Sin lugar a dudas, abril de 2000 marca el punto de inflexión del régimen político implementado desde 1985. Las movilizaciones sociales dirigidas en Cochabamba por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, los aymaras en el altiplano norte, la resistencia de los productores de coca en el trópico de Cochabamba a la erradicación forzosa y la denominada guerra del gas principalmente en la ciudad de El Alto, marcaron la re- configuración de la acción política y la democracia en Bolivia.
Las reivindicaciones tienen que ver con aspectos vitales como el derecho al agua, la tierra, salud, educación, salarios y defensa de los recursos naturales.
La interpelación fue al Estado, a la presencia de transnacionales que habían privatizado la explotación de recursos naturales, a la injerencia externa en la erradicación de coca, al sistema político y a los partidos políticos tradicionales que ya no representaban al pueblo. Estos hechos provocaron que la acción política y social desborde las instituciones y sistemas tradicionales, la política se trasladó a la lucha en las calles y en los caminos.
En abril de 2000 con la “guerra del agua” en Cochabamba y en febrero de 2003 con un levantamiento popular en La Paz contra "el impuestazo" de Sánchez de Lozada, la resistencia popular a las políticas neoliberales, preanunciaron la insurrección popular del 17 de octubre de 2003 que terminó expulsando al presidente Sánchez de Lozada, obligándolo a refugiarse en los Estados Unidos aunque con luto en la familia boliviana.
La insurrección popular de octubre 2003 era el resultado de un largo proceso de acumulación política, que no solamente planteaba la renuncia del presidente, sino la recuperación de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente.
La sociedad boliviana que en su mayoría había sido convencida por el discurso neoliberal que la economía de mercado resolvería todos los problemas, del crecimiento económico, de la creación de empleo (se ofreció 500 mil empleos con la capitalización de las empresas públicas estratégicas), de la reducción de la pobreza, etc., discurso avalado por analistas, intelectuales y por medios de comunicación, cooptados no sólo ideológicamente sino económicamente por quienes detentaron la titularidad del neoliberalismo en Bolivia, empieza a manifestar el descontento con los resultados del modelo aplicado.
En cerca de 20 años de neoliberalismo, la entrega de los recursos naturales al capital transnacional, estancamiento económico del país, aumento del desempleo y generalizada pobreza frente a pequeños grupos de políticos, empresas transnacionales y empresarios vinculados a la exportación, que eran los únicos beneficiados del sistema económico, social y político implantado, explicaron la reacción del pueblo boliviano.
La chispa que encendió la hoguera de octubre 2003, fue la intención del gobierno de Sánchez de Lozada, en realidad heredada de su antecesor Jorge Quiroga, de vender gas a los mercados de Estados Unidos y México vía Chile. En este vecino país se construirla una planta de gas natural que funcionaria con el gas enviado desde Bolivia para su expor tación a los mercados mencionados. Este hecho despertó, por un lado, las fibras íntimas de los bolivianos respecto a su relación con Chile sobre el problema de nuestra salida mar, y por otro, la consciencia de los bolivianos en relación a la soberanía del país sobre los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos. Ahí germinó y maduró la lla- mada "guerra del gas", que sentó las bases para el fin del régimen neoliberal en Bolivia.
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