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El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La reforma de pensiones

 Dada la importancia de la reforma de pensiones hecha el año 1996 y su impacto en el comportamiento de las cuentas consolidadas del SPNF, a continuación realizamos un análisis preciso al respecto.

La Reforma de Pensiones se elaboró durante el periodo neoliberal que tiene en su esencia achicar y desmantelar el Estado y dejar en las manos del mercado y del sector privado todo el funcionamiento del sistema de pensiones.

Esta reforma fue impulsada por los organismos internacionales, que fueron los mismos que propiciaron las reformas estructurales, procurando disminuir el gasto social del Estado, entre ellas la Seguridad Social por considerarla defectuosa, ineficiente, costosa y que presionaba a la inflación.

Un aspecto a mencionar es que cuando se realizó la Reforma de Pensiones, el Estado estaba muy endeudado con el exterior y necesitaba cumplir con sus compromisos de pago por lo que necesitó disminuir los gastos dentro de los cuales se encuentra el pago de pensiones.

Haciendo una rememoración del programa de Seguridad Social, ésta se aplicó a partir de la promulgación del Código de Seguridad Social en 1956, bajo los principios enunciados en la Constitución Política del Estado.

Este programa funcionó hasta mediados de los años ochenta, período en el que se dio a conocer una declaración respecto de la universalización de la Seguridad Social, que coincidió con el desencadenamiento de la crisis económica y del proceso hiperinflacionario en nuestro país que, en materia de pensiones, incrementó el costo de las prestaciones mucho más allá de las devaluadas aportaciones erosionadas por la hiperinflación.

El D.S. N° 21060 que buscaba restituir la tasa de ganancia de los empresarios privados, dejó sin empleo a cerca de 30.000 mineros, debiendo la seguridad social asumir la carga Social de nuevos rentistas y ver disminuidos los ingresos por cotizaciones. Por esta y otras razones el gobierno neoliberal de 1996 justificó la modificación del sistema de pensiones argumentando que estaba mal estructurado, débil financieramente y deficientemente administrado.

Este régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales a largo plazo se hallaba dividido en un régimen básico y unos regímenes complementarios o facultativos (36 instituciones). El sistema de Seguridad Social fue netamente contributivo basado en sistemas financieros de reparto simple para el Seguro de Salud, Asignaciones Familiares y Vivienda, reparto de capitales con prima variable para el seguro de Riesgos Profesionales, y Capitalización Individual para los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte.

El sistema se estructuró en Seguros de Salud y Regímenes de Pensiones, el primero, ad- ministrado por la Caja Nacional de Salud (CNS) -que agrupa el 87% de la población asegurada-, Caja Petrolera, Ferroviaria, de las Corporaciones, de Caminos, Bancarias Estatal y Privada, ocho Cajas integrales pertenecientes a las Universidades y a la Corporación del Seguro Social Militar; el segundo se hallaba conformado por dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y la Unidad de Recaudaciones, denominada en ese entonces “Dirección Nacional de Pensiones", que heredó el activo y el pasivo del Ex-Fondo de Pensiones Básicas y 36 Fondos Complementarios y facultativos, existentes antes de la promulgación de la nueva Ley de Pensiones.

La Ley de Pensiones se puso en vigencia a partir de la promulgación de la Ley N° 1732 de 29 de noviembre de 1996 y se inició el 1 de mayo de 1997. Esta Ley tuvo como fundamento legal la Resolución No SP 001/97 de la Superintendencia de Pensiones.

Esta Ley de Pensiones tuvo como fundamento principal la capitalización individual, que significó la impregnación hasta en los poros de la naturaleza neoliberal e individualista, que además liberó al empresario privado de aportar para la pensión del trabajador a través de la eliminación del aporte laboral. Esta ley fue muy particular porque, además de poseer un carácter individual, relaciona de una manera técnica la Reforma de Pensiones al proceso de privatización de la economía que entonces estaba en marcha.

Cuando se inicia las actividades de las Administradoras de Fondos de Pensiones toda la población ocupada bajo un régimen de dependencia laboral, fue considerada afiliada al nuevo sistema.

La Reforma neoliberal del Sistema de Seguridad Social, a su vez, se compone de dos elementos:

i) El Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo que, a su vez, considera Vas prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales. Su financiación es a través del sistema contributivo, con aportes exclusivamente laborales, esto es, de los trabajadores.

ii) Según la Ley de Pensiones de 29 de noviembre de 1996, los recursos provenientes de las acciones de propiedad del Estado en las empresas capitalizadas, transferidas a los ciudadanos bolivianos, fueron destinados a financiar el pago de una anualidad vitalicia, llamada Bonosol (o Bono Solidario) y, además, el pago de gastos funerarios. Cabe aclarar que este beneficio no era universal ya que solo alcanzaba a quienes habían cumplido la mayoría de edad (21 años) hasta el 31 de diciembre de 1995 (de acuerdo a la Ley del BONOSOL de 28 de noviembre de 2002). Los niños y jóvenes que no estaban comprendidos en esa edad y los futuros bolivianos y bolivianas no iban a gozar de este pago.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal - Financiamiento del Déficit Fiscal

 Como se señaló líneas arriba, durante todo el período neoliberal las cuentas fiscales registraron persistentes y crecientes déficits fiscales, es decir los gastos públicos superaban permanentemente los ingresos fiscales.

La forma del financiamiento de estos déficits se diferenció del período de la hiperinflación registrado en los primeros años de los ochenta del siglo pasado, ocasión en la que mayormente se financiaba con emisión monetaria del Banco Central de Bolivia.

En el período neoliberal las formas de financiamiento del déficit fiscal fueron básicamente el endeudamiento externo y, a partir de mediados de 1993, mediante la deuda interna. El financiamiento externo, estuvo compuesto por créditos externos provenientes de organismos multilaterales y de gobiernos y ya no se recibieron préstamos de la banca privada internacional.

Los sucesivos financiamientos del déficit fiscal con recursos externos concesionales provenientes de organismos internacionales también fueron complementados con el pro- grama de alivio de deuda externa, producto de las negociaciones en los diferentes encuentros en el Club de París y bajo la iniciativa Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) en la modalidad reprogramación de capital e intereses.

También se tomaron medidas entre el SPNF y el BCB, por ejemplo, el 29 de diciembre de 1992 se promulgó el D.S. N°23380 donde se regulariza la deuda en mora que tenía  el SPNF con el BCB originada en la época de la hiperinflación y se autorizó al TGN emitir  títulos valor de deuda pública interna para solventar necesidades de financiamiento del sector público. Para depurar las obligaciones de antigua data que mantenía el BCB con el SPNF  se firmó un Convenio de Determinación y Consolidación de Deudas entre el TGN y el BCB, para lo cual se autoriza al TGN la emisión de títulos de largo plazo por $us540 millones y letras de tesorería por $us250 millones para el pago de obligaciones en favor del BCB, con esto se eliminó la cartera en mora del Sector Público y se sanearon los estados financieros del BCB.

Posteriormente, con objeto de evitar la emisión monetaria para financiar los periodos de iliquidez del TGN, en diciembre de 1993, el BCB continuó desarrollando acciones para separar las cuentas fiscales de las operaciones monetarias, e inició subastas de letras de tesorería que aseguraban un financiamiento independiente para el sector público. La emisión de estas letras permitió también al BCB realizar operaciones de mercado abierto, mediante las cuales controló la liquidez de la economía.

El año 1994, el déficit fue financiado principalmente con recursos externos de organismos internacionales. A su vez, la política crediticia restrictiva aplicada por el BCB con el sector público, determinó que el TGN recurriera por primera vez a la emisión del Letras del Tesoro, bonos, cupones y certificados fiscales (CENOCREN, NOCREMINFIN Y CEDEIM), lo que permitió financiar parte de su déficit con recursos del sector privado, acumular mayores depósitos en el BCB y un superávit cuasifiscal.

Es importante mencionar, que en los últimos años del neoliberalismo, la deuda interna provino en su mayor parte del endeudamiento con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que se producen desde el inicio de la reforma del sistema previsional y el incremento de títulos emitidos por el TGN al sistema financiero, el resto se mediante la emisión de títulos a los fondos de inversión, entidades financieras y otros.

El año 2004, en el financiamiento interno se destacaron las emisiones de títulos para las AFPS. Por su parte, el Crédito Interno Neto del BCB al SPNF se contrajo, debido principalmente al incremento de depósitos del SPNF en el BCB a fines de 2004 y, en menor medida, a la disminución de los saldos de emergencia y letras de largo plazo concedidos  por el BCB al TGN.

En el último año del periodo neoliberal, 2005, el déficit fiscal fue financiado enteramente con recursos de origen externo. Ese año se observó una contracción del crédito neto del Banco Central de Bolivia, y el sistema financiero incrementó su crédito al SPNF, en menor medida que en el año anterior, mediante la adquisición de títulos públicos que realizan los bancos, mutuales, agentes de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal - Los gastos fiscales

 En el período neoliberal (1985 hasta el 2005) predominó la mayor presencia de los gastos corrientes, trasladando sistemáticamente recursos destinados al gasto de capital hacia éste gasto. También los intereses de la deuda externa y de la deuda interna, que se venían incrementando especialmente desde 2001, influyeron en los mayores egresos. Es importante mencionar que el pago de pensiones, producto de la reforma del Sistema de Pensiones neoliberal de 1997, tuvo un importante papel en la explicación del déficit fiscal.

