La condicionalidad del FMI no constituyó simplemente un listado de requisitos para recibir el apoyo financiero de este organismo multilateral para resolver dificultades en la balanza de pagos, es decir, condiciones de un prestamista a un prestatario. En realidad la condicionalidad del organismo fue la aplicación de un Programa de Ajuste Estructural elaborado por este organismo y el Banco Mundial, como receta única y de pretendida validez general a todos los países sin considerar las particularidades de cada caso.
Este PAE era un verdadero programa político de reformas para enfrentar la crisis de la deuda que afectaba a nuestros países y otros problemas como la alta inflación, déficit fiscal, caída de las reservas internacionales, estancamiento productivo y otros. Este programa tenía como objetivo principal la rehabilitación de nuestras economías para continuar con el pago de la deuda externa, que como en el caso de Bolivia había sido declara do en mora, y para que posteriormente pudiera volver a recibir flujos de financiamiento externo.
EL PAE tuvo diferentes etapas, en la primera el énfasis estaba puesto en la estabilización y posteriormente en la implementación de las reformas estructurales, supuestamente para impulsar la reactivación productiva del país.
Entre las condiciones impuestas, se pueden citar las siguientes:
Congelamiento temporal de salarios y reducción de personal en las instituciones y empresas públicas.
- Recorte de gastos sociales y la inversión pública.
- Liberalización del comercio exterior, libre importación y exportación, levanta- miento de restricciones.
- Liberación de precios internos y eliminación de subvenciones estatales.
- Privatización de las empresas del sector público.
- Condiciones favorables a la inversión extranjera.
- Devaluaciones de la moneda nacional para alcanzar tipos de cambio "realistas".
La aplicación del Programa de Ajuste Estructural significó hipotecar la soberanía nacional en las decisiones de política económica.
El FMI exigía que, una parte de los recursos que otorgaba y parte de las reservas internacionales que se disponía, debieran servir para pagar obligaciones vencidas de deuda externa y de ese modo poder recibir nuevos créditos.
El componente principal de las políticas de ajuste, considerando el énfasis en la estabilización, estaba dado por el saneamiento fiscal. Por el lado de los gastos, las principales medidas fueron: congelamiento salarial, eliminación de subvenciones y reestructuración de la deuda pública. Y por el lado de los ingresos: incremento de precios de bienes y servicios de empresas públicas, aumento de impuestos, básicamente indirectos para no afectar al sector privado empresarial.
La condicionalidad del FMI también se orientaba a la privatización absoluta de la economía y eso significaba el desmantelamiento de las empresas de propiedad del Estado. Para la aplicación de estas medidas era también fundamental aplicar acciones orientadas a debilitar la fuerza política de los sindicatos.
La liberalización del comercio exterior, el fuerte impulso a las exportaciones de materias primas y también a las importaciones, reanudaban el ciclo de transferencia de excedentes desde la economía nacional a las economías del centro. El FMI no reparó en establecer que los problemas de nuestras economías tenían características estructurales. El FMI y el Banco Mundial apuntaban a una reestructuración de la economía y el Estado sin embargo, se puede afirmar categóricamente que las medidas "pragmáticas y realistas" establecidas en el D.S. N° 21060 fueron más allá del propio PAE de las instituciones mencionadas.
El FMI tuvo notable influencia en la definición de la política económica de los gobiernos neoliberales, participaba en la determinación del Programa Financiero del gobierno y el Programa Monetario del BCB, en la definición de las metas macroeconómicas y en general en todas las medidas de reforma estructural. Era tal su influencia que en la presidencia del Gral. Hugo Banzer el representante del FMI, Elías Kreus participaba de las reuniones del gabinete ministerial de ese gobierno y, teniendo oficinas cedidas en el edificio del Banco Central, participaba de los Comités Internos del BCB como el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA).
(*) El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI. Su valor está basado en una cesta de cuatro monedas internacionales fundamentales que se pueden intercambiar por monedas de libre uso.
SBA= Stand By Arrangement (Acuerdo Contingente de Derecho de Giro) PRGF= Poverty Reduction and Growth Facility (Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza)
ESAF= Enhanced Structural Adjustment Facility (Servicio Reforzado de Ajuste Estructural)
SAF=Structural Adjustment Facility (Servicio de Ajuste Estructural) Fuente: Elaboración propia en base a reportes del FMI
Asimismo, en los documentos de los acuerdos de préstamos para apoyo a la balanza de pagos, que era el instrumento de presión, entre otros, que ejercía con los gobiernos neoliberales, se establecían compromisos para el cumplimiento del PAE. Estos documentos eran manejados en el secreto más absoluto, sin ninguna transparencia a los bolivianos.
Por ejemplo, el préstamo ESAF de 1994 tenía los siguientes compromisos del gobierno: ejecutar una Reforma Educativa, la Ley de Participación Popular, Descentralización Rol de Municipios, la Capitalización y apertura sectorial a la inversión privada, la Reforma del Sistema de Pensiones, la Reforma Judicial, la adecuación del sistema financiero a las reformas y modernización del mismo.
En el préstamo ESAF de 1998, tanto en la Carta de Intenciones como en el Memorándum de Política Económica, firmadas por el Ministro de Hacienda de ese año Herbert Müller y el Presidente del BCB Juan Antonio Morales, en nombre del gobierno y el país se comprometen a: la conclusión de los procesos de privatización de las empresas públicas restantes, privatización de las empresas de las fuerzas armadas, la venta de la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz (FINDESA), el ingenio azucarero Bermejo, las empresas de distribución de electricidad de Potosí y Tarija, Misicuni y SEMAPA, la empresa fundidora estatal Vinto, la privatización de YPFB residual, la venta de las refinerías de YPFB, además la Reforma del mercado laboral que implica reformas a la Ley del Trabajo, orientadas a reducir las supuestas rigideces que aumentan los costos laborales. También Reformas judiciales, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, nuevos Códigos de procedimiento penal y civil.
En el préstamo Stand by de 2003 firmado por Javier Comboni Ministro de Hacienda y Juan Antonio Morales Presidente del BCB, estas autoridades se comprometían, en nombre del gobierno, a operativizar el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno en el Pacífico y a implementar un impuesto al ingreso de los asalariados, que consistía en reducir la opción de descargar con facturas el 100% del impuesto RC-IVA a un porcentaje menor. Estos compromisos e intenciones de aplicarlos llevaron a los luctuosos hechos de febrero y octubre de 2003.
El rol del FMI en el proceso de reformas, más allá de los préstamos señalados para apoyar a la balanza de pagos, cumplió el rol de regulador del sistema financiero internacional. Esto significa que el país para recibir préstamos y donaciones de organismos multilaterales y bilaterales, previamente debía contar con el visto bueno del FMI, luego de haber suscrito compromisos para la ejecución del programa de ajustes y metas macroeconómicas en materia fiscal y monetaria, principalmente.
El FMI conjuntamente con el Banco Mundial, dirigieron el proceso de ajustes estructurales, estableciendo las condiciones para el financiamiento externo y revisando periódicamente el cumplimiento de los compromisos del país con esos organismos.
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