En el período neoliberal, el Banco Central de Bolivia tuvo bajo su responsabilidad la ejecución de la política monetaria. Sin embargo, el control de la inflación se había convertido para el BCB en el objetivo primordial, es decir, poco importaba lo que ocurría en otras áreas de la economía, como el desarrollo económico y social, lo fundamental era mantener una inflación baja a cualquier costo, no importaba si el país estaba en un estancamiento absoluto y en un empobrecimiento mayor.
La inflación en el primer quinquenio post-estabilización tuvo un promedio de 26,5%, entre 1991 y 1995 fue de 11,1% y posteriormente fue descendiendo; sin embargo, se debe observar que en los últimos años, que muestran baja inflación, coincidentemente también se observan las tasas de crecimiento más bajas del PIB, es decir, que la baja inflación no responde propiamente a la eficacia de la política monetaria sino al bajísimo crecimiento de la economía.
Alguien dijo "hay quienes creen que una pronunciada reducción de la demanda y hasta una depresión son necesarias para resolver el problema inflacionario", es decir "de la depresión devino la cura para la inflación del mismo modo que para los franceses la guillotina era el remedio definitivo para el dolor de cabeza".
Por otro lado, es importante subrayar que en una economía como la boliviana, con un grado de dolarización casi total en el período neoliberal, la instrumentación de la política monetaria para el BCB tuvo grandes restricciones y limitaciones.
En la primera etapa, posterior al D.S. N° 21060, el tipo de cambio se había constituido en el ancla nominal para detener el proceso inflacionario y durante varios años cumplió con ese papel, al costo de la profundización de la dolarización de la economía, por lo que la política económica se encontraba disminuida de un vital instrumento.
Sin embargo, por lo menos los 10 años posteriores al shock antiinflacionario del D.S. N° 21060, la inflación continúo siendo alta, de dos dígitos en promedio.
Desde 1985 la política monetaria se basó en el control del Crédito Interno Neto (CIN) del BCB, dada la influencia que éste ejerce sobre el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios y por ende en los precios. Con este propósito se establecieron metas anuales del crecimiento del CIN al Sector Público No Financiero y al sector privado, estas metas se consideraban topes máximos y no objetivos puntuales. En este sentido, la programación monetaria del BCB tuvo como una de las metas intermedias el CIN.
Así, la programación monetaria del BCB que sigue el llamado "enfoque monetario de la balanza de pagos" y el modelo de Polak, era supervisada por el FMI, que para el caso boliviano se basaba en metas intermedias.
Esta curiosa atribución concedida al FMI significó la pérdida de soberanía en las decisiones de políticas económicas como parte del sometimiento de las autoridades económicas, a los organismos financieros internacionales como el Fondo.
El 31 de octubre de 1995, se promulga la nueva Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670, estableciendo como el objeto del BCB: "procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional"; determinándose también las competencias del BCB sobre la política cambiaria y la administración del sistema de pagos, por las implicaciones monetarias que tienen. Asimismo, sus funciones referentes a la regulación de la cantidad del dinero y el volumen del crédito de acuerdo con su programa monetario y las definiciones sobre el encaje legal.
La nueva Ley del Banco Central de Bolivia estableció en sus relaciones financieras con el sector público, que el BCB no puede otorgar créditos al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo, sólo podría hacerlo en los siguientes casos:
a) Para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacionalb) Para atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario.
Estas operaciones debían ser garantizadas con títulos valores negociables de deuda pública emitidos por el TGN, con plazo máximo de un año para los créditos de liquidez.
En sus relaciones con el sector financiero, se estableció que el BCB pueda conceder préstamos a los bancos a plazos de 90 días renovables para atender necesidades transitorias de liquidez, en casos debidamente justificados.
La política monetaria, por el alto grado de dolarización de la economía, también debía buscar el fortalecimiento de las reservas internacionales netas (RIN) del BCB, para cumplir con el papel de prestamista de última instancia y permitir el normal funcionamiento del sistema de pagos internacional y afirmar la confianza de los agentes económicos en el país, aspecto que no pudo cumplir el neoliberalismo por las propias políticas económicas que se aplicaron.
En el marco de la política monetaria que implementaba el BCB, la inflación se constituía En el objetivo final y el CIN y las RIN eran metas intermedias, siendo la meta operativa la liquidez del sistema financiero, cuya evolución se trataba de controlar por medio de varios instrumentos.
El BCB interviene en el mercado a través de distintos instrumentos: Operaciones de Mercado Abierto (OMAS), reportos, créditos al sector financiero con garantía del Fondo RAL y créditos transitorios de liquidez.
Otro instrumento de política monetaria fue la definición de las tasas de encaje legal. Con el D.S.N° 21060 se liberaron las tasas de interés y se autorizaron a los bancos realizar operaciones en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor. En este sentido, se establecieron las tasas de encaje legal en moneda nacional con la siguiente estructura: depósitos a la vista 50%, caja de ahorro 20%, plazo fijo 10% y otros depósitos a plazo 100%; sin embargo, los depósitos en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor fueron exentos de encaje legal.
Las medidas implementadas por el BCB sobre el encaje legal estuvieron orientadas, en primera instancia, a reducir las tasas del encaje y, posteriormente a partir de 1990 a remunerar el encaje.