Otro de los elementos centrales fue el efecto de la privatización de las empresas estatales, especialmente de YPFB, ya que a partir de esa fecha se debió importar crudo y diésel oil para abastecer el mercado interno que, ante el incremento de precios del petróleo en el mercado internacional, se constituyó en una gran carga para las arcas fiscales. Todos estos elementos presionaron para que se incremente el gasto fiscal. Como resultado, en el siguiente cuadro se tiene el comportamiento de los gastos:

Al iniciar el año 1985 los egresos totales se incrementaron, debido a los mayores gastos en servicios personales, servicios no personales, suministros y materiales, deuda pública y los gastos de transferencias y aportaciones.

Las remuneraciones tuvieron siempre un comportamiento en ascenso, acorde a los aumentos salariales diferenciados tanto para los sectores de educación y salud, como para el resto del sector público y, también se dieron aumentos al salario mínimo nacional. En algunos años, ocasionalmente, se realizaron pagos a la planta de empleados no permanentes que están contemplados en el D.S. N° 21316 de 3 de julio de 1986 y, en otros casos, incrementos en el número de ocupados que se reflejan en la planilla salarial del sector público.

La partida de compra de bienes y servicios tuvo un comportamiento errático con disminuciones y aumentos del gasto, que estuvieron de acuerdo con las acciones de achicamiento del Estado en la economía. Por ejemplo, se tuvo incrementos en las adquisiciones de bienes y servicios, especialmente compras de gasolina que realizó YPFB residual en su función de distribuidor mayorista.

Una vez que se privatizaron las empresas estatales, particularmente, YPFB en el año 1998, el mayor gasto del SPNF fueron las compras de crudo y diésel por parte de YPFB para su venta en el mercado interno, este hecho se constituye en la primera compra de la empresa.

Los gastos de capital o inversión pública subieron en los primeros años después del ajuste y se destinó una buena parte a las empresas públicas. A partir de 1995, los gastos de capital disminuyeron como resultado de la privatización de las empresas dependientes de corporaciones y prefecturas, y de la capitalización de empresas públicas. Este detalle es importante debido a que la inversión pública, una vez iniciada la privatización de las empresas públicas, disminuyó porque las entidades dinámicas en inversión pública ya no figuraban en el presupuesto público. Se observa también, que este proceso era sistemáticamente decreciente, lo que tiene connotaciones importantes, ya que por un lado favorece a la disminución del gasto y, por tanto disminuye la presión sobre el déficit fiscal, pero por otro lado, implica un sacrificio para el futuro al no conformarse en esos años una Formación Bruta de Capital Fijo del país que permitiera un potencial productivo mayor para los bolivianos. La apuesta fue una vez más, que esa tarea la iba a realizar el sector empresarial privado. Con esto se cumplía otros de los objetivos de la implantación del modelo neoliberal, el achicamiento del Estado y su menor participación en la economía.

Es importante mencionar que los egresos de capital correspondieron fundamentalmen te a los aportes del TGN a las instituciones descentralizadas, especialmente al Servicio Nacional de Caminos (SNC) como contraparte local por créditos recibidos de los organismos internacionales.

El año 2003, la inversión total se contrajo en más del 11%, y la inversión privada cayó en más del 18% y la pública apenas logró ejecutar el 78% del monto presupuestado, mostrando con claridad el desvío de recursos públicos para financiar los gastos corrientes. Además, las inversiones ligadas a la capitalización estaban terminando y habían concluido los proyectos de construcción de gasoductos.

Cabe señalar que en algunos años se cuenta con ingresos de capital que no tienen una contrapartida de un incremento en la inversión pública, lo que muestra que estos recursos fueron destinados también al gasto corriente.

Por su parte, los nuevos créditos externos estuvieron determinados por la necesidad de contar con divisas frescas para atender las necesidades del pago de la misma y para financiar los déficits fiscales recurrentes. Se requería estar al día con los pagos a los acreedores externos para lograr, con la ayuda del FMI y el Banco Mundial, nuevos créditos y desembolsos de deuda externa que servirían, a su vez, para cumplir con un nuevo ciclo contratación de nueva deuda externa, su acumulación, los desembolsos percibidos y e e pagos y nuevos desembolsos. Este particular hecho se observa cuando se compara la servicio de deuda externa pública en ese período y la casi nula acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia.

En 1996, disminuyó el gasto por intereses de la deuda externa debido a la renegociación de deuda bilateral en el denominado Club de París (París V y VI).

Las emisiones de títulos valor de deuda interna estaban relacionados con la necesidad financiar el déficit fiscal y coadyuvar a la política monetaria del Banco Central de Bolivia. de financiar las deficiencias de liquidez del Tesoro General de la Nación en esos años, A partir de la gestión 1999 se registraron elevados pagos por concepto de intereses de la deuda interna que se emitió para financiar los déficits públicos. Este tema de la deuda interna se presentará ampliamente más adelante.

En lo referido al pago de pensiones, antes de 1996, el rubro de Previsión Social mostró un cambio importante tras la aprobación de la Ley N° 924 de 15 de abril de 1987, donde se uniformó las cotizaciones para el financiamiento de las prestaciones de los sistemas básicos y complementarios de la seguridad social, quedando fijados los mismos en 5% para el aporte laboral y 5% para el patronal, sobre el total ganado de sus asegurados. Asimismo, se estableció el aporte estatal del 1% del total ganado de los asegurados del país.

En el año 1997, se incrementan los pagos de pensiones por la ampliación de beneficiarios del Sistema de Reparto, la disminución en la edad de jubilación y la ampliación del plazo para el inicio de los trámites. Asimismo, se impulsaron a muchas personas a jubilarse tempranamente, dejando de contribuir con sus aportes y percibiendo a la vez una renta. Por el año 2002, el pago a pensiones volvió a crecer más aún por la indexación del pago de la pensión al tipo de cambio, de ahí que, para frenar el constante incremento de las pensiones del Sistema de Reparto tanto por las nuevas jubilaciones como por el incremento persistente del dólar estadounidense, los gobiernos neoliberales tuvieron que fijar una renta máxima de Bs8.000. En resumen, los pagos de pensiones a los jubilados fue otro elemento fundamental que explica gran parte del déficit fiscal del SPNF.

De igual manera, el gasto en subsidios a los hidrocarburos fue de gran importancia durante el periodo neoliberal, ya que representó una fuerte erogación de recursos por parte del TGN.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal - Los ingresos fiscales

 Si bien hubo una política expresa de incrementar los ingresos fiscales genuinos, en la práctica, a medida que transcurría el tiempo, esto no se plasmó en la realidad.

La reducción de los ingresos fiscales durante el período neoliberal fue originada, sin duda, por la privatización de las empresas públicas, lo que ocasionó que los excedentes económicos generados salieran del país. También, en esta disminución tuvo mucho que ver el contexto internacional de crisis a partir de 1997 que ocasionó un descenso en la producción.

A partir de 1985 existía la intención expresa de incrementar los ingresos fiscales, por- que eso permitiría cumplir con uno de los requisitos para abatir la hiperinflación. Para la consecución de este objetivo se debería obtener ingresos genuinos que no generen presiones al nivel de precios de la economía ni atenten contra las utilidades de las empresas privadas.

Entre los años 1985 y 1986, los ingresos más importantes fueron los recursos generados por YPFB que fueron determinados por el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos. En 1987, específicamente en abril, entra en vigencia la Ley N° 843, de Reforma Tributaria, y la recaudación efectiva se da a partir del mes de junio, esta ley modificó la anterior legislación que gravaba al ingreso y a las utilidades cambiándola por un sistema que se dirige hacia el gravamen del consumo y el patrimonio y por esa razón tributarias de renta interna como resultado de la creación de los siguientes impuestos: es considerada regresiva. Este hecho permitió que se incrementaran las recaudaciones Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), entre los más importantes.

Se mantuvieron vigentes los impuestos bajo la Ley General de Hidrocarburos, Código de Minería y los impuestos y regalías por la explotación y comercialización de la goma, castaña y madera, para los departamentos productores.

Respecto del conjunto de las empresas públicas, YPFB fue la más importante debido a que incrementó sus ventas tanto en el mercado interno como en el externo. Este aspecto repercutió en las operaciones del TGN porque transfirió un gran porcentaje del total de los ingresos, tanto por operaciones internas como externas.

En el año 1990, se establecieron nuevos mecanismos para incrementar los ingresos fis- cales y se modificaron las alícuotas de algunos impuestos. El resultado fue un aumento de la presión tributaria. A partir de esta gestión los ingresos subieron por las siguientes modificaciones:

i) La alícuota del IVA subió de 10% al 13%

ii) La ratificación del impuesto del 20% al consumo de energía eléctrica superior a 120 KW/mes (excluyendo al consumo industrial)

iii) La alícuota del Impuesto a las Transacciones subió de 1% al 2%.

El propósito de estas modificaciones fue compensar la reducción en los ingresos por concepto de la venta de gas a la Argentina.

A mediados de los años noventa los ingresos subieron por factores de eficiencia en renta interna, debido a la fiscalización operativa realizada por la Dirección General de Impuestos Internos a través de la nueva facturación, de la reinscripción al Régimen Único de Contribuyentes y de la verificación, control y cruce de facturas. También se iniciaron las reformas económicas más significativas que tuvieron impacto fiscal, como ser:

i) La capitalización de empresas públicas (Ley N° 1544 de 21 de marzo de 1994), mediante la cual se capitalizaron las siguientes empresas: YPFB, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Empresa Metalúrgica Vinto.

ii) La Participación Popular (Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994)

iii) La Ley N° 1606 de 22 de diciembre de 1994, que modificó la Ley N° 843 

iv) La Descentralización Administrativa (Ley N° 1654 de 28 de julio de 1995)

Es importante añadir que los incrementos en el ingreso también estaban en función de los reajustes de precios de los hidrocarburos que se vendían en el mercado interno.

