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martes, 25 de abril de 2023

El MESCPB - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas - La guerra del agua

La insurrección popular de abril de 2000 en Cochabamba, llamada "la guerra del agua", sería el inicio de un proceso histórico de reversión de las privatizaciones, en este caso de los servicios públicos. Fue la primera victoria popular en Bolivia contra las políticas neo- liberales y también a nivel internacional se convertiría en bandera de los movimientos antiglobalización y de los movimientos sociales que luchan en el mundo contra la aplicación del recetario neoliberal, que tiene en las privatizaciones su piedra angular.

Las políticas de privatización neoliberal habían llegado al extremo de privatizar los servicios públicos en áreas como el agua y el saneamiento básico, actualmente declarada en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional como un derecho muy fundamental del ser humano.

Las “jornadas de abril" del 2000 en Cochabamba determinaron la expulsión de la multinacional Bechtel-Abengoa (norteamericana y española) que bajo el nombre de "Aguas del Tunari" empezaron a explotar el sistema de agua potable y alcantarillado. Este sería un antecedente, para que años después ocurra lo mismo con la gigantesca multinacional Suez-Lyonnaise des Eaux, que con el nombre de "Aguas del Illimani" operaba en las ciudades de La Paz y El Alto.

Esta movilización popular dirigida por la "Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida", sintetiza la experiencia de un movimiento social antineoliberal que recupera para el ciudadano la decisión sobre la explotación y aprovechamiento de sus recursos naturales y  fue el eslabón por donde se rompió la prepotencia del Estado para imponer políticas privatizadoras, antinacionales y antipopulares.

Por un contrato firmado el 4 de septiembre de 1999, con el consorcio Aguas del Tunari se había privatizado la empresa pública Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de Cochabamba y la realización del Proyecto Múltiple Misicuni, aunque en una versión muy reducida.

Fue el propio presidente y ex dictador Hugo Banzer Suarez que anunció pomposamente la firma del contrato en la ciudad de Cochabamba, como un supuesto avance de modernización neoliberal en el país. El señor Samuel Doria Medina, también participaba del negocio comprando el 5% del paquete accionario de la nueva empresa.

En esos años el Comité de Defensa del Agua, germen de la poderosa Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, ya había expresado su oposición. En ese tiempo el gobierno discutía una polémica Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que posibilitaba la concesión de monopolios en la dotación de agua obligando a conectar- se a las redes de agua a cooperativas, pozos y otras fuentes de captación de agua. Esta ley agravaba el descontento por la privatización de SEMAPA, aparte que afectaba a los agricultores campesinos en sus tradicionales usos y costumbres de gestionar el recurso agua, que en el caso de Cochabamba a través de organizaciones de regantes que con sus propios medios habían construido sistemas de riego, se plegarían al movimiento social y en el resto del país se generó la oposición campesina que empezaría a expresarse con movilizaciones indígenas en el altiplano paceño.

La empresa Aguas del Tunari despertó el descontento social, cuando en enero de 2000 incrementó las tarifas del agua subiendo en algunos casos en más del 100%, la empresa pretendía empezar a hacer ganancias subiendo tarifas y sin haber invertido un centavo en el servicio, es decir que con el pago de facturas incrementadas de los usuarios de la red de agua de la ciudad y de los potenciales beneficiarios de la misma se harían las inversiones para ampliar la red de agua potable y alcantarillado, a la cual una buena parte de la población cochabambina no tenía acceso (más del 50% de la población de la zona sur
de la ciudad no contaba con este servicio entonces).

El 11 de enero de 2000 se produjo la "primera batalla", se iniciaron movilizaciones que duraron 3 días, para presionar al gobierno a reformular la estructura tarifaria del servicio de agua, revisar el contrato con Aguas del Tunari y modificar la Ley N° 2029 de 29 de octubre de 1999. Se provocaron enfrentamientos con varios heridos.

La Coordinadora del Agua, que es un verdadero frente social, compuesto por la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Fabriles, juntas vecinales, universitarios, colegios, profesionales, maestros, jubilados, desocupados, regantes, productores de coca del trópico de Cochabamba y pobladores en general de Cochabamba, Quillacollo, Vinto y otras localidades, comenzaron a desarrollar su liderazgo en el conflicto usando los cabildos" como mecanismo de consulta y toma de decisiones del movimiento social.

El 4 de febrero del mismo año, la "segunda batalla", se convocó a una "toma pacífica de la ciudad, el gobierno en respuesta militariza la ciudad con refuerzos policiales trasladados desde La Paz. Esta militarización de la ciudad fue tomada por la población como una política de intimidación y amedrentamiento, caldeando aún más los ánimos populares, enardeciendo al movimiento social.

