El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal - Los gastos fiscales

 En el período neoliberal (1985 hasta el 2005) predominó la mayor presencia de los gastos corrientes, trasladando sistemáticamente recursos destinados al gasto de capital hacia éste gasto. También los intereses de la deuda externa y de la deuda interna, que se venían incrementando especialmente desde 2001, influyeron en los mayores egresos. Es importante mencionar que el pago de pensiones, producto de la reforma del Sistema de Pensiones neoliberal de 1997, tuvo un importante papel en la explicación del déficit fiscal.

Otro de los elementos centrales fue el efecto de la privatización de las empresas estatales, especialmente de YPFB, ya que a partir de esa fecha se debió importar crudo y diésel oil para abastecer el mercado interno que, ante el incremento de precios del petróleo en el mercado internacional, se constituyó en una gran carga para las arcas fiscales. Todos estos elementos presionaron para que se incremente el gasto fiscal. Como resultado, en el siguiente cuadro se tiene el comportamiento de los gastos:

Al iniciar el año 1985 los egresos totales se incrementaron, debido a los mayores gastos en servicios personales, servicios no personales, suministros y materiales, deuda pública y los gastos de transferencias y aportaciones.

Las remuneraciones tuvieron siempre un comportamiento en ascenso, acorde a los aumentos salariales diferenciados tanto para los sectores de educación y salud, como para el resto del sector público y, también se dieron aumentos al salario mínimo nacional. En algunos años, ocasionalmente, se realizaron pagos a la planta de empleados no permanentes que están contemplados en el D.S. N° 21316 de 3 de julio de 1986 y, en otros casos, incrementos en el número de ocupados que se reflejan en la planilla salarial del sector público.

La partida de compra de bienes y servicios tuvo un comportamiento errático con disminuciones y aumentos del gasto, que estuvieron de acuerdo con las acciones de achicamiento del Estado en la economía. Por ejemplo, se tuvo incrementos en las adquisiciones de bienes y servicios, especialmente compras de gasolina que realizó YPFB residual en su función de distribuidor mayorista.

Una vez que se privatizaron las empresas estatales, particularmente, YPFB en el año 1998, el mayor gasto del SPNF fueron las compras de crudo y diésel por parte de YPFB para su venta en el mercado interno, este hecho se constituye en la primera compra de la empresa.

Los gastos de capital o inversión pública subieron en los primeros años después del ajuste y se destinó una buena parte a las empresas públicas. A partir de 1995, los gastos de capital disminuyeron como resultado de la privatización de las empresas dependientes de corporaciones y prefecturas, y de la capitalización de empresas públicas. Este detalle es importante debido a que la inversión pública, una vez iniciada la privatización de las empresas públicas, disminuyó porque las entidades dinámicas en inversión pública ya no figuraban en el presupuesto público. Se observa también, que este proceso era sistemáticamente decreciente, lo que tiene connotaciones importantes, ya que por un lado favorece a la disminución del gasto y, por tanto disminuye la presión sobre el déficit fiscal, pero por otro lado, implica un sacrificio para el futuro al no conformarse en esos años una Formación Bruta de Capital Fijo del país que permitiera un potencial productivo mayor para los bolivianos. La apuesta fue una vez más, que esa tarea la iba a realizar el sector empresarial privado. Con esto se cumplía otros de los objetivos de la implantación del modelo neoliberal, el achicamiento del Estado y su menor participación en la economía.

Es importante mencionar que los egresos de capital correspondieron fundamentalmen te a los aportes del TGN a las instituciones descentralizadas, especialmente al Servicio Nacional de Caminos (SNC) como contraparte local por créditos recibidos de los organismos internacionales.

El año 2003, la inversión total se contrajo en más del 11%, y la inversión privada cayó en más del 18% y la pública apenas logró ejecutar el 78% del monto presupuestado, mostrando con claridad el desvío de recursos públicos para financiar los gastos corrientes. Además, las inversiones ligadas a la capitalización estaban terminando y habían concluido los proyectos de construcción de gasoductos.

Cabe señalar que en algunos años se cuenta con ingresos de capital que no tienen una contrapartida de un incremento en la inversión pública, lo que muestra que estos recursos fueron destinados también al gasto corriente.