A partir del año 1996, el Gobierno continuó con las reformas con impacto en el sector fiscal, tales como:

i) El 21 de noviembre de 1996, el Gobierno dio en concesión al Consorcio Americano Airport Group International la administración del servicio aeroportuario de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

ii) El 5 de diciembre de 1996, tres unidades de YPFB en el área de producción y transportes se capitalizaron siendo los socios: Amoco Bolivia Petroleum; Consorcio Argentino YPF - Peréz Companc - Plus Petrol y Enron Transportadora Shell.

iii) El 12 de diciembre de 1996, concluyeron las actividades de la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA) y se creó la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) como entidad pública descentralizada que estará bajo la tuición del Ministerio de Hacienda.

iv) En junio de 1998, la Unidad de Servicios de Perforación de YPFB fue vendida.

v) El 23 de septiembre de 1999, SOBOCE compró el 33,3% de las acciones de la Fábrica de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA) por un valor de $us26 millones.

vi) El 15 de noviembre de 1999, se adjudicaron las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz a las empresas Petrobras de Brasil y Pérez Companc de Argentina por un monto equivalente a $us 102 millones.

vii) También, en 1999 se da como concesión y licencia de operaciones para la red de telecomunicaciones al consorcio Western Wireless International por el equivalente a $us 15,4 millones.

viii) En marzo de 2000, se vendió la Empresa Metalúrgica de Vinto.

ix) En julio de 2000, se privatizaron los activos de poliductos y plantas de almacenaje de YPFB.

x) En noviembre de 2000, se firmó un contrato de transferencia del negocio de suministro de combustible de aviación en aeropuertos.

xi) En la gestión 2001 se tuvo la implantación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) en todas las entidades de la administración central. También, se realizó el Plan de Readecuación Financiera (PRF), orientado a lograr el saneamiento y sostenibilidad fiscal de entidades públicas con problemas de endeudamiento.

xii) En agosto de 2003, se presentó el Nuevo Código Tributario

De esta manera, encontramos varias razones de por qué disminuyeron los ingresos públicos, ya que una vez que fueron vendidas las unidades productivas del Estado, la producción de las mismas disminuyó. Es importante subrayar que los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos se redujeron por efecto de la capitalización de YPFB a partir de 1997.

Mediante la Ley N° 2047 de 28 de enero de 2000 se incrementaron las tasas ad valorem y específicas de los productos sujetos a tributación. Ese mismo año, el 3 de abril la Ley N° 2064 de Reactivación Económica determinó: i) la exención del cobro de impuestos para depósitos de mediano y largo plazo; ii) el tratamiento del turismo como exportación; ii) la reducción del impuesto a los inmuebles a los hoteles; iv) la modificación de la base imponible de bienes importados para el cálculo del ICE; y v) la eliminación del impuesto a las mejoras en la propiedad inmueble agraria. Todas estas medidas estaban claramente dirigidas a aumentar las ganancias del sector empresarial, pretextando aumentar su productividad y hacerlas más competitivas.

El 23 de noviembre de 2000 la Ley N° 2152, complementaria y modificatoria a la Ley N° 2064, dispuso: i) la restitución de las alícuotas para cigarrillos y vehículos (50% y 18% respectivamente); y ii) la fijación de tasas específicas (por litro) para bebidas envasadas (Bs0,18); chicha de maíz (Bs0,37); alcoholes (Bs0,71); whisky (Bs6,00) y para el resto de bebidas y aguardientes (Bs1,44), que dejaban entrever las necesidades de mayores ingresos fiscales.

Para suavizar el impacto de las elevaciones de precios internacionales del petróleo en el mercado interno mediante D.S. N° 25836 de 7 de julio de 2000 el gobierno estableció como precios máximos de referencia un precio fijo de $us35,6 por barril (para la gasolina especial) y de $us32,2 por barril (para el diésel oil). Por tanto, a partir del año 2000 se empieza a subvencionar los hidrocarburos.

A mediados de la gestión 2001, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos residual cesó sus actividades como distribuidor mayorista de hidrocarburos. Esta actividad le generaba ingresos adicionales por la venta en el mercado interno y gastos por la compra de los mismos. Por lo tanto no afectaron el déficit de esa gestión, pero si el nivel de ingresos y gastos.

A partir de agosto de 2001, el gobierno decidió mantener la estabilización de los precios internos de algunos hidrocarburos a través de ajustes al IEHD, reemplazando los esquemas de compensación de deudas con las empresas petroleras. De esta manera, incrementos en el precio internacional de referencia no alteraban los precios finales para el consumidor interno, sino que reducían el IEHD y cuando disminuía el precio inter. nacional de referencia, aumentaba el IEHD. Los mecanismos de ajuste para estabilizar los precios internos de los productos derivados del petróleo determinaron, en general, menores precios para la mayoría de ellos. Por su parte, la gasolina especial y el diésel mantuvieron sus precios fijos.

En la gestión 2001, como resultado de la baja tasa de crecimiento económico y del efecto de los incentivos tributarios concedidos en la Ley de Reactivación Económica, los ingresos tributarios registraron una disminución.

Durante la gestión 2002, los ingresos por impuestos sobre hidrocarburos empezaron a disminuir debido al sistema de estabilización de precios para el consumidor final de algunos productos regulados, como la gasolina especial y el diésel oil. Es así que, una subida del precio internacional del petróleo determinaba la disminución de la alícuota del IEHD y, en el caso del GLP implicaba la modificación del margen de refinería que se financió a través de la emisión de notas fiscales. Debido a estas medidas, no se alteraron los precios al público de la gasolina especial, el diésel oil y el GLP.

El año 2003, el PIB creció en 2,7%, tasa ligeramente superior al de la población que fue de 2,3%. Las exportaciones fueron el motor del crecimiento y no así la demanda interna que fue poco dinámica por la debilidad del consumo privado y por la disminución de las inversiones, particularmente la Inversión Extranjera Directa (IED). Además, los conflictos sociales y políticos afectaron el normal funcionamiento del sistema financiero y redujeron la actividad económica.

En el área tributario, el 2 de agosto de 2003 se promulgó la Ley N° 2492 del Código Tributario Boliviano, esta disposición es un elemento clave en la agenda de la reforma de la administración tributaria, mediante la cual se fortalecieron las capacidades de sanción del SIN y de la Aduana Nacional. De igual manera, el D.S. N° 27149 de 2 de septiembre de 2003 estableció un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el  pago de adeudos tributarios en mora al 31 de diciembre de 2002.

Por su parte, la renta aduanera disminuyó durante 2003 resultado de las menores importaciones y de la desgravación arancelaria acordada con el MERCOSUR.

Desde el año 2004 y ante el mejoramiento del contexto económico internacional, los ingresos corrientes aumentaron debido a las recaudaciones tributarias que fueron extraordinarias y temporales, la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y de los ingresos provenientes de la mayor producción de hidrocarburos. 

A partir de año 2005 se incrementaron los ingresos tributarios como resultado de la aplicación del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH), aumentos de las regalías sobre  hidrocarburos, mayores recaudaciones por el IVA y el Impuesto a las Utilidades de las del precio internacional del petróleo desde el año 2003, aspecto que originó mayores utilidades para las empresas petroleras y permitió la generación del Surtax que es una alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no renovables.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal

 Antes de 1985 existía un gran déficit fiscal que de acuerdo a estudios realizados, era uno de los determinantes del proceso inflacionario que se transformó luego en hiperinflación.

Entonces la acción de la política pública a partir del D.S. N° 21060 a través de las medidas de congelamiento de los salarios, reducción de la inversión pública, cada vez menor  participación del Estado en la economía, achicamiento del Estado en general, pretendía eliminar la presión del déficit fiscal y su transmisión al nivel de precios de la economía.

Así, las acciones fundamentales y/o prioritarias de política fiscal se dirigieron a reducir el déficit fiscal; sin embargo, nunca pudieron eliminarlo. Al mismo tiempo, se tenía en mente implementar y aplicar el modelo neoliberal que tuvo como objetivo primordial el impulso a la economía de mercado bajo la dirección e iniciativa de la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Como consecuencia de todo este conjunto de acciones, tenemos los resultados globales, corrientes y primarios en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia en base a Información de la Dirección General de Entidades Territo-

riales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Nota: Los valores de las gestiones 1985 a 1989 fueron obtenidas de las Memorias del

Banco Central de Bolivia

n.d. No disponible

Como se observa, se tuvo 21 años consecutivos de déficits fiscales globales en la economía boliviana, desde 1985 hasta el 2005, que sumados a los muchos otros tantos verificados en gestiones pasadas, marcaban una característica estructural del comportamiento de las cuentas fiscales en nuestro país.

