El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La Capitalización

 La Ley de Capitalización No 1544 de 21 de marzo de 1994, dispuso la conversión de las empresas públicas en sociedades de economía mixta, cuyo aporte de activos estaba constituido por el valor en libros del patrimonio de dichas empresas.

Las empresas que se capitalizaron fueron: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

Un año después, mediante D.S. N° 24146 de 19 de octubre de 1995, se incluye en el proceso de capitalización de empresas públicas a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y en 1999 mediante Ley No 1982 de 17 de junio de 1999, se excluye de la capitalización a la Empresa Metalúrgica Vinto para encausarla en el esquema de privatización directa.

La capitalización fue la gran estafa al país y a los intereses nacionales, porque se enajenaron las empresas públicas estratégicas, nos despojaron el patrimonio nacional al capital extranjero. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada mentía al país cuando la capitalización no era señalaba que no se iba a enajenar el patrimonio nacional porque privatización, pero los hechos posteriores demostraron que la capitalización era una privatización a plazos, que en realidad se trataba de la descapitalización del país.

El presidente Sánchez de Lozada que entregó nuestras empresas públicas estratégicas al capital transnacional, le ofreció al país, con la llamada capitalización, un crecimiento de la economía a un ritmo de por lo menos 8% anual y la creación de más de 500.000 empleo para que los bolivianos tengan un empleo digno, la realidad muestra que nada de eso se cumplió.

La capitalización fue un proceso plagado de irregularidades y falta absoluta de transparencia, marginando incluso al sector privado nacional. Los contratos de capitalización escritos en inglés, sujetos a las leyes del país de origen, en algunos casos firmados fuera del país, no fueron ratificados por el Congreso Nacional y menos conocidos por los bolivianos. Fue un proceso dirigido al capital transnacional por las condiciones puestas en los términos de las licitaciones y cerradas con siete candados a la inversión privada nacional. Estas también fueron parte de las condiciones impuestas por los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. De este modo se garantizaba la salida de los excedentes generados en estas empresas al exterior.

El gobierno, que no tenía soberanía sobre las decisiones de políticas públicas, estaba so- metido a las presiones del FMI para la privatización de las empresas públicas, hechos que se podían observar en los Memorandums de Entendimiento y Cartas de Intenciones que suscribían con autoridades nacionales para recibir algún crédito de ajuste estructural del organismo financiero internacional.

El proceso de capitalización fue muy costoso para el país, se pagaron - con recursos de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo- gastos por consultorías de evaluación para la puesta en oferta de las empresas nacionales en los mercados de Estados Unidos y Europa principalmente. Las empresas públicas, como se decía en esa época, fueron valoradas a precios de "gallina muerta". Se estima en más de $us200 millones los gastos del proceso de capitalización, que se sumaban al endeudamiento externo que se ponía sobre las espaldas de los bolivianos, créditos que, además, eran utilizados para presionar o imponer las medidas del PAE del FMI.

Andrés Soliz Rada, en su artículo titulado "Las langostas de la capitalización" denuncia que: "Juan Cariaga ex-Ministro de Paz Estenssoro se embolsilló 350.000 dólares por buscar socios para el LAB en Asia, Estados Unidos y Europa y diseñar un impuesto adicional a las petroleras (el surtax). No halló ningún socio. La empresa fue entregada a delincuentes brasileños y el impuesto resultó incobrable. Claude Bessé, además de cobrar su suculento sueldo de Superintendente, firmó contratos de consultoría por 263.000 dólares. El ex-Superintendente de estrangularon a YPFB. De manera paralela, escribía notas periodísticas en las que aparentaba Hidrocarburos, Mario Miranda Pacheco, se benefició con 70.000 dólares por aportar ideas que defender el interés nacional. Cayetano Llobet cobró 14.000 dólares por un informe cuyo texto no aparece, en tanto simulaba ser un analista independiente y objetivo". 

