democrática Nacionalista (ADN) el "Pacto por la Democracia" y cogobernaron entre 1985 y principios de 1989.
En las elecciones de 1989, donde astutamente se habló de un triple empate entre el MNR, ADN y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). EI MIR y ADN, establecieron el llamado "Acuerdo Patriótico", en el que las victimas de ayer se aliaron con los victimarios, pacto político éticamente muy cuestionado. Jaime Paz Zamora había declarado anteriormente que "un río de sangre separa al General Banzer del MIR"; sin embargo, con un pragmatismo cínico Paz Zamora y el MIR cruzaron ese rio de sangre metafórico a título de dar gobernabilidad al país.
En las elecciones de 1993, en la que tampoco hubo ganador por mayoría absoluta, el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada quien tuvo la mayoría relativa pactó con el Movimiento Bolivia Libre (MBL) de Antonio Aranibar (expresión socialdemócrata), el Movimiento Revolucionario Túpak Katari (MRTK) de Víctor Hugo Cárdenas (una de las corrientes kataristas) y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de Max Fernández. Víctor Hugo Cárdenas fue el Vicepresidente de Sánchez de Lozada. El dirigente emenerrista desarrolló una política de alianzas en la que logró reclutar a una parte de la izquierda, a una corriente indigenista y al populismo de UCS. Este gobierno también logró reclutar a intelectuales con un pasado de izquierda, analistas políticos, creadores de opinión pública y principalmente medios de comunicación, con puestos públicos, consultorías muy bien remuneradas y otras prebendas.
En las elecciones de 1997, el MIR le devolvió favores a ADN, haciendo presidente al ex- dictador Banzer, que constituyó una "mega coalición" integrada por ADN, MIR, Nueva Fuerza Republicana (NFR), UCS, Conciencia de Patria (CONDEPA), donde los dos primeros hegemonizaban el gobierno en la distribución de puestos públicos.
En las elecciones de 2002, que fueron ganadas precariamente por Gonzalo Sánchez de Lozada, se constituyó un pacto político denominado "Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional", pasando por alto antiguas enemistades más personales que ideológicas y pro- gramáticas, integrado por el MNR, MIR y NFR.
En estos años, los partidos políticos se habían convertido en máquinas electorales prebendales, no cumplían su papel de mediadores entre la sociedad y el Estado y solamente servían a los intereses de las élites políticas, cada vez más alejadas de los sentimientos de la sociedad, contribuyendo a la crisis política que se vivió a partir del año 2000 y que se profundizaría entre el 2003 y el 2005. Las elecciones constituían solamente un traspaso del poder entre las elites políticas.
Las duras medidas económicas implementadas a partir del D.S. N° 21060 de 29 de agosto de 1985, las privatizaciones, la llamada capitalización que fue nada más que otra forma de privatización y, en general, la administración del modelo neoliberal, con grandes ventajas y beneficios para el sector privado nacional y el capital extranjero en perjuicio de la clase trabajadora, y enajenador del patrimonio de los bolivianos, para frenar y enfrentar la resistencia del movimiento obrero y popular tuvo que recurrir a medidas de fuerza como la dictación de estados de sitio, que fueron aplicados desde Paz Estenssoro en septiembre de 1985 hasta abril de 2000 por Banzer, apresando dirigentes sindicales y populares y confinándolos en el noreste del país.
Entre otros actores políticos no partidarios encontramos a la jerarquía de a iglesia católica, con una participación importante en la consolidación del neoliberalismo en Bolivia.
En noviembre de 1984 con apoyo de la iglesia se desarrolló el denominado "Diálogo por la Democracia", propiciado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y los partidos políticos de derecha, que planteó el acortamiento del período constitucional del presidente Hernán Siles Suazo a tres años y la habilitación de la candidatura de Jaime Paz Zamora. De ese pacto político emergió el sistema político neoliberal que gobernó el país 20 años. En 1989 promovió consensos para introducir reformas a la Corte Nacional Electoral (banda de los cuatro) acusada de fraude electoral para impedir el as- censo al gobierno de Sánchez de Lozada. Más adelante, propicio nuevos cambios en la Corte Nacional Electoral como la nueva elección de sus miembros. En 1992 promovió el "Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la Democracia" impulsando una serie de reformas que servirían para preparar un escenario de consenso para las políticas de privatización de las empresas estatales estratégicas. Finalmente, en medio de la crisis política y social que vivía el país el año 2003, propuso un acuerdo de los partidos políticos del sistema, denominado "Por el Reencuentro de los Bolivianos", documento elaborado por intelectuales y asesores afines al sistema, como Jorge Lazarte, Carlos Toranzo, Fernando Calderón y Roberto Laserna, propuesta que fracasó rotundamente por la emergencia de nuevos actores políticos como el MAS de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe, con una postura contraria a la continuidad de las políticas neoliberales impulsada por la jerarquía eclesiástica. Las fidelidades y lealtades entre los partidos de derecha, la iglesia, los empresarios y los medios de comunicación, resultaron insuficientes; la credibilidad e influencia en la sociedad de sus ideólogos y las instituciones afines como el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Fundación Boliviana para la Capacitación Democrática y la Investigación (FUNDEMOS), Fundación MILENIO, Universidad Católica, entre algunas, habían reducido su capacidad de influencia y habían aparecido nuevos liderazgos políticos y movimientos sociales que no estaban en la línea de la recomposición neo- liberal y más bien proclaman el cambio de las políticas.
La imposición del neoliberalismo necesitó del trabajo intelectual de politólogos, asesores de comunicación, líderes de opinión, periodistas y otros (muchos haciendo transfugio desde la izquierda); sin embargo, su coptación en a defensa del neoliberalismo y la entrega de la patria no fue gratuita, de por medio circuló mucho dinero mediante consultorías muy bien pagadas. El Sindicato de la Prensa había denunciado por ejemplo a Cayetano Llobet furibundo defensor del gonismo y las privatizaciones, y a otros opinadores análogos como" "enemigos del periodismo honesto y ético al ser simples mercenarios de la información".