A continuación analizaremos el comportamiento de: i) los ingresos clasificados por sus componentes y las acciones de política fiscal que se realizaron para su desenvolvimiento; ii) los gastos y las acciones de política fiscal para su reducción; y iii) el resultado que se obtuvo, ya sea de superávit o déficit fiscal, su utilización y su forma de financiamiento.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública

 La política fiscal durante el período neoliberal estuvo orientada a disminuir los consecutivos déficits fiscales, resultado de menores ingresos debido a la privatización de las empresas públicas y los mayores gastos corrientes. Durante esta fase, se realizó la Reforma de Pensiones, que tuvo como principal objetivo la reducción del gasto social mediante el establecimiento de una capitalización individual y la eliminación del aporte patronal.

La crisis de la deuda pública en Bolivia se originó por el endeudamiento externo que con de la deuda externa pública aplicadas durante todo el período neoliberal, que provocaron trajo la dictadura banzerista en los años 70 y por las deficientes estrategias de reducción de la deuda externa pública aplicadas durante todo el período neoliberal, que provocaron una insostenibilidad del peso de la deuda en relación al PIB.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal

 En el área fiscal, este período se caracterizó por déficits fiscales consecutivos, resultado principalmente de la privatización de las empresas públicas estratégicas, y por un endeudamiento público insostenible que originó una crisis en el país, debido a las deficientes reformas aplicadas a partir de 1985.

En cuanto a la política monetaria, el control de la inflación se convirtió en un fin en si mismo, aún a costa de un estancamiento absoluto y un mayor empobrecimiento.

La política cambiaria de ese entonces profundizó la dolarización, debido a las constantes devaluaciones del boliviano frente al dólar estadounidense.

En materia financiera, con el D.S. N° 21060 se otorgó las más amplias facultades a la banca privada y al sistema financiero, para operar libremente en el mercado financiero.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La Capitalización

 La Ley de Capitalización No 1544 de 21 de marzo de 1994, dispuso la conversión de las empresas públicas en sociedades de economía mixta, cuyo aporte de activos estaba constituido por el valor en libros del patrimonio de dichas empresas.

Las empresas que se capitalizaron fueron: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

Un año después, mediante D.S. N° 24146 de 19 de octubre de 1995, se incluye en el proceso de capitalización de empresas públicas a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y en 1999 mediante Ley No 1982 de 17 de junio de 1999, se excluye de la capitalización a la Empresa Metalúrgica Vinto para encausarla en el esquema de privatización directa.

La capitalización fue la gran estafa al país y a los intereses nacionales, porque se enajenaron las empresas públicas estratégicas, nos despojaron el patrimonio nacional al capital extranjero. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada mentía al país cuando la capitalización no era señalaba que no se iba a enajenar el patrimonio nacional porque privatización, pero los hechos posteriores demostraron que la capitalización era una privatización a plazos, que en realidad se trataba de la descapitalización del país.

El presidente Sánchez de Lozada que entregó nuestras empresas públicas estratégicas al capital transnacional, le ofreció al país, con la llamada capitalización, un crecimiento de la economía a un ritmo de por lo menos 8% anual y la creación de más de 500.000 empleo para que los bolivianos tengan un empleo digno, la realidad muestra que nada de eso se cumplió.

La capitalización fue un proceso plagado de irregularidades y falta absoluta de transparencia, marginando incluso al sector privado nacional. Los contratos de capitalización escritos en inglés, sujetos a las leyes del país de origen, en algunos casos firmados fuera del país, no fueron ratificados por el Congreso Nacional y menos conocidos por los bolivianos. Fue un proceso dirigido al capital transnacional por las condiciones puestas en los términos de las licitaciones y cerradas con siete candados a la inversión privada nacional. Estas también fueron parte de las condiciones impuestas por los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. De este modo se garantizaba la salida de los excedentes generados en estas empresas al exterior.

El gobierno, que no tenía soberanía sobre las decisiones de políticas públicas, estaba so- metido a las presiones del FMI para la privatización de las empresas públicas, hechos que se podían observar en los Memorandums de Entendimiento y Cartas de Intenciones que suscribían con autoridades nacionales para recibir algún crédito de ajuste estructural del organismo financiero internacional.

El proceso de capitalización fue muy costoso para el país, se pagaron - con recursos de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo- gastos por consultorías de evaluación para la puesta en oferta de las empresas nacionales en los mercados de Estados Unidos y Europa principalmente. Las empresas públicas, como se decía en esa época, fueron valoradas a precios de "gallina muerta". Se estima en más de $us200 millones los gastos del proceso de capitalización, que se sumaban al endeudamiento externo que se ponía sobre las espaldas de los bolivianos, créditos que, además, eran utilizados para presionar o imponer las medidas del PAE del FMI.

Andrés Soliz Rada, en su artículo titulado "Las langostas de la capitalización" denuncia que: "Juan Cariaga ex-Ministro de Paz Estenssoro se embolsilló 350.000 dólares por buscar socios para el LAB en Asia, Estados Unidos y Europa y diseñar un impuesto adicional a las petroleras (el surtax). No halló ningún socio. La empresa fue entregada a delincuentes brasileños y el impuesto resultó incobrable. Claude Bessé, además de cobrar su suculento sueldo de Superintendente, firmó contratos de consultoría por 263.000 dólares. El ex-Superintendente de estrangularon a YPFB. De manera paralela, escribía notas periodísticas en las que aparentaba Hidrocarburos, Mario Miranda Pacheco, se benefició con 70.000 dólares por aportar ideas que defender el interés nacional. Cayetano Llobet cobró 14.000 dólares por un informe cuyo texto no aparece, en tanto simulaba ser un analista independiente y objetivo". 

En esta gran estafa a los intereses nacionales, se tiene por ejemplo las irregularidades en la capitalización de YPFB, cuando en la clasificación de los campos petroleros –entre los que tenían reservas probadas y los que tenían reservas probables- se modificó la existen- te, registrando campos que tenían reservas probadas y debían pagar el 50%, como campos con reservas probables que pagaban sólo el 18%. Un ejemplo preciso es el caso del mega campo San Alberto que fue clasificado como campo nuevo, el campo hidrocarburífero más grande del país, todo esto para beneficiar a las transnacionales capitalizadoras.

Es incomprensible cómo se pudo entregar tan impunemente nuestras reservas de gas para que paguen un 18% de renta, en campos que ya eran trabajados o conocidos por YPFB. Se estimó en $us3.000 millones las pérdidas por este concepto en el tiempo de duración de los contratos con los niveles proyectados de producción y precios de esa época. Las empresas capitalizadoras, no solamente se llevaron las empresas y su ubicación en sectores estratégicos de la economía boliviana, también se apoderaron, como en el caso de YPFB, de valiosa información, es decir conocimiento. Se llevaron todos los trabajos de prospección y exploración petrolera realizada por YPFB, seleccionaron y se asignaron, a título gratuito, a los mejores técnicos y profesionales de las empresas, es decir un capital humano formado por las empresas públicas al costo del Estado.

En el tema del empleo en las empresas, también hay observaciones, como que, no sola- mente jamás aparecieron los 500.000 empleos ofrecidos por Sánchez de Lozada, sino que los empleos en las empresas capitalizadas fueron reducidos. Por ejemplo, en ENTEL que en 1996 tenía 2.095 puestos de empleo en 1999 se habían reducido a 1.437, en la Empresa Ferroviaria Andina entre los mismos años, de 573 empleos pasaron a 325 y en la Empresa Ferroviaria Oriental de 722 pasaron a 4893³.

En el caso de los ferrocarriles, desmantelaron la red ferroviaria occidental, desactivaron cientos de kilómetros de la ruta La Paz-Oruro, Oruro-Cochabamba, Oruro-Potosí y Potosí-Sucre.

Otro desmantelamiento ocurrió con la línea bandera, el Lloyd Aéreo Boliviano entrega- la VASP desmantelaba aviones del LAB, quitándole motores y otras partes para llevarlos al exterior, dejando finalmente al LAB en un estado de quiebra irremediable. Podríamos preguntarnos en qué consistió la capitalización del LAB, en aumento de su patrimonio o en el saqueo completo de la empresa.

3 Información contenida en el documento "Evolución del Sector de Transportes 1990-2001", realizada por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), 2003. Pág. 134

En lo referente a los rendimientos económicos, el Estado recibía de las empresas capitalizadas menos recursos que antes de la capitalización. Por ejemplo, ENTEL el último año antes de la capitalización entregó al Tesoro General de la Nación $us$2 millones en 1999 entregó $us17 millones. Después de la capitalización sospechosamente todas las empresas mostraban baja rentabilidad.

En el caso de ENTEL es pertinente señalar que ésta empresa antes de la capitalización había realizado inversiones que hicieron innecesario aumentarlas posteriormente, por que los capitalizadores realizaron sus obligaciones de inversión en ENTEL con bonos de tesoro americano por $us300 millones, es decir, la empresa prestaba dinero al gobierno americano con intereses menores a los que el país pagaba por créditos externos.

Asimismo, es curioso observar menores tasas de rendimiento en empresas que después de la capitalización subieron las tarifas por los servicios que prestaban, como es el caso de las tarifas de ENTEL, del LAB y de la Empresa Ferroviaria Oriental.

En la capitalizada ENTEL se denunció el cobro irregular de los socios italianos por $us 100 millones a nombre del contrato de administración, así también el pago de salarios a técnicos y ejecutivos italianos hasta de $us 1.470 día/hombre, un nivel exorbitante para la realidad boliviana. Remuneraciones comunes en las empresas capitalizadas, además de denuncias sobre proveedores únicos y otras irregularidades.