En esta gran estafa a los intereses nacionales, se tiene por ejemplo las irregularidades en la capitalización de YPFB, cuando en la clasificación de los campos petroleros –entre los que tenían reservas probadas y los que tenían reservas probables- se modificó la existen- te, registrando campos que tenían reservas probadas y debían pagar el 50%, como campos con reservas probables que pagaban sólo el 18%. Un ejemplo preciso es el caso del mega campo San Alberto que fue clasificado como campo nuevo, el campo hidrocarburífero más grande del país, todo esto para beneficiar a las transnacionales capitalizadoras.

Es incomprensible cómo se pudo entregar tan impunemente nuestras reservas de gas para que paguen un 18% de renta, en campos que ya eran trabajados o conocidos por YPFB. Se estimó en $us3.000 millones las pérdidas por este concepto en el tiempo de duración de los contratos con los niveles proyectados de producción y precios de esa época. Las empresas capitalizadoras, no solamente se llevaron las empresas y su ubicación en sectores estratégicos de la economía boliviana, también se apoderaron, como en el caso de YPFB, de valiosa información, es decir conocimiento. Se llevaron todos los trabajos de prospección y exploración petrolera realizada por YPFB, seleccionaron y se asignaron, a título gratuito, a los mejores técnicos y profesionales de las empresas, es decir un capital humano formado por las empresas públicas al costo del Estado.

En el tema del empleo en las empresas, también hay observaciones, como que, no sola- mente jamás aparecieron los 500.000 empleos ofrecidos por Sánchez de Lozada, sino que los empleos en las empresas capitalizadas fueron reducidos. Por ejemplo, en ENTEL que en 1996 tenía 2.095 puestos de empleo en 1999 se habían reducido a 1.437, en la Empresa Ferroviaria Andina entre los mismos años, de 573 empleos pasaron a 325 y en la Empresa Ferroviaria Oriental de 722 pasaron a 4893³.

En el caso de los ferrocarriles, desmantelaron la red ferroviaria occidental, desactivaron cientos de kilómetros de la ruta La Paz-Oruro, Oruro-Cochabamba, Oruro-Potosí y Potosí-Sucre.

Otro desmantelamiento ocurrió con la línea bandera, el Lloyd Aéreo Boliviano entrega- la VASP desmantelaba aviones del LAB, quitándole motores y otras partes para llevarlos al exterior, dejando finalmente al LAB en un estado de quiebra irremediable. Podríamos preguntarnos en qué consistió la capitalización del LAB, en aumento de su patrimonio o en el saqueo completo de la empresa.

3 Información contenida en el documento "Evolución del Sector de Transportes 1990-2001", realizada por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), 2003. Pág. 134

En lo referente a los rendimientos económicos, el Estado recibía de las empresas capitalizadas menos recursos que antes de la capitalización. Por ejemplo, ENTEL el último año antes de la capitalización entregó al Tesoro General de la Nación $us$2 millones en 1999 entregó $us17 millones. Después de la capitalización sospechosamente todas las empresas mostraban baja rentabilidad.

En el caso de ENTEL es pertinente señalar que ésta empresa antes de la capitalización había realizado inversiones que hicieron innecesario aumentarlas posteriormente, por que los capitalizadores realizaron sus obligaciones de inversión en ENTEL con bonos de tesoro americano por $us300 millones, es decir, la empresa prestaba dinero al gobierno americano con intereses menores a los que el país pagaba por créditos externos.

Asimismo, es curioso observar menores tasas de rendimiento en empresas que después de la capitalización subieron las tarifas por los servicios que prestaban, como es el caso de las tarifas de ENTEL, del LAB y de la Empresa Ferroviaria Oriental.

En la capitalizada ENTEL se denunció el cobro irregular de los socios italianos por $us 100 millones a nombre del contrato de administración, así también el pago de salarios a técnicos y ejecutivos italianos hasta de $us 1.470 día/hombre, un nivel exorbitante para la realidad boliviana. Remuneraciones comunes en las empresas capitalizadas, además de denuncias sobre proveedores únicos y otras irregularidades.