El banco central estableció distintos mecanismos de remuneración al encaje, inclusive aceptando excedentes de encaje, con el objetivo de reducir los costos de la banca y tratar de incidir en la reducción de las tasas de interés activas o elevación de las tasas de interés pasivas, en la realidad probablemente contribuyó más a lo primero que a lo segundo, es decir a reducir costos y aumentar las utilidades de la banca.
La reducción de los costos de intermediación financiera deberían haberse expresado en menores tasas de interés activas, que aumenten el acceso al financiamiento, posibilitando mayores niveles de inversión privada y tasas superiores de crecimiento económico. Este hecho no se dio, pues la determinación del neoliberalismo de dejar al mercado el establecimiento de tasas de interés, condiciones financieras y otros aspectos, dejó a los usuarios de los servicios financieros en manos de la dictadura del sistema financiero y el oligopolio bancario.
En estos primeros años, la política del encaje legal consistió en reducir tasas a la moneda nacional, eliminando el encaje legal para depósitos a plazo y se fijó, en 1987, un encaje de 20% para depósitos a la vista en moneda extranjera, en 1988 se determinó que hasta el 50% del encaje legal sea redituado con pago de intereses mediante la presentación de Certificados de Depósito (CD) emitidos por el banco central. El ente emisor a finales de 1987 había empezado a colocar CDs como sus primeras OMAS en las tres denominaciones monetarias, vale decir moneda nacional, moneda nacional con mantenimiento de valor y moneda extranjera, en consecuencia los bancos podían constituir encaje por 50% con estos CDs, es decir tenían un encaje legal remunerado a través de estos instrumentos. La emisión de CDs del banco central fue en aumento, principalmente en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor, donde los mayores demandantes eran los bancos.
En 1990, el BCB decidió remunerar el encaje legal al 100% en moneda nacional y 50% en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor, para el primero se tomaría el promedio ponderado mensual de la tasa de interés correspondiente a los depósitos en caja de ahorro del sistema bancario y, para los segundos en base a la tasa LIBOR anual para un mes.
Como se puede observar, cada vez se otorga más delicias al sector privado en la política de encaje legal, bajo el supuesto de que estas medidas permitirían reducir las tasas activas y elevar las tasas pasivas en el mercado financiero, al reducir el costo de intermediación, aspectos que no se dieron.
A fines de 1994, el banco central, con el propósito de impulsar la monetización decidió: la eliminación del encaje legal adicional para moneda nacional, eliminación del encaje para depósitos mayores a un año y los límites a la posición cambiaria, que principalmente estaba orientada a limitar el descalce en moneda extranjera y el establecimiento de encajes por monedas sin posibilidad de compensación. El BCB dejó de remunerar los excedentes de encaje legal y emitió títulos valor AA (TAA) con los cuales se podía constituir encaje, por supuesto con una retribución en intereses.
En ese mismo año, el TGN inició la colocación de Letras del Tesoro (LTS) para financiar sus necesidades de liquidez de fuentes diferentes al BCB y como un primer paso para independizar la política monetaria de la política fiscal. Un año más tarde, en 1995, el banco central empezó a colocar LTs y la colocación de CDs va siendo sustituida gradualmente por la de LTs.
A mediados de 1998 se crea el Fondo de Requerimientos de Activos Líquidos (RAL) en moneda nacional y extranjera, cambiando el sistema de encaje legal, modificando el requerimiento de reservas por una política de requerimiento de liquidez, y estableciendo que de los pasivos sujetos a encaje, el 2% debe ser en efectivo en el BCB y 10% en el fondo RAL.
Los objetivos del Fondo RAL fueron los siguientes:
a) Otorgar una remuneración de mercado a las entidades financieras por los fondos constituidos como encaje legal, permitiendo así una disminución de los costos de intermediación del sistema financiero.
b) Mejorar la posición de reservas internacionales netas del sistema financiero.
c) Garantizar mecanismos de liquidez ágiles y oportunos.
d) Contar con un fondo prudencial que mantenga saldos exigibles a la vista dirigidos a cubrir retiros no previstos de depósitos.
e) Permitir al BCB disponer de un sistema de previsión y alerta temprana sobre la liquidez de las entidades financieras.
Los bancos podían acceder a préstamos de liquidez hasta el 70% de su fondo RAL constituido.
En 1987, el banco central comenzó a realizar OMAS con la colocación de CDs y más adelante a partir de 1995 Letras de Tesorería y Bonos del gobierno. Estos son los mecanismos de esterilización de excedentes de liquidez en la economía, que asumen la forma de endeudamiento por parte del BCB con fines de regulación monetaria y constituyen una alternativa de inversión segura y cómoda para la banca.
En las OMAs, el banco central determina las cantidades a ser ofertadas en las subastas semanales, las instituciones financieras hacen sus posturas de precios, es decir, de tasas de interés a la cual están dispuestas a adquirir los títulos valor, el BCB al aceptar o rechazar las tasas de interés propuestas pretende enviar señales al mercado para orientar la tendencia de las tasas de interés, en la práctica estas señales fueron poco efectivas, dado el escaso canal de transmisión de estas operaciones al estar la economía nacional altamente dolarizada.
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