Por otro lado, dentro la falta de transparencia con la que se manejó todo este proceso los “bolivianos” que poseían el 49% de las acciones en las empresas tenían derecho a elegir su representación en el Directorio de las mismas; no obstante, no se sabía cómo se designaban esos representantes en los Directorios, quiénes eran y qué hacían, ya que no informaban a los bolivianos, a los que supuestamente representaban, sobre las actividades y la situación de las empresas capitalizadas.

La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) fue excluida del esquema de capitalización y llevada al proceso de privatización directa; sin embargo, sospechosamente la empresa que se adjudicó la compra de la EMV fue una empresa en la que participaba Sánchez de Lozada.

En febrero de 2003, por presión social el gobierno designó a Juan Carlos Virreira como Delegado Presidencial para la revisión de la capitalización, joven profesional que murió trabajo. En una entrevista con periodistas del periódico "El Juguete Rabioso" en febrero en un extraño accidente de aviación cuando se aprestaba a entregar el informe final de su de 2004, Virreira afirmaba que "las petroleras no pueden seguir gozando de las ventajas que hoy tienen", cuestionaba que las elites políticas en su ortodoxia neoliberal debilitaron al Estado, quitándole sus capacidades de fiscalización que le hubieran permitido enmendar deficiencias que se produjeron en el proceso. Cuestionó también el papel de profesionales que se convirtieron en los convalidadores ideológicos de la capitalización, que escondieron sus falencias y a raíz de ello empresas fraudulentas como la Enron no fueron investigadas. Esta empresa norteamericana quebró estrepitosamente en 2001, investigada contabilidad fraudulenta y tráfico de influencias por financiar candidaturas en los Estados Unidos.

En julio de 1994, Sánchez de Lozada firmó un contrato con Enron en Estados Unidos "gobernado, interpretado y ejecutado por las leyes del Estado de Nueva York" (Osvaldo Calle, 2001: 12), en clara vulneración de la soberanía nacional, "... vamos a hacer el negocio del siglo" afirmaba Sánchez de Lozada. El contrato otorgaba a Enron la exclusividad en la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil; por la que, esta empresa era responsable de desarrollar y lograr el cierre financiero para la ejecución del gasoducto. No obstante, la empresa transnacional no invirtió ni un centavo para la construcción del gasoducto, en contrapartida Enron obtuvo el 40% de la participación del lado boliviano del gasoducto el 8% en el tramo brasileño. Para la petrolera estadounidense no podía haber mejor negocio, tener 40% de un negocio sin invertir nada.

Posteriormente, pese a la indignación de saber que el gobierno de Sánchez de Lozada mantuvo a esta empresa aun cuando no había invertido en el país, con el D.S. N° 24617 de 14 de mayo de 1997, el gobierno subrogó el contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas (suscrito entre Enron y YPFB) al contrato de capitalización, luego de que la transnacional se adjudicara la unidad de transportes de la estatal petrolera. Esta medida trató de invisibilizar el ingreso irregular de Enron en el país.

En efecto, la participación de la transnacional en la capitalización de YPFB fue cuestionada por otras petroleras interesadas en ser parte del proceso, ya que se dio ventajas a la compañía norteamericana, al cual se suma el hecho de que el documento original del primer contrato suscrito entre Enron y YPFB -que lleva la rúbrica de Rebbeca Mark (en representación de Enron), la rúbrica de Sánchez de Lozada, el presidente de la petrolera estatal, Mauricio González y el canciller, Antonio Araníbar-, no existe en Bolivia, según fuentes oficiales de la estatal.

Juan Carlos Virreira cuestionó a quienes hicieron la capitalización por no existir toda la transparencia que se requiere para conocer las inversiones que se realizan y otra información necesaria para una fiscalización soberana.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Plan de Estabilización en Bolivia - El Consenso de Washington

 Las políticas económicas que se constituyeron en el denominado Consenso de Washington, fueron originalmente formuladas por John Williamson a fines de 1989 y se trataba de un listado de 10 medidas, planteadas supuestamente para impulsar el crecimiento en América Latina en un marco de estabilidad y de libre mercado. Aunque en el fondo lo que buscaban las instituciones financieras con sede en Washington, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), era encontrar soluciones al problema de deuda externa que, a pesar de los programas de libre mercado y desmantelamiento de las empresas públicas, no lograban la reactivación productiva y el peso del servicio de la deuda externa continuaba siendo muy fuerte. En realidad el Consenso se elaboró para encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar la crisis de la deuda externa en la región.

Las políticas económicas planteadas por el Consenso fueron las siguientes:

1. Disciplina presupuestaria: Disciplina fiscal, equilibrar el gasto público y los recursos disponibles para financiarlo.

2. Cambios en las prioridades del gasto público: Reducir el déficit, reducir los gastos, tratar de eliminar subsidios y destinar recursos a la educación y la salud.

3. Reforma impositiva: Ampliar la base de sectores que tributen al Estado. 

4. Liberalización financiera: Los tipos de interés deben s3r determinados por el mercado y ser positivos en términos reales.

5. Tipo de cambio competitivo: Que también sean determinados por el mercado. 

6. Liberalización del comercio exterior: Principalmente liberalizar las importaciones levantando todas las restricciones existentes.

7. Política de apertura para la IED: Eliminación de barreras a la inversión extranjera directa.

8. Privatización de empresas públicas: Desmantelar las empresas públicas en favor del capital transnacional.

9. Desregulación de los mercados: Levantar las regulaciones estatales sobre empresas privadas, inversiones, transferencia de utilidades al exterior, control de precios, barreras a las importaciones, impuestos a la utilidad de las empresas.

10. Protección de la propiedad privada: Garantizar los derechos de propiedad, seguridad jurídica para la propiedad privada.

Los cambios de política en la región recibieron el apoyo de las instituciones financieras internacionales y se reforzaron con créditos vinculados a las reformas.

Las políticas establecidas por el Consenso de Washington, si bien permitieron el control de la inflación y la reducción del déficit fiscal, fueron negativos en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, distribución del ingreso y condiciones sociales. En general, el aumento del desempleo y la ampliación de la pobreza, fueron los resultados de la aplicación de las medidas del Consenso de Washington.

Estas políticas no dieron los resultados esperados porque eran estructuralmente recesivas y no respondían a la realidad socioeconómica boliviana.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Plan de Estabilización en Bolivia - La condicionalidad del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa de Ajuste Estructural (PAE)

 La condicionalidad del FMI no constituyó simplemente un listado de requisitos para recibir el apoyo financiero de este organismo multilateral para resolver dificultades en la balanza de pagos, es decir, condiciones de un prestamista a un prestatario. En realidad la condicionalidad del organismo fue la aplicación de un Programa de Ajuste Estructural elaborado por este organismo y el Banco Mundial, como receta única y de pretendida validez general a todos los países sin considerar las particularidades de cada caso.

Este PAE era un verdadero programa político de reformas para enfrentar la crisis de la deuda que afectaba a nuestros países y otros problemas como la alta inflación, déficit fiscal, caída de las reservas internacionales, estancamiento productivo y otros. Este programa tenía como objetivo principal la rehabilitación de nuestras economías para continuar con el pago de la deuda externa, que como en el caso de Bolivia había sido declara do en mora, y para que posteriormente pudiera volver a recibir flujos de financiamiento externo.

EL PAE tuvo diferentes etapas, en la primera el énfasis estaba puesto en la estabilización y posteriormente en la implementación de las reformas estructurales, supuestamente para impulsar la reactivación productiva del país.

Entre las condiciones impuestas, se pueden citar las siguientes:

Congelamiento temporal de salarios y reducción de personal en las instituciones y empresas públicas.

• Recorte de gastos sociales y la inversión pública.
• Liberalización del comercio exterior, libre importación y exportación, levanta- miento de restricciones.
• Liberación de precios internos y eliminación de subvenciones estatales.
• Privatización de las empresas del sector público.
• Condiciones favorables a la inversión extranjera.
• Devaluaciones de la moneda nacional para alcanzar tipos de cambio "realistas".

La aplicación del Programa de Ajuste Estructural significó hipotecar la soberanía nacional en las decisiones de política económica.

El FMI exigía que, una parte de los recursos que otorgaba y parte de las reservas internacionales que se disponía, debieran servir para pagar obligaciones vencidas de deuda externa y de ese modo poder recibir nuevos créditos.

El componente principal de las políticas de ajuste, considerando el énfasis en la estabilización, estaba dado por el saneamiento fiscal. Por el lado de los gastos, las principales medidas fueron: congelamiento salarial, eliminación de subvenciones y reestructuración de la deuda pública. Y por el lado de los ingresos: incremento de precios de bienes y servicios de empresas públicas, aumento de impuestos, básicamente indirectos para no afectar al sector privado empresarial.

La condicionalidad del FMI también se orientaba a la privatización absoluta de la economía y eso significaba el desmantelamiento de las empresas de propiedad del Estado. Para la aplicación de estas medidas era también fundamental aplicar acciones orientadas a debilitar la fuerza política de los sindicatos.

La liberalización del comercio exterior, el fuerte impulso a las exportaciones de materias primas y también a las importaciones, reanudaban el ciclo de transferencia de excedentes desde la economía nacional a las economías del centro. El FMI no reparó en establecer que los problemas de nuestras economías tenían características estructurales. El FMI y el Banco Mundial apuntaban a una reestructuración de la economía y el Estado sin embargo, se puede afirmar categóricamente que las medidas "pragmáticas y realistas" establecidas en el D.S. N° 21060 fueron más allá del propio PAE de las instituciones mencionadas.