Por otro lado, dentro la falta de transparencia con la que se manejó todo este proceso los “bolivianos” que poseían el 49% de las acciones en las empresas tenían derecho a elegir su representación en el Directorio de las mismas; no obstante, no se sabía cómo se designaban esos representantes en los Directorios, quiénes eran y qué hacían, ya que no informaban a los bolivianos, a los que supuestamente representaban, sobre las actividades y la situación de las empresas capitalizadas.

La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) fue excluida del esquema de capitalización y llevada al proceso de privatización directa; sin embargo, sospechosamente la empresa que se adjudicó la compra de la EMV fue una empresa en la que participaba Sánchez de Lozada.

En febrero de 2003, por presión social el gobierno designó a Juan Carlos Virreira como Delegado Presidencial para la revisión de la capitalización, joven profesional que murió trabajo. En una entrevista con periodistas del periódico "El Juguete Rabioso" en febrero en un extraño accidente de aviación cuando se aprestaba a entregar el informe final de su de 2004, Virreira afirmaba que "las petroleras no pueden seguir gozando de las ventajas que hoy tienen", cuestionaba que las elites políticas en su ortodoxia neoliberal debilitaron al Estado, quitándole sus capacidades de fiscalización que le hubieran permitido enmendar deficiencias que se produjeron en el proceso. Cuestionó también el papel de profesionales que se convirtieron en los convalidadores ideológicos de la capitalización, que escondieron sus falencias y a raíz de ello empresas fraudulentas como la Enron no fueron investigadas. Esta empresa norteamericana quebró estrepitosamente en 2001, investigada contabilidad fraudulenta y tráfico de influencias por financiar candidaturas en los Estados Unidos.

En julio de 1994, Sánchez de Lozada firmó un contrato con Enron en Estados Unidos "gobernado, interpretado y ejecutado por las leyes del Estado de Nueva York" (Osvaldo Calle, 2001: 12), en clara vulneración de la soberanía nacional, "... vamos a hacer el negocio del siglo" afirmaba Sánchez de Lozada. El contrato otorgaba a Enron la exclusividad en la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil; por la que, esta empresa era responsable de desarrollar y lograr el cierre financiero para la ejecución del gasoducto. No obstante, la empresa transnacional no invirtió ni un centavo para la construcción del gasoducto, en contrapartida Enron obtuvo el 40% de la participación del lado boliviano del gasoducto el 8% en el tramo brasileño. Para la petrolera estadounidense no podía haber mejor negocio, tener 40% de un negocio sin invertir nada.

Posteriormente, pese a la indignación de saber que el gobierno de Sánchez de Lozada mantuvo a esta empresa aun cuando no había invertido en el país, con el D.S. N° 24617 de 14 de mayo de 1997, el gobierno subrogó el contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas (suscrito entre Enron y YPFB) al contrato de capitalización, luego de que la transnacional se adjudicara la unidad de transportes de la estatal petrolera. Esta medida trató de invisibilizar el ingreso irregular de Enron en el país.

En efecto, la participación de la transnacional en la capitalización de YPFB fue cuestionada por otras petroleras interesadas en ser parte del proceso, ya que se dio ventajas a la compañía norteamericana, al cual se suma el hecho de que el documento original del primer contrato suscrito entre Enron y YPFB -que lleva la rúbrica de Rebbeca Mark (en representación de Enron), la rúbrica de Sánchez de Lozada, el presidente de la petrolera estatal, Mauricio González y el canciller, Antonio Araníbar-, no existe en Bolivia, según fuentes oficiales de la estatal.

Juan Carlos Virreira cuestionó a quienes hicieron la capitalización por no existir toda la transparencia que se requiere para conocer las inversiones que se realizan y otra información necesaria para una fiscalización soberana.