Por su parte, los nuevos créditos externos estuvieron determinados por la necesidad de contar con divisas frescas para atender las necesidades del pago de la misma y para financiar los déficits fiscales recurrentes. Se requería estar al día con los pagos a los acreedores externos para lograr, con la ayuda del FMI y el Banco Mundial, nuevos créditos y desembolsos de deuda externa que servirían, a su vez, para cumplir con un nuevo ciclo contratación de nueva deuda externa, su acumulación, los desembolsos percibidos y e e pagos y nuevos desembolsos. Este particular hecho se observa cuando se compara la servicio de deuda externa pública en ese período y la casi nula acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de Bolivia.

En 1996, disminuyó el gasto por intereses de la deuda externa debido a la renegociación de deuda bilateral en el denominado Club de París (París V y VI).

Las emisiones de títulos valor de deuda interna estaban relacionados con la necesidad financiar el déficit fiscal y coadyuvar a la política monetaria del Banco Central de Bolivia. de financiar las deficiencias de liquidez del Tesoro General de la Nación en esos años, A partir de la gestión 1999 se registraron elevados pagos por concepto de intereses de la deuda interna que se emitió para financiar los déficits públicos. Este tema de la deuda interna se presentará ampliamente más adelante.

En lo referido al pago de pensiones, antes de 1996, el rubro de Previsión Social mostró un cambio importante tras la aprobación de la Ley N° 924 de 15 de abril de 1987, donde se uniformó las cotizaciones para el financiamiento de las prestaciones de los sistemas básicos y complementarios de la seguridad social, quedando fijados los mismos en 5% para el aporte laboral y 5% para el patronal, sobre el total ganado de sus asegurados. Asimismo, se estableció el aporte estatal del 1% del total ganado de los asegurados del país.

En el año 1997, se incrementan los pagos de pensiones por la ampliación de beneficiarios del Sistema de Reparto, la disminución en la edad de jubilación y la ampliación del plazo para el inicio de los trámites. Asimismo, se impulsaron a muchas personas a jubilarse tempranamente, dejando de contribuir con sus aportes y percibiendo a la vez una renta. Por el año 2002, el pago a pensiones volvió a crecer más aún por la indexación del pago de la pensión al tipo de cambio, de ahí que, para frenar el constante incremento de las pensiones del Sistema de Reparto tanto por las nuevas jubilaciones como por el incremento persistente del dólar estadounidense, los gobiernos neoliberales tuvieron que fijar una renta máxima de Bs8.000. En resumen, los pagos de pensiones a los jubilados fue otro elemento fundamental que explica gran parte del déficit fiscal del SPNF.

De igual manera, el gasto en subsidios a los hidrocarburos fue de gran importancia durante el periodo neoliberal, ya que representó una fuerte erogación de recursos por parte del TGN.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal - Los ingresos fiscales

 Si bien hubo una política expresa de incrementar los ingresos fiscales genuinos, en la práctica, a medida que transcurría el tiempo, esto no se plasmó en la realidad.

La reducción de los ingresos fiscales durante el período neoliberal fue originada, sin duda, por la privatización de las empresas públicas, lo que ocasionó que los excedentes económicos generados salieran del país. También, en esta disminución tuvo mucho que ver el contexto internacional de crisis a partir de 1997 que ocasionó un descenso en la producción.

A partir de 1985 existía la intención expresa de incrementar los ingresos fiscales, por- que eso permitiría cumplir con uno de los requisitos para abatir la hiperinflación. Para la consecución de este objetivo se debería obtener ingresos genuinos que no generen presiones al nivel de precios de la economía ni atenten contra las utilidades de las empresas privadas.

Entre los años 1985 y 1986, los ingresos más importantes fueron los recursos generados por YPFB que fueron determinados por el aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos. En 1987, específicamente en abril, entra en vigencia la Ley N° 843, de Reforma Tributaria, y la recaudación efectiva se da a partir del mes de junio, esta ley modificó la anterior legislación que gravaba al ingreso y a las utilidades cambiándola por un sistema que se dirige hacia el gravamen del consumo y el patrimonio y por esa razón tributarias de renta interna como resultado de la creación de los siguientes impuestos: es considerada regresiva. Este hecho permitió que se incrementaran las recaudaciones Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), entre los más importantes.