El FMI tuvo notable influencia en la definición de la política económica de los gobiernos neoliberales, participaba en la determinación del Programa Financiero del gobierno y el Programa Monetario del BCB, en la definición de las metas macroeconómicas y en general en todas las medidas de reforma estructural. Era tal su influencia que en la presidencia del Gral. Hugo Banzer el representante del FMI, Elías Kreus participaba de las reuniones del gabinete ministerial de ese gobierno y, teniendo oficinas cedidas en el edificio del Banco Central, participaba de los Comités Internos del BCB como el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA).

(*) El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI. Su valor está basado en una cesta de cuatro monedas internacionales fundamentales que se pueden intercambiar por monedas de libre uso.

SBA= Stand By Arrangement (Acuerdo Contingente de Derecho de Giro) PRGF= Poverty Reduction and Growth Facility (Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza)

ESAF= Enhanced Structural Adjustment Facility (Servicio Reforzado de Ajuste Estructural)

SAF=Structural Adjustment Facility (Servicio de Ajuste Estructural) Fuente: Elaboración propia en base a reportes del FMI

Asimismo, en los documentos de los acuerdos de préstamos para apoyo a la balanza de pagos, que era el instrumento de presión, entre otros, que ejercía con los gobiernos neoliberales, se establecían compromisos para el cumplimiento del PAE. Estos documentos eran manejados en el secreto más absoluto, sin ninguna transparencia a los bolivianos.

Por ejemplo, el préstamo ESAF de 1994 tenía los siguientes compromisos del gobierno: ejecutar una Reforma Educativa, la Ley de Participación Popular, Descentralización Rol de Municipios, la Capitalización y apertura sectorial a la inversión privada, la Reforma del Sistema de Pensiones, la Reforma Judicial, la adecuación del sistema financiero a las reformas y modernización del mismo.

En el préstamo ESAF de 1998, tanto en la Carta de Intenciones como en el Memorándum de Política Económica, firmadas por el Ministro de Hacienda de ese año Herbert Müller y el Presidente del BCB Juan Antonio Morales, en nombre del gobierno y el país se comprometen a: la conclusión de los procesos de privatización de las empresas públicas restantes, privatización de las empresas de las fuerzas armadas, la venta de la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz (FINDESA), el ingenio azucarero Bermejo, las empresas de distribución de electricidad de Potosí y Tarija, Misicuni y SEMAPA, la empresa fundidora estatal Vinto, la privatización de YPFB residual, la venta de las refinerías de YPFB, además la Reforma del mercado laboral que implica reformas a la Ley del Trabajo, orientadas a reducir las supuestas rigideces que aumentan los costos laborales. También Reformas judiciales, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, nuevos Códigos de procedimiento penal y civil.

En el préstamo Stand by de 2003 firmado por Javier Comboni Ministro de Hacienda y Juan Antonio Morales Presidente del BCB, estas autoridades se comprometían, en nombre del gobierno, a operativizar el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno en el Pacífico y a implementar un impuesto al ingreso de los asalariados, que consistía en reducir la opción de descargar con facturas el 100% del impuesto RC-IVA a un porcentaje menor. Estos compromisos e intenciones de aplicarlos llevaron a los luctuosos hechos de febrero y octubre de 2003.

El rol del FMI en el proceso de reformas, más allá de los préstamos señalados para apoyar a la balanza de pagos, cumplió el rol de regulador del sistema financiero internacional.  Esto significa que el país para recibir préstamos y donaciones de organismos multilaterales y bilaterales, previamente debía contar con el visto bueno del FMI, luego de haber suscrito compromisos para la ejecución del programa de ajustes y metas macroeconómicas en materia fiscal y monetaria, principalmente.

El FMI conjuntamente con el Banco Mundial, dirigieron el proceso de ajustes estructurales, estableciendo las condiciones para el financiamiento externo y revisando periódicamente el cumplimiento de los compromisos del país con esos organismos.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Plan de Estabilización en Bolivia - Programa de Ajuste propuesto por el Banco Central de Bolivia (BCB)

 Las medidas implementadas con el D.S. N° 21060 no eran la única salida a la crítica situación económica del país, la División de Estudios Económicos del BCB en enero de 1985 había realizado una propuesta de programa de ajuste alternativo, la misma tenía las siguientes proposiciones:

Planteaba un esfuerzo orientado a reducir la inflación a través de políticas que puedan reducir las brechas existentes entre la oferta y la demanda en el mercado de bienes y servicios, y en el mercado cambiario.

Proponía que paralelamente a las soluciones coyunturales debía encararse la transformación de la estructura productiva, estimulando a las unidades económicas del sector público y privado, para que puedan generar excedentes para ser canalizados a la inversión.

Esta propuesta tenía como objetivos:

• Mejorar las finanzas del sector público. Incrementar los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector público, y una en el sector pública política de austeridad en el sector publico. 
• En política cambiaria, eliminar la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralela.
• Incrementar el ahorro del sector privado en el sistema bancario, flexibilizando tasas de interés y depósitos en moneda nacional con mantenimiento de valor. 
• Restablecer la confianza de la comunidad internacional en el país para obtener créditos a largo plazo.

Los mecanismos que se propusieron fueron:

Política Cambiaria

• Tipo de cambio único y flexible, con devaluaciones no anunciadas donde se nivelen los tipos de cambio oficial y paralelo.
• En principio una fuerte devaluación, posteriormente ir ajustando periódicamente el tipo de cambio en función del índice de precios.
• De este modo se incrementarían las reservas internacionales, al ofrecer una cotización realista al exportador, incentivaría la producción de bienes y servicios transables en el mercado internacional y coadyuvaría a la reactivación del sector productivo.

Política Monetaria

• Mantener tasas de interés activas y pasivas positivas. Dada la alta inflación de esa época, Bolivia presentaba tasas de interés reales negativas.
• Garantía de mantenimiento de valor de los depósitos respecto a la cotización del tipo de cambio.
• Autorización a los bancos para realizar captaciones de depósitos en moneda extranjera.
• Emisión por el BCB de Letras de Tesorería en dólares y moneda nacional con mantenimiento de valor, además de Certificados en dólares. De este modo el público contaría con una serie de activos alternativos con rendimientos positivos. 
• Los activos y pasivos de los bancos con mantenimiento de valor, finalmente, tras- pasarían el riesgo cambiario al usuario del crédito.
• Modificación de las tasas de encaje legal, depósitos con mantenimiento de valor encaje de cero y depósitos a plazo fijo encaje del 100%.

Política Fiscal

• Pago de impuesto trimestral, pago de impuesto sobre automóviles y edificios en propiedad horizontal y elevación del impuesto sobre ventas.
• Aprobación del Paquete Fiscal presentado al Congreso Nacional.
• No indexar salarios a la tasa de inflación, evitar el crecimiento burocrático del sector público y mayor austeridad en compras estatales.

Política de Precios y Salarios

• En materia de precios y tarifas de bienes y servicios producidos por las empresas públicas, estos deben establecerse en relación directa con el tipo de cambio, de esta manera se mejoraría los ingresos de las empresas estatales.
• Los precios de bienes y servicios producidos por el sector privado deberían liberarse.
• La política salarial consistiría en incrementos nominales menores a la tasa de inflación para enfrentar el proceso hiperinflacionario y, por esta vía junto a aumentos en la productividad, se lograría mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

Política de Comercio Exterior

• Frente a la situación caótica del sistema arancelario (caracterizado como un instrumento más de recaudación tributaria y no de política de comercio exterior, función recaudadora que no se cumplía por el aumento del contrabando), se recomendó la uniformización de las tasas arancelarias al nivel promedio existente, que alcanzaría aproximadamente al 25%, decisión que podría mejorar las recaudaciones internas y pueda significar una protección efectiva a la industria nacional, y se convierta realmente en un instrumento útil de política de comercio exterior,

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Plan de Estabilización en Bolivia - Decreto Supremo 21060 - La derrota de la clase obrera

 El proyecto neoliberal iniciado en agosto de 1985 para ser implementado y desarrollado en todas sus fases necesitaba derrotar al movimiento obrero boliviano, porque la clase trabajadora era la única que podía resistir la aplicación del recetario neoliberal, principal- mente la privatización de las empresas estratégicas del Estado y nuestros recursos naturales, entregándolos al capital transnacional; lo hizo combinando medidas de fuerza como el estado de sitio, apresamientos y confinamientos de dirigentes sindicales, así como con otras medidas que habían sido previstas en el D.S. N° 21060, como la libre contratación, es decir, la libertad de las entidades públicas y privadas de despedir a los trabajadores. La aplicación de estas medidas y en particular la "relocalización" de 27.000 de los 30.000 trabajadores mineros significaron la muerte física de la vanguardia obrera boliviana.

El movimiento sindical boliviano se había desbordado durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo, después de largos años de dictadura militar se habían acumulado las reivindicaciones laborales, que después de la reconquista política de la democracia, volcaba su demandas sobre temas económicos principalmente salariales. Luego de casi tres años de movilizaciones callejeras y huelgas, los instrumentos de lucha y las direcciones sindicales se fueron desgastando.

En marzo de 1985, más de 10.000 mineros armados de dinamita ocuparon la ciudad de La Paz, pero tuvieron que regresar a sus centros con más compromisos que conquistas.