El 5 de febrero de 2000 continuaron las movilizaciones tensionándose más, con violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas represivas del Estado. Con la mediación de la iglesia católica y el Defensor del Pueblo se suscribió un acuerdo retomando los puntos planteados en enero, se retornó a la estructura tarifaria de octubre de 1999 y se liberó a todos los detenidos.

Ante la no solución de los problemas de fondo, en abril la Coordinadora del Agua radicalizó sus planteamientos, realizó una consulta popular planteando la anulación del contrato con Aguas del Tunari y convocó a la "Batalla Final" que inició el lunes 4 de abril de 2000 con la declaratoria de paro indefinido, el bloqueo de las carretas que vinculan a Cochabamba con otros departamentos y movilización general.

Los primeros días del paro fueron contundentes, calles, avenidas y carreteras completamente bloqueadas. Los sectores movilizados en los hechos tomaron la ciudad, la Plaza 24 de Septiembre se convirtió en el epicentro de los acontecimientos.

El tercer día del paro, en plenas reuniones de negociación entre las autoridades y la Coordinadora del Agua, el gobierno cometió la torpeza de tomar presos a los representantes de la Coordinadora que estaban participando en las reuniones.

La reacción no se dejaría esperar y al día siguiente, la población salió a las calles y el gobierno tuvo
detenidos.

Las movilizaciones diarias continuaron y el viernes 8 de abril del 2000, el gobierno del general Hugo Banzer Suarez recordando sus tiempos de dictadura decretó Estado de Sitio, apresó a dirigentes de la Coordinadora y los confinó en la población de Son Joaquín en el Beni, en una muestra clara que el gobierno no estaba dispuesto a revisar ni menos rescindir el contrato con las transnacionales que operaban a través de Aguas del Tunari. El gobierno del general Banzer actuaba con arrogancia y soberbia frente a la movilización social, trató el problema con cierto desdén y desprecio, y repetía que preservaría "el imperio de la ley", con una política comunicacional de descalificación y desprestigio de la Coordinadora del Agua, acusándola de expresar una posición política de oposición al gobierno y a la modernización del país.

El Estado de Sitio agravó la situación en lugar de controlarla, la gente salió a las calles a enfrentarse con las fuerzas represivas en una actitud de franco desafío a la metida de fuerza que el gobierno había adoptado. El pueblo le había perdido el miedo al poder des fuerza, le había perdido respeto al Estado neoliberal que no le tomaba en cuenta para decisiones sobre cuestiones que afectaban su vida, el pueblo se había rebelado definite mente contra uno de los ejes del neoliberalismo, como es la privatización de las empresas públicas de bienes y servicios, el pueblo había decidido tomar en sus propias manos destino en cuanto a la definición sobre el servicio de agua y alcantarillado.

En los duros y violentos enfrentamientos callejeros que desafiaban y desconocian (no hacían caso) al Estado de Sitio, en los que se incorporaron incluso "los chicos de la calle" (niños y adolescentes que viven en la calle) como guerreros del agua, significa que no había un sector social indiferente a los acontecimientos. El conflicto se había agudizado y tensionado al grado tal que oficiales del ejército vestidos de civil actuaban como francotiradores con armas de guerra, produciéndose la muerte del joven de 17 años, Victor Hugo Daza.

Al mismo tiempo del conflicto en Cochabamba (abril 2000), en el altiplano paceño había empezado un movimiento indígena liderizado por Felipe Quispe el "Mallku, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y otro al interior de la Policía por reivindicaciones salariales. El gobierno cedió rápidamente a los pedidos policiales y reprimió los bloqueos indígenas con un saldo de muertos y heridos.

El gobierno, en el típico lenguaje del ex-dictador Banzer, acusaba a las movilizaciones sociales de estar dirigida por elementos subversivos y como acciones del narcotráfico a que supuestamente estaba combatiendo el gobierno.

En esta verdadera insurrección popular tras un tema concreto, la gestión del servicio del agua, el pueblo había decidido jugarse el todo por el todo, el gobierno del general Banzer  fue obligado a una a negociación que concluíría en la rescisión del contrato con Aguas del Tunari, es decir la salida del país de la transnacional Bechtel-Abengoa, el levantamiento del Estado de Sitio que nadie respetó, la liberación de los presos, el retorno de los confinados en el Bení, indemnización a la família del joven asesinado y a los heridos, y la modificación de la Ley N° 2029 de 29 de octubre de 1999.

Fueron 7 días dramáticos y heroicos que terminaron en una victoria popular, contra el modelo neoliberal, ese sistema de privatizaciones y entrega de los recursos naturales al capital transnacional.

Años más tarde, otra gigantesca multinacional Suez-Eaux des Lyonnese que operaba como "Aguas del Illimani" en la ciudad de La Paz y El Alto, también sería expulsada del país. Alguien dijo, "los bolivianos después de la guerra del agua, ya no somos los mismos".

 

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