Se mantuvieron vigentes los impuestos bajo la Ley General de Hidrocarburos, Código de Minería y los impuestos y regalías por la explotación y comercialización de la goma, castaña y madera, para los departamentos productores.

Respecto del conjunto de las empresas públicas, YPFB fue la más importante debido a que incrementó sus ventas tanto en el mercado interno como en el externo. Este aspecto repercutió en las operaciones del TGN porque transfirió un gran porcentaje del total de los ingresos, tanto por operaciones internas como externas.

En el año 1990, se establecieron nuevos mecanismos para incrementar los ingresos fis- cales y se modificaron las alícuotas de algunos impuestos. El resultado fue un aumento de la presión tributaria. A partir de esta gestión los ingresos subieron por las siguientes modificaciones:

i) La alícuota del IVA subió de 10% al 13%

ii) La ratificación del impuesto del 20% al consumo de energía eléctrica superior a 120 KW/mes (excluyendo al consumo industrial)

iii) La alícuota del Impuesto a las Transacciones subió de 1% al 2%.

El propósito de estas modificaciones fue compensar la reducción en los ingresos por concepto de la venta de gas a la Argentina.

A mediados de los años noventa los ingresos subieron por factores de eficiencia en renta interna, debido a la fiscalización operativa realizada por la Dirección General de Impuestos Internos a través de la nueva facturación, de la reinscripción al Régimen Único de Contribuyentes y de la verificación, control y cruce de facturas. También se iniciaron las reformas económicas más significativas que tuvieron impacto fiscal, como ser:

i) La capitalización de empresas públicas (Ley N° 1544 de 21 de marzo de 1994), mediante la cual se capitalizaron las siguientes empresas: YPFB, Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Empresa Metalúrgica Vinto.

ii) La Participación Popular (Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994)

iii) La Ley N° 1606 de 22 de diciembre de 1994, que modificó la Ley N° 843 

iv) La Descentralización Administrativa (Ley N° 1654 de 28 de julio de 1995)

Es importante añadir que los incrementos en el ingreso también estaban en función de los reajustes de precios de los hidrocarburos que se vendían en el mercado interno.

A partir del año 1996, el Gobierno continuó con las reformas con impacto en el sector fiscal, tales como:

i) El 21 de noviembre de 1996, el Gobierno dio en concesión al Consorcio Americano Airport Group International la administración del servicio aeroportuario de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

ii) El 5 de diciembre de 1996, tres unidades de YPFB en el área de producción y transportes se capitalizaron siendo los socios: Amoco Bolivia Petroleum; Consorcio Argentino YPF - Peréz Companc - Plus Petrol y Enron Transportadora Shell.

iii) El 12 de diciembre de 1996, concluyeron las actividades de la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA) y se creó la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) como entidad pública descentralizada que estará bajo la tuición del Ministerio de Hacienda.

iv) En junio de 1998, la Unidad de Servicios de Perforación de YPFB fue vendida.

v) El 23 de septiembre de 1999, SOBOCE compró el 33,3% de las acciones de la Fábrica de Cemento Sociedad Anónima (FANCESA) por un valor de $us26 millones.

vi) El 15 de noviembre de 1999, se adjudicaron las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz a las empresas Petrobras de Brasil y Pérez Companc de Argentina por un monto equivalente a $us 102 millones.

vii) También, en 1999 se da como concesión y licencia de operaciones para la red de telecomunicaciones al consorcio Western Wireless International por el equivalente a $us 15,4 millones.

viii) En marzo de 2000, se vendió la Empresa Metalúrgica de Vinto.

ix) En julio de 2000, se privatizaron los activos de poliductos y plantas de almacenaje de YPFB.

x) En noviembre de 2000, se firmó un contrato de transferencia del negocio de suministro de combustible de aviación en aeropuertos.

xi) En la gestión 2001 se tuvo la implantación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) en todas las entidades de la administración central. También, se realizó el Plan de Readecuación Financiera (PRF), orientado a lograr el saneamiento y sostenibilidad fiscal de entidades públicas con problemas de endeudamiento.

xii) En agosto de 2003, se presentó el Nuevo Código Tributario

De esta manera, encontramos varias razones de por qué disminuyeron los ingresos públicos, ya que una vez que fueron vendidas las unidades productivas del Estado, la producción de las mismas disminuyó. Es importante subrayar que los recursos provenientes de la venta de hidrocarburos se redujeron por efecto de la capitalización de YPFB a partir de 1997.