Después de la emisión del D.S. N° 21060, la Central Obrera Boliviana en septiembre de 1985 convocó a una movilización de resistencia a las medidas económicas y declaró la "huelga general indefinida", instruyendo la apertura de piquetes de huelga de hambre de dirigentes y trabajadores de base. El gobierno de Paz Estenssoro decretó el estado de sitio el 19 de septiembre de 1985 y más de 2.000 huelguistas fueron apresados en los piquetes de huelga de hambre y centenares de ellos enviados al confinamiento en el noreste del país, incluido el Secretario Ejecutivo de la COB de esa época Juan Lechín; es decir, el gobierno había derrotado este primer levantamiento sindical.

Los primeros meses de 1986 estalló la crisis internacional del estaño que facilitó y dio el argumento al gobierno para justificar la aplicación de la denominada “relocalización" de 27.000 trabajadores de la minería nacionalizada, que en realidad era una forma de despido directo de los trabajadores con el pago adicional de "extralegales" a los paupérrimos beneficios sociales.

En marzo de 1986, los trabajadores mineros convocan al XXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que se realizó en Oruro. El Congreso minero elaboró un Plan de Emergencia para la minería y encomendó al Comité Ejecutivo Nacional de la FSTMB plantear al gobierno la ejecución de este plan, la dirigencia fracasó en sus intentos de convencer al gobierno sobre la viabilidad del plan propuesto por los trabajadores mineros y el gobierno aprovechó la inmejorable situación para deshacerse físicamente de la vanguardia obrera del país, el proletariado minero.

En agosto de 1986, en un Ampliado de la FSTMB en Oruro los mineros aprobaron la realización de una marcha hacia la ciudad de La Paz, un trabajador minero señaló: sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo. Tenemos que llegar hasta La Paz compañeros, no importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha, una marcha, por la vida de los mineros". Comenzó en medio de una gran expectativa la preparación de la marcha denominada "La Marcha por la Vida" que partió desde Oruro teniendo como principal bandera la oposición al cierre de las minas. Se hicieron campañas para recolectar vituallas, medicamentos y otros enseres, se organizaron brigadas médicas para el apoyo de los marchistas. Los Comités Cívicos de Oruro y Potosí declararon paros para apoyar la marcha minera y resistir al cierre de las minas.

En los distintos pueblos por los que pasaba la marcha que estaba integrada por miles de mineros, amas de casa de las minas, trabajadores de otros sectores y estudiantes, la población los recibía en un ambiente casi de fiesta, con alimentos y cobijo para el descanso. Nuevamente, los mineros expresaban y representaban el sentimiento popular.

Sin embargo, en plena marcha en la madrugada del 28 de agosto de ese año, en la localidad de Calamarca, los marchistas amanecieron rodeados por el ejército, con soldados, tanques y tanquetas de guerra y aviones de guerra que sobrevolaban amenazadoramente el lugar. El presidente Paz Estenssoro decretó por segunda vez en su gobierno el estado de sitio.

La dirigencia minera, se dice para evitar la masacre, negoció el retorno de los mineros a sus centros mineros que más pronto que tarde serían vaciados por la política de relocalización. Fue una marcha histórica que marcó el acto final de la derrota de la clase obrera boliviana frente al neoliberalismo para después ingresar en un largo período de reflujo obrero que duraría por lo menos 15 años. El gobierno había asestado la puñalada final para provocar la muerte física de la vanguardia de la clase obrera boliviana, para ya sin obstáculos aplicar el ajuste estructural y la entrega de nuestras empresas públicas y recursos naturales a la explotación de transnacionales.

La historia de la clase obrera boliviana es la historia del proletariado minero. Desde su fundación la FSTMB y los mineros fueron la columna vertebral de la COB, vanguardia de las luchas sociales y políticas en Bolivia.

El proletariado minero se había forjado en las masacres de los años cuarenta, la resistencia a las aventuras militares golpistas de Barrientos, Banzer, Natusch Busch y García Meza, soportando estoicamente la agresión brutal de las fuerzas represivas del Estado. Fue el principal protagonista social de la insurrección popular del 9 de abril de 1952, de la revolución nacional, de la recuperación de la democracia en 1978 y después en 1982.

Los mineros encarnaban las aspiraciones y los sueños obreros y populares de una sociedad nueva, declaraban en sus tesis políticas la lucha por el socialismo.

Álvaro García Linera reflexionaba sobre el tema en su texto "La Potencia Plebeya (2000: 212-215): "la marcha minera por la vida significó la muerte de la condición obrera del siglo XX, la marcha por la vida de agosto de 1986 es uno de esos sucesos que parte la historia social  boliviana en dos segmentos distintos. Constructores de sueños colectivos, con belicosidad en su lenguaje, los mineros irradiaron el temperamento del siglo XX en Bolivia. Con el abandono productivo de los centros mineros, el cierre de operaciones y, con ello, la muerte del fundamental material de la condición obrera minera más importante de los últimos cien años, se está decretando la extinción del fundamento material de la historia de una clase que se había construido en sesenta años y con él se derrumban los sueños en un porvenir de la revolución en Bolivia. El proletariado minero murió junto al capitalismo de Estado, pero es la muerte de un tipo de proletariado y empezará un tortuoso proceso de formación, de nacimiento de una nueva condición obrera para el siglo XXI".

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Plan de Estabilización en Bolivia - Decreto Supremo 21060

 El 29 de agosto de 1985, con la frase "Bolivia se nos muere" el presidente Víctor Paz Estenssoro anunciaba la aplicación de la denominada Nueva Política Económica (NPE) que comenzaría a implementarse con el D.S. N° 21060.

Paz Estenssoro en un mensaje a la nación, después de describir indicadores económicos desastrosos de la coyuntura, señalaba: "La patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes, nos revela que no podemos, proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política o, sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere".

Asimismo, decía: "...podemos asegurar que no servirá de nada vivir en democracia, si en ella la nación se muere de hambre, quizá por este razonamiento, para la aplicación de la NPE, tuvo que decretar un "estado de sitio" con la suspensión de las libertades y derechos democráticos, el apresamiento de dirigentes sindicales a nivel nacional, entre ellos del propio Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Juan Lechin Oquendo y el confinamiento en el noreste del país de decenas de líderes sindicales, que se oponían a las medidas lanzadas por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de esa época.

Ya en su discurso de posesión del 6 de agosto de 1985 había anunciado que gobernaría con "autoridad" y ese era el tipo de autoridad política que entendía el presidente Paz Estenssoro.

El D.S. N° 21060 expresaba algo más que un instrumento corriente de política económica, en realidad se trataba de un proyecto de reordenamiento de la economía, la sociedad el Estado boliviano bajo los marcos del neoliberalismo y en función de los intereses de la burguesía criolla y las empresas transnacionales.

Se pretendía modificar sustancialmente los rasgos del modelo de capitalismo de Estado que estaba vigente desde la revolución nacional de abril de 1952, hacia un modelo de capitalismo neoliberal, de libre mercado, de libre oferta y libre demanda, en el que se atribuye al "mercado" la tarea de la asignación supuestamente eficiente de los recursos. Estábamos ante un intento de refundación del capitalismo en Bolivia, en función de los intereses de la burguesía intermediaria que no habiendo perdido el poder económico en el período de reinstitucionalización democrática del país, recobraba el poder y el protagonismo político.

La NPE tuvo básicamente dos componentes: a) un plan de estabilización y b) un con- junto de medidas orientadas a la reforma estructural. El primero estaba fundado, como en todas las crisis del capitalismo, en la gestión del empleo y del salario como variables de ajuste y, el segundo componente consistió en la liberalización de los mercados de bienes y servicios (internos y externos), del dinero y del trabajo.

La determinación de la libre contratación, en el artículo 55 del D.S. N° 21060 significaba autorizar al sector privado el despido indiscriminado de trabajadores, esto significaba ampliar el ejército industrial de reserva, es decir la masa de desocupados y, por consiguiente, generar una presión natural sobre la reducción de los salarios y la precarización del empleo.

Asimismo, el congelamiento salarial dispuesto ante el ajuste de precios a niveles del mercado interno y externo, significaba en los hechos la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es decir la disminución del salario real de los trabajadores, una verdadera confiscación de salarios.

Con la libre contratación y el congelamiento de salarios lo que se buscaba era reducir los costos de producción de los bienes y servicios que habían sido puestos al libre mercado, fortaleciendo el capital privado y la tasa de ganancia. Pero los trabajadores no solamente subvencionaban los costos de los propietarios de los medios de producción, sino que se veían obligados a generar mayor plusvalía absoluta, elevándose la tasa de explotación mediante la prolongación de la jornada de trabajo, como en los viejos tiempos de la acumulación originaria del capital, es decir, en el nacimiento del capitalismo.

Otros de los ejes fundamentales de la NPE, fue la privatización absoluta e irrestricta de la economía, que significaba el desmantelamiento y desmontaje de las empresas del sector público. A ese objetivo apuntó la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), del Complejo Minero Karachipampa y de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA), además de la forma en que se pretendía descentralizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

El sector empresarial, es decir el capital privado, recibía todas las ventajas y estímulos para su crecimiento y desarrollo, la liberalización de precios, la libertad de comercio, liberalización del mercado de trabajo, la libre importación y exportación, las libertades en la intermediación del dinero, el levantamiento de las reservas fiscales en la minería, entre otros. Así, Juan Antonio Morales en su libro "Informe Escrito de un Economista Boliviano" (2002) dice que en el D.S. N° 21060 se ofrece un "canastón de golosinas" al sector privado y una "amarga medicina" que se hace engullir a los asalariados en términos de salarios y empleo. En resumen, el programa de ajuste significó severos sacrificios para la clase trabajadora y beneficios altamente ventajosos para los empresarios privados.