Estas coptaciones fueron millonarias y onerosas para el Estado, por otro lado, se instituyó un sistema de sobresueldos denominados "pluses", para autoridades jerárquicas de distintos órganos del Estado, pagados con recursos de créditos de organismos multilaterales, donaciones de distintas agencias, como USAID, GTZ y otras, canalizados también por la vía de los gastos reservados en los distintos gobiernos neoliberales; estos sobre- sueldos se pagaban para mantener la adhesión al régimen, de autoridades de toda natu- raleza, civiles y militares, en una conducta antiética, que por ejemplo llevó al Presidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, no solamente a admitir sin tapujos el cobro de estos “pluses”, sino a declarar “que se sentía como una prostituta cada que cobraba su plus".
Estos recursos también fueron utilizados en la compra de votos en el parlamento cada vez que se votaban leyes fundamentales para la consolidación del neoliberalismo y la entrega de las empresas estratégicas al capital transnacional, era difundida la denuncia de la circulación de maletines negros en el parlamento, pago de deudas políticas, Ministros de Defensa y Comandantes de las Fuerzas Armadas recibieron 21 millones de dólares entre 1985 y 1997 por gastos reservados para pagos de sobresueldos, en fin pagos para tener satisfechos a políticos e intelectuales, bajo el discurso de la gobernabilidad democrática. Tantas cosas que se hicieron en nombre de la democracia.
En las dos estrategias de desarrollo: Capitalismo de Estado y Neoliberalismo, vigentes sucesivamente desde la década del cincuenta, se consolidó el modelo primario-exportador en el país.
La característica fundamental de este proceso gira en torno a la privatización de la gene- ración, apropiación y distribución del excedente económico a favor de los intereses de las empresas privadas nacionales y principalmente extranjeras. Se observó la producción y salida del excedente económico sin control por parte del Estado y sin beneficio para las regiones y los bolivianos.
El neoliberalismo se planteó como un objetivo central el de reorientar el aparato productivo nacional hacia la exportación, diversificando la producción y los mercados de exportación. Sin embargo, después de 20 años el perfil y composición de las exportaciones no mejoró, se continúa exportando materias primas.
La postura neoliberal propugnaba que los empresarios tengan como base fundamental la productividad y la competitividad, la flexibilización o precarización laboral que consiste en la inestabilidad del trabajo, la prolongación de la jornada laboral, el trabajo eventual, la elevación de la tasa laboral de participación familiar (madre e hijos) y el aumento del desempleo.
En los 20 años de neoliberalismo los distintos gobiernos y los organismos multilaterales fomentaron un culto a la estabilidad económica y financiera en detrimento del crecimiento, la reestructuración productiva, la generación de empleo y la mejora de las condiciones sociales, ya que la estabilidad económica no logró generar condiciones propicias para el crecimiento. Las políticas neoliberales sirvieron para la estabilización y no para los aspectos fundamentales de la sociedad, reestructuración productiva, acceso a servicios básicos, salud, educación y empleo. Además, si bien los indicadores macroeconómicos mostraban estabilidad, tuvieron poco impacto en las condiciones de vida de la población, que no estaba satisfecha porque sus principales preocupaciones no eran subsanadas.
Entre el año 2003 y 2005 se llegó al punto más alto de una crisis general del Estado en Bolivia, es decir, crisis política, económica, social y cultural, que se manifestó con la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y la instauración de los gobiernos transitorios de Carlos Mesa y Rodríguez Beltzé.
Los resultados de la crisis y el horizonte que empezó a cobrar el proceso político pusieron en evidencia el fracaso del estado republicano fundado en 1825, en sus versiones republicana, liberal-oligárquica, nacionalista y neoliberal.
El Estado fundado en 1825 bajo la conducción de una élite que representaba los resabios coloniales de mineros y terratenientes, nació de espaldas a la realidad social de un país mayoritariamente indígena, en el que los pueblos originarios fueron excluidos de este proceso fundacional.
Pero el Estado Republicano no solamente excluyó, desconoció y exaccionó tributos a los pueblos indígenas, sino que a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX lo agredió despiadadamente, principalmente con la expropiación de las tierras comunales y el trabajo gratuito, bajo el argumento racista de que las tierras en manos de los indios eran improductivas y por lo tanto debían pasar a manos de los blancos.
El Estado Republicano fue un Estado colonial, excluyente, racista y explotador de indios, además, entreguista y vende patria.
Las clases que gobernaron el país nunca construyeron la base material del Estado, fueron una clase dominante patrimonialista y subordinada a poderes externos, por lo que el excedente económico generado en la explotación, principalmente de los recursos naturales, fue distribuido entre quienes detentaban el poder político y económico local, y el capital transnacional que exportaba sus ganancias.
El viejo Estado Republicano había llegado a su fin y con él el poder político de las clases dominantes y explotadoras.
El proceso político denominado "proceso de cambio", es el remate histórico de una profunda crisis estatal política y económica, que puso a la sociedad "en un momento constitutivo, en un estado de disponibilidad social, en el que la sociedad está dispuesta a asumir nuevas creencias colectivas", en términos de René Zabaleta.
Distintas líneas de acumulación histórica concurrieron a este momento constitutivo, vivimos la apertura de un nuevo tiempo histórico. Estamos viviendo una coyuntura de transición histórica, de cambio sustantivo en la relación de fuerzas sociales, cuyo rasgo central consiste en que el viejo bloque político-económico dominante fue expulsado electoralmente del poder político.
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