Mediante la Ley N° 2047 de 28 de enero de 2000 se incrementaron las tasas ad valorem y específicas de los productos sujetos a tributación. Ese mismo año, el 3 de abril la Ley N° 2064 de Reactivación Económica determinó: i) la exención del cobro de impuestos para depósitos de mediano y largo plazo; ii) el tratamiento del turismo como exportación; ii) la reducción del impuesto a los inmuebles a los hoteles; iv) la modificación de la base imponible de bienes importados para el cálculo del ICE; y v) la eliminación del impuesto a las mejoras en la propiedad inmueble agraria. Todas estas medidas estaban claramente dirigidas a aumentar las ganancias del sector empresarial, pretextando aumentar su productividad y hacerlas más competitivas.

El 23 de noviembre de 2000 la Ley N° 2152, complementaria y modificatoria a la Ley N° 2064, dispuso: i) la restitución de las alícuotas para cigarrillos y vehículos (50% y 18% respectivamente); y ii) la fijación de tasas específicas (por litro) para bebidas envasadas (Bs0,18); chicha de maíz (Bs0,37); alcoholes (Bs0,71); whisky (Bs6,00) y para el resto de bebidas y aguardientes (Bs1,44), que dejaban entrever las necesidades de mayores ingresos fiscales.

Para suavizar el impacto de las elevaciones de precios internacionales del petróleo en el mercado interno mediante D.S. N° 25836 de 7 de julio de 2000 el gobierno estableció como precios máximos de referencia un precio fijo de $us35,6 por barril (para la gasolina especial) y de $us32,2 por barril (para el diésel oil). Por tanto, a partir del año 2000 se empieza a subvencionar los hidrocarburos.

A mediados de la gestión 2001, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos residual cesó sus actividades como distribuidor mayorista de hidrocarburos. Esta actividad le generaba ingresos adicionales por la venta en el mercado interno y gastos por la compra de los mismos. Por lo tanto no afectaron el déficit de esa gestión, pero si el nivel de ingresos y gastos.

A partir de agosto de 2001, el gobierno decidió mantener la estabilización de los precios internos de algunos hidrocarburos a través de ajustes al IEHD, reemplazando los esquemas de compensación de deudas con las empresas petroleras. De esta manera, incrementos en el precio internacional de referencia no alteraban los precios finales para el consumidor interno, sino que reducían el IEHD y cuando disminuía el precio inter. nacional de referencia, aumentaba el IEHD. Los mecanismos de ajuste para estabilizar los precios internos de los productos derivados del petróleo determinaron, en general, menores precios para la mayoría de ellos. Por su parte, la gasolina especial y el diésel mantuvieron sus precios fijos.

En la gestión 2001, como resultado de la baja tasa de crecimiento económico y del efecto de los incentivos tributarios concedidos en la Ley de Reactivación Económica, los ingresos tributarios registraron una disminución.

Durante la gestión 2002, los ingresos por impuestos sobre hidrocarburos empezaron a disminuir debido al sistema de estabilización de precios para el consumidor final de algunos productos regulados, como la gasolina especial y el diésel oil. Es así que, una subida del precio internacional del petróleo determinaba la disminución de la alícuota del IEHD y, en el caso del GLP implicaba la modificación del margen de refinería que se financió a través de la emisión de notas fiscales. Debido a estas medidas, no se alteraron los precios al público de la gasolina especial, el diésel oil y el GLP.

El año 2003, el PIB creció en 2,7%, tasa ligeramente superior al de la población que fue de 2,3%. Las exportaciones fueron el motor del crecimiento y no así la demanda interna que fue poco dinámica por la debilidad del consumo privado y por la disminución de las inversiones, particularmente la Inversión Extranjera Directa (IED). Además, los conflictos sociales y políticos afectaron el normal funcionamiento del sistema financiero y redujeron la actividad económica.

En el área tributario, el 2 de agosto de 2003 se promulgó la Ley N° 2492 del Código Tributario Boliviano, esta disposición es un elemento clave en la agenda de la reforma de la administración tributaria, mediante la cual se fortalecieron las capacidades de sanción del SIN y de la Aduana Nacional. De igual manera, el D.S. N° 27149 de 2 de septiembre de 2003 estableció un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el  pago de adeudos tributarios en mora al 31 de diciembre de 2002.