Las disposiciones más relevantes del D.S. N° 21060, fueron las siguientes:

• En el régimen cambiario, se determinó un tipo de cambio único, real y flexible, que operaria a través de un sistema de subasta de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante el "Bolsín". También se autorizó a la banca operar libre- mente con moneda extranjera y al banco central a convertir el oro físico en oro comercial de libre transacción en los mercados internacionales, para que pueda a su vez ser convertido en divisas que permitan reforzar las reservas internacionales en caso de necesidad o de uso extraordinario.
• En el régimen bancario, se autorizó a la banca a realizar todo tipo de operaciones, en moneda nacional y extranjera, y en moneda nacional con mantenimiento de valor; se liberalizó las tasas de intereses activas y pasivas, se determinó la reducción de las tasas de encaje legal en moneda nacional y la exención de encaje a los depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor (un incentivo a la dolarización). Asimismo, se estableció la otorgación de préstamos en moneda nacional, moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor, con la libertad de fijar las tasas de interés, y se permitió a la banca realizar operaciones de comercio exterior, de compra-venta de divisas y de contraer endeudamiento en moneda nacional y extranjera.
• En el régimen de importaciones y exportaciones, se determinó su completa liberalización, eliminación de restricciones y gravámenes, y la nivelación de aranceles de importación.
• En empleo, se estableció la libre contratación en las empresas públicas y privadas. 
• Referente a precios y abastecimiento, se determinó la libertad de precios de bienes y servicios, y se autorizó al Ministerio de Industria y Comercio, de esa época, a la importación de artículos de primera necesidad; es decir, se estableció que la comercialización de productos de la canasta familiar sea libre e irrestricta. Asimismo, se determinó la libertad del transporte interdepartamental e interprovincial, dejando la fijación de tarifas al "acuerdo entre partes".
• Las tarifas de energía eléctrica fueron indexadas al dólar.
• En las empresas y entidades del sector público se estableció la obligatoriedad de presentación de programas de racionalización de personal y la prohibición de créditos del BCB a estas instituciones sin el aval del Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) para casos extraordinarios.
• En hidrocarburos y minería se determinó la descentralización de YPFB y COMIBOL, y el levantamiento parcial de las reservas fiscales en la minería.
• Se determinó la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), de la Sociedad Complejo Metalúrgico Karachipampa y de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA). 
• También se dispuso la presentación de proyectos de Ley de Reforma Monetaria y de Reforma Tributaria.

El plan de estabilización se orientó fundamentalmente al control de la hiperinflación tomando el tipo de cambio como ancla de la estabilidad de precios, además de una rígida política monetaria y fiscal con un alto carácter contractivo, pues lo que se buscaba era contraer la demanda interna para garantizar la estabilidad de precios.

Se tomó al tipo de cambio como ancla de la estabilización de precios porque en la épo- indexados al dólar de los Estados Unidos. Adicionalmente, esta moneda se constituyó ca de la hiperinflación la mayor parte de los precios de bienes y servicios habían sido indexada al dólar de los Estados Unidos. Adicionalmente, esta moneda se constituyó en un refugio ante la hiperinflación y una gran parte de las transacciones económicas se habían dolarizado.

Esta alta dolarización de la economía boliviana limitaba la política monetaria. Además, se generó una brecha muy grande entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo.

Dentro la liberalización del mercado de dinero, se estableció la libre compra y venta de dólares a través del "Bolsin" del BCB, mecanismo que permitió la venta indiscriminada de dólares al banco central, sin determinar su origen, lo que habría dado paso al "blanqueo de dólares del narcotráfico", aspecto fundamental para el éxito del programa de estabilización, constituyéndose en un verdadero colchón financiero que soportó el shock de la devaluación monetaria y la posterior estabilidad del tipo de cambio.

Recordemos que en esta época de terrible recesión económica en el país, de una ver- dadera desestructuración productiva, el único sector económico capitalista que estaba en auge fue la economía coca-cocaína. Éste seguramente fue el único sector económico con altísimas tasas de ganancia del capital, con una gran capacidad de generación de ex- cedentes y de acumulación de capital, también de generación de empleo (60.000 pro- ductores de coca, que considerando un promedio de 5 personas por familia, implicaba alrededor de 300.000 personas que dependían del cultivo de coca en esa época), con el sector asalariado (“pisacocas") seguramente mejor pagado en esos años ($us 10 por día) y con una capacidad de generar efectos multiplicadores importantes en otros sectores de la economía boliviana, como el comercio, transporte, construcción y finanzas formales e informales.

Según estimaciones de esos años, la economía de la coca-cocaína generaba entre $us3.000 millones a $us3.500 millones anuales, que eran iguales o mayores al PIB oficial del país (Sus3.000 millones) de esos años, se estimaba también que solamente una menor parte se quedaba al interior de la economía boliviana ($us500 millones), monto que era significativo para esa época.

En este contexto, la NPE definida por Paz Estenssoro como “realista y pragmática” de- muestra que en forma deliberada o no, creaba condiciones para incentivar la más importante actividad capitalista de la época, la producción coca-cocaína.

Por otro lado, la liberalización del mercado de dinero significó otorgarle a la banca los mayores estímulos para su crecimiento y por ende para la generación y acumulación de ganancias. Dejar a la libre oferta y demanda la determinación de las tasas de interés activas y pasivas era una falacia, los bancos imponían estas tasas a los prestatarios. La libertad irrestricta para la concesión de créditos, sin ninguna orientación estatal a la reactivación productiva de la economía nacional, ni a la resolución del problema de la vivienda privilegió los créditos al comercio y al consumo.

Respecto a la liberación del comercio exterior, la libertad de importaciones que se a apoyar el abastecimiento principalmente de alimentos, terminó inundando el mercado interno con productos importados, significando un duro golpe a la débil industria nacional y a la agricultura campesina productora de alimentos, con graves consecuencias sobre el empleo en estos sectores. Asimismo, el abandono por parte del Estado de la problemática agraria campesina y sus condiciones de vida cada vez más precarias, impulsaron fuertemente los flujos migratorios campo-ciudad y también la incursión campesina en la economía coca-cocaína (migración por la extrema pobreza en provincias del Norte de Potosí, Chuquisaca, Oruro y valles de Cochabamba).

Las medidas antinacionales y antipopulares aplicadas a través del D.S. N° 21060 y otras medidas neoliberales adoptadas por los gobiernos de turno, requerían el cumplimiento de una condición, el de doblegar a la clase obrera boliviana, fundamentalmente al prole- tariado minero organizado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), columna vertebral de la Central Obrera de Bolivia (COB).

Para el cumplimiento de este objetivo el decreto dispuso la descentralización de COMIBOL, la libre contratación, que aparte de debilitar la fuerza de los sindicatos en la negociación de contratos colectivos, permitió el despido indiscriminado de los dirigen tes sindicales, sin respetar el fuero sindical establecido en la Ley General del Trabajo. Esta medida apuntaba a la desestructuración física de la clase obrera, fundamentalmente de su vanguardia política, el proletariado minero.

Asimismo, se determinó el congelamiento salarial, la reducción de personal en las instituciones y empresas del sector público, la eliminación de las pulperías, no quedando ninguna duda de la ferocidad con la que se arremetió contra los trabajadores.

El año 1986, bajo la denominación de "relocalización" se desvinculó de la empresa minera  estatal alrededor de 27.000 trabajadores y aproximadamente 10.000 trabajadores de la minería privada, miles de fabriles despedidos en la industria manufacturera (que no pudo soportar la competencia con la libre importación) y otros miles de trabajadores despedidos en el sector público y privado, configuran el cuadro sobre desempleo generado por el neoliberalismo en Bolivia con un aumento considerable del ejercito industrial de reserva.

La liberalización de los precios de los productos controlados, principalmente alimentos, la libertad de comercio y la libre importación, estaban orientados a garantizar el abaste- cimiento de productos de primera necesidad y terminar con la especulación, el agio y el ocultamiento de los productos de la canasta familiar. Este hecho junto a la represión de la demanda agregada, por todo lo apuntado líneas arriba, disiparon el problema del desabastecimiento y la elevación sostenida de precios de alimentos. El ajuste de los precios se dio por la contracción de la demanda antes que por el incremento de la producción y la oferta.

El saneamiento fiscal de las empresas estatales se enfrentó eliminando los subsidios, ubicando a nivel del mercado nacional e internacional los precios de los bienes y servicios producidos en el sector público, indexando al dólar los precios de estos productos, reduciendo y despidiendo trabajadores, y prohibiendo créditos del Banco Central a estas empresas.

Este saneamiento fiscal de las empresas públicas tenía como objetivo disminuir el déficit fiscal global del Estado, que además de reducir gastos por salarios con el despido de trabajadores en las entidades públicas, disminuyó los gastos en educación y salud, y principalmente redujo al máximo la inversión pública en infraestructura, además de introducir un fuerte mecanismo de transferencias de YPFB al Tesoro General de la Nación por un impuesto a la gasolina, cuyo precio también se puso a nivel de los precios internacionales. Finalmente, como parte de las reformas estructurales se inició el proceso de desmantelamiento de las empresas del Estado, disolviendo la CBF, ENAF, ENTA, Complejo Minero Karachipampa y con la descentralización de YPFB y COMIBOL que más adelante fue- ron privatizadas y entregadas al capital privado transnacional.