Por su parte, la renta aduanera disminuyó durante 2003 resultado de las menores importaciones y de la desgravación arancelaria acordada con el MERCOSUR.

Desde el año 2004 y ante el mejoramiento del contexto económico internacional, los ingresos corrientes aumentaron debido a las recaudaciones tributarias que fueron extraordinarias y temporales, la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y de los ingresos provenientes de la mayor producción de hidrocarburos. 

A partir de año 2005 se incrementaron los ingresos tributarios como resultado de la aplicación del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH), aumentos de las regalías sobre  hidrocarburos, mayores recaudaciones por el IVA y el Impuesto a las Utilidades de las del precio internacional del petróleo desde el año 2003, aspecto que originó mayores utilidades para las empresas petroleras y permitió la generación del Surtax que es una alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no renovables.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - La política fiscal, la reforma de pensiones y la deuda pública - La política fiscal

 Antes de 1985 existía un gran déficit fiscal que de acuerdo a estudios realizados, era uno de los determinantes del proceso inflacionario que se transformó luego en hiperinflación.

Entonces la acción de la política pública a partir del D.S. N° 21060 a través de las medidas de congelamiento de los salarios, reducción de la inversión pública, cada vez menor  participación del Estado en la economía, achicamiento del Estado en general, pretendía eliminar la presión del déficit fiscal y su transmisión al nivel de precios de la economía.

Así, las acciones fundamentales y/o prioritarias de política fiscal se dirigieron a reducir el déficit fiscal; sin embargo, nunca pudieron eliminarlo. Al mismo tiempo, se tenía en mente implementar y aplicar el modelo neoliberal que tuvo como objetivo primordial el impulso a la economía de mercado bajo la dirección e iniciativa de la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Como consecuencia de todo este conjunto de acciones, tenemos los resultados globales, corrientes y primarios en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia en base a Información de la Dirección General de Entidades Territo-

riales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Nota: Los valores de las gestiones 1985 a 1989 fueron obtenidas de las Memorias del

Banco Central de Bolivia

n.d. No disponible

Como se observa, se tuvo 21 años consecutivos de déficits fiscales globales en la economía boliviana, desde 1985 hasta el 2005, que sumados a los muchos otros tantos verificados en gestiones pasadas, marcaban una característica estructural del comportamiento de las cuentas fiscales en nuestro país.

A continuación analizaremos el comportamiento de: i) los ingresos clasificados por sus componentes y las acciones de política fiscal que se realizaron para su desenvolvimiento; ii) los gastos y las acciones de política fiscal para su reducción; y iii) el resultado que se obtuvo, ya sea de superávit o déficit fiscal, su utilización y su forma de financiamiento.

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 La política fiscal durante el período neoliberal estuvo orientada a disminuir los consecutivos déficits fiscales, resultado de menores ingresos debido a la privatización de las empresas públicas y los mayores gastos corrientes. Durante esta fase, se realizó la Reforma de Pensiones, que tuvo como principal objetivo la reducción del gasto social mediante el establecimiento de una capitalización individual y la eliminación del aporte patronal.

La crisis de la deuda pública en Bolivia se originó por el endeudamiento externo que con de la deuda externa pública aplicadas durante todo el período neoliberal, que provocaron trajo la dictadura banzerista en los años 70 y por las deficientes estrategias de reducción de la deuda externa pública aplicadas durante todo el período neoliberal, que provocaron una insostenibilidad del peso de la deuda en relación al PIB.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal

 En el área fiscal, este período se caracterizó por déficits fiscales consecutivos, resultado principalmente de la privatización de las empresas públicas estratégicas, y por un endeudamiento público insostenible que originó una crisis en el país, debido a las deficientes reformas aplicadas a partir de 1985.

En cuanto a la política monetaria, el control de la inflación se convirtió en un fin en si mismo, aún a costa de un estancamiento absoluto y un mayor empobrecimiento.

La política cambiaria de ese entonces profundizó la dolarización, debido a las constantes devaluaciones del boliviano frente al dólar estadounidense.

En materia financiera, con el D.S. N° 21060 se otorgó las más amplias facultades a la banca privada y al sistema financiero, para operar libremente en el mercado financiero.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La Capitalización

 La Ley de Capitalización No 1544 de 21 de marzo de 1994, dispuso la conversión de las empresas públicas en sociedades de economía mixta, cuyo aporte de activos estaba constituido por el valor en libros del patrimonio de dichas empresas.

Las empresas que se capitalizaron fueron: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV).

Un año después, mediante D.S. N° 24146 de 19 de octubre de 1995, se incluye en el proceso de capitalización de empresas públicas a Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y en 1999 mediante Ley No 1982 de 17 de junio de 1999, se excluye de la capitalización a la Empresa Metalúrgica Vinto para encausarla en el esquema de privatización directa.

La capitalización fue la gran estafa al país y a los intereses nacionales, porque se enajenaron las empresas públicas estratégicas, nos despojaron el patrimonio nacional al capital extranjero. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada mentía al país cuando la capitalización no era señalaba que no se iba a enajenar el patrimonio nacional porque privatización, pero los hechos posteriores demostraron que la capitalización era una privatización a plazos, que en realidad se trataba de la descapitalización del país.

El presidente Sánchez de Lozada que entregó nuestras empresas públicas estratégicas al capital transnacional, le ofreció al país, con la llamada capitalización, un crecimiento de la economía a un ritmo de por lo menos 8% anual y la creación de más de 500.000 empleo para que los bolivianos tengan un empleo digno, la realidad muestra que nada de eso se cumplió.

La capitalización fue un proceso plagado de irregularidades y falta absoluta de transparencia, marginando incluso al sector privado nacional. Los contratos de capitalización escritos en inglés, sujetos a las leyes del país de origen, en algunos casos firmados fuera del país, no fueron ratificados por el Congreso Nacional y menos conocidos por los bolivianos. Fue un proceso dirigido al capital transnacional por las condiciones puestas en los términos de las licitaciones y cerradas con siete candados a la inversión privada nacional. Estas también fueron parte de las condiciones impuestas por los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. De este modo se garantizaba la salida de los excedentes generados en estas empresas al exterior.

El gobierno, que no tenía soberanía sobre las decisiones de políticas públicas, estaba so- metido a las presiones del FMI para la privatización de las empresas públicas, hechos que se podían observar en los Memorandums de Entendimiento y Cartas de Intenciones que suscribían con autoridades nacionales para recibir algún crédito de ajuste estructural del organismo financiero internacional.

El proceso de capitalización fue muy costoso para el país, se pagaron - con recursos de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo- gastos por consultorías de evaluación para la puesta en oferta de las empresas nacionales en los mercados de Estados Unidos y Europa principalmente. Las empresas públicas, como se decía en esa época, fueron valoradas a precios de "gallina muerta". Se estima en más de $us200 millones los gastos del proceso de capitalización, que se sumaban al endeudamiento externo que se ponía sobre las espaldas de los bolivianos, créditos que, además, eran utilizados para presionar o imponer las medidas del PAE del FMI.

Andrés Soliz Rada, en su artículo titulado "Las langostas de la capitalización" denuncia que: "Juan Cariaga ex-Ministro de Paz Estenssoro se embolsilló 350.000 dólares por buscar socios para el LAB en Asia, Estados Unidos y Europa y diseñar un impuesto adicional a las petroleras (el surtax). No halló ningún socio. La empresa fue entregada a delincuentes brasileños y el impuesto resultó incobrable. Claude Bessé, además de cobrar su suculento sueldo de Superintendente, firmó contratos de consultoría por 263.000 dólares. El ex-Superintendente de estrangularon a YPFB. De manera paralela, escribía notas periodísticas en las que aparentaba Hidrocarburos, Mario Miranda Pacheco, se benefició con 70.000 dólares por aportar ideas que defender el interés nacional. Cayetano Llobet cobró 14.000 dólares por un informe cuyo texto no aparece, en tanto simulaba ser un analista independiente y objetivo". 

En esta gran estafa a los intereses nacionales, se tiene por ejemplo las irregularidades en la capitalización de YPFB, cuando en la clasificación de los campos petroleros –entre los que tenían reservas probadas y los que tenían reservas probables- se modificó la existen- te, registrando campos que tenían reservas probadas y debían pagar el 50%, como campos con reservas probables que pagaban sólo el 18%. Un ejemplo preciso es el caso del mega campo San Alberto que fue clasificado como campo nuevo, el campo hidrocarburífero más grande del país, todo esto para beneficiar a las transnacionales capitalizadoras.

Es incomprensible cómo se pudo entregar tan impunemente nuestras reservas de gas para que paguen un 18% de renta, en campos que ya eran trabajados o conocidos por YPFB. Se estimó en $us3.000 millones las pérdidas por este concepto en el tiempo de duración de los contratos con los niveles proyectados de producción y precios de esa época. Las empresas capitalizadoras, no solamente se llevaron las empresas y su ubicación en sectores estratégicos de la economía boliviana, también se apoderaron, como en el caso de YPFB, de valiosa información, es decir conocimiento. Se llevaron todos los trabajos de prospección y exploración petrolera realizada por YPFB, seleccionaron y se asignaron, a título gratuito, a los mejores técnicos y profesionales de las empresas, es decir un capital humano formado por las empresas públicas al costo del Estado.

En el tema del empleo en las empresas, también hay observaciones, como que, no sola- mente jamás aparecieron los 500.000 empleos ofrecidos por Sánchez de Lozada, sino que los empleos en las empresas capitalizadas fueron reducidos. Por ejemplo, en ENTEL que en 1996 tenía 2.095 puestos de empleo en 1999 se habían reducido a 1.437, en la Empresa Ferroviaria Andina entre los mismos años, de 573 empleos pasaron a 325 y en la Empresa Ferroviaria Oriental de 722 pasaron a 4893³.

En el caso de los ferrocarriles, desmantelaron la red ferroviaria occidental, desactivaron cientos de kilómetros de la ruta La Paz-Oruro, Oruro-Cochabamba, Oruro-Potosí y Potosí-Sucre.

Otro desmantelamiento ocurrió con la línea bandera, el Lloyd Aéreo Boliviano entrega- la VASP desmantelaba aviones del LAB, quitándole motores y otras partes para llevarlos al exterior, dejando finalmente al LAB en un estado de quiebra irremediable. Podríamos preguntarnos en qué consistió la capitalización del LAB, en aumento de su patrimonio o en el saqueo completo de la empresa.

3 Información contenida en el documento "Evolución del Sector de Transportes 1990-2001", realizada por la Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), 2003. Pág. 134

En lo referente a los rendimientos económicos, el Estado recibía de las empresas capitalizadas menos recursos que antes de la capitalización. Por ejemplo, ENTEL el último año antes de la capitalización entregó al Tesoro General de la Nación $us$2 millones en 1999 entregó $us17 millones. Después de la capitalización sospechosamente todas las empresas mostraban baja rentabilidad.

En el caso de ENTEL es pertinente señalar que ésta empresa antes de la capitalización había realizado inversiones que hicieron innecesario aumentarlas posteriormente, por que los capitalizadores realizaron sus obligaciones de inversión en ENTEL con bonos de tesoro americano por $us300 millones, es decir, la empresa prestaba dinero al gobierno americano con intereses menores a los que el país pagaba por créditos externos.

Asimismo, es curioso observar menores tasas de rendimiento en empresas que después de la capitalización subieron las tarifas por los servicios que prestaban, como es el caso de las tarifas de ENTEL, del LAB y de la Empresa Ferroviaria Oriental.

En la capitalizada ENTEL se denunció el cobro irregular de los socios italianos por $us 100 millones a nombre del contrato de administración, así también el pago de salarios a técnicos y ejecutivos italianos hasta de $us 1.470 día/hombre, un nivel exorbitante para la realidad boliviana. Remuneraciones comunes en las empresas capitalizadas, además de denuncias sobre proveedores únicos y otras irregularidades.

Por otro lado, dentro la falta de transparencia con la que se manejó todo este proceso los “bolivianos” que poseían el 49% de las acciones en las empresas tenían derecho a elegir su representación en el Directorio de las mismas; no obstante, no se sabía cómo se designaban esos representantes en los Directorios, quiénes eran y qué hacían, ya que no informaban a los bolivianos, a los que supuestamente representaban, sobre las actividades y la situación de las empresas capitalizadas.

La Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) fue excluida del esquema de capitalización y llevada al proceso de privatización directa; sin embargo, sospechosamente la empresa que se adjudicó la compra de la EMV fue una empresa en la que participaba Sánchez de Lozada.

En febrero de 2003, por presión social el gobierno designó a Juan Carlos Virreira como Delegado Presidencial para la revisión de la capitalización, joven profesional que murió trabajo. En una entrevista con periodistas del periódico "El Juguete Rabioso" en febrero en un extraño accidente de aviación cuando se aprestaba a entregar el informe final de su de 2004, Virreira afirmaba que "las petroleras no pueden seguir gozando de las ventajas que hoy tienen", cuestionaba que las elites políticas en su ortodoxia neoliberal debilitaron al Estado, quitándole sus capacidades de fiscalización que le hubieran permitido enmendar deficiencias que se produjeron en el proceso. Cuestionó también el papel de profesionales que se convirtieron en los convalidadores ideológicos de la capitalización, que escondieron sus falencias y a raíz de ello empresas fraudulentas como la Enron no fueron investigadas. Esta empresa norteamericana quebró estrepitosamente en 2001, investigada contabilidad fraudulenta y tráfico de influencias por financiar candidaturas en los Estados Unidos.

En julio de 1994, Sánchez de Lozada firmó un contrato con Enron en Estados Unidos "gobernado, interpretado y ejecutado por las leyes del Estado de Nueva York" (Osvaldo Calle, 2001: 12), en clara vulneración de la soberanía nacional, "... vamos a hacer el negocio del siglo" afirmaba Sánchez de Lozada. El contrato otorgaba a Enron la exclusividad en la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil; por la que, esta empresa era responsable de desarrollar y lograr el cierre financiero para la ejecución del gasoducto. No obstante, la empresa transnacional no invirtió ni un centavo para la construcción del gasoducto, en contrapartida Enron obtuvo el 40% de la participación del lado boliviano del gasoducto el 8% en el tramo brasileño. Para la petrolera estadounidense no podía haber mejor negocio, tener 40% de un negocio sin invertir nada.

Posteriormente, pese a la indignación de saber que el gobierno de Sánchez de Lozada mantuvo a esta empresa aun cuando no había invertido en el país, con el D.S. N° 24617 de 14 de mayo de 1997, el gobierno subrogó el contrato de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas (suscrito entre Enron y YPFB) al contrato de capitalización, luego de que la transnacional se adjudicara la unidad de transportes de la estatal petrolera. Esta medida trató de invisibilizar el ingreso irregular de Enron en el país.

En efecto, la participación de la transnacional en la capitalización de YPFB fue cuestionada por otras petroleras interesadas en ser parte del proceso, ya que se dio ventajas a la compañía norteamericana, al cual se suma el hecho de que el documento original del primer contrato suscrito entre Enron y YPFB -que lleva la rúbrica de Rebbeca Mark (en representación de Enron), la rúbrica de Sánchez de Lozada, el presidente de la petrolera estatal, Mauricio González y el canciller, Antonio Araníbar-, no existe en Bolivia, según fuentes oficiales de la estatal.

Juan Carlos Virreira cuestionó a quienes hicieron la capitalización por no existir toda la transparencia que se requiere para conocer las inversiones que se realizan y otra información necesaria para una fiscalización soberana.

El MESCP Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Plan de Estabilización en Bolivia - El Consenso de Washington

 Las políticas económicas que se constituyeron en el denominado Consenso de Washington, fueron originalmente formuladas por John Williamson a fines de 1989 y se trataba de un listado de 10 medidas, planteadas supuestamente para impulsar el crecimiento en América Latina en un marco de estabilidad y de libre mercado. Aunque en el fondo lo que buscaban las instituciones financieras con sede en Washington, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), era encontrar soluciones al problema de deuda externa que, a pesar de los programas de libre mercado y desmantelamiento de las empresas públicas, no lograban la reactivación productiva y el peso del servicio de la deuda externa continuaba siendo muy fuerte. En realidad el Consenso se elaboró para encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar la crisis de la deuda externa en la región.

Las políticas económicas planteadas por el Consenso fueron las siguientes:

1. Disciplina presupuestaria: Disciplina fiscal, equilibrar el gasto público y los recursos disponibles para financiarlo.

2. Cambios en las prioridades del gasto público: Reducir el déficit, reducir los gastos, tratar de eliminar subsidios y destinar recursos a la educación y la salud.

3. Reforma impositiva: Ampliar la base de sectores que tributen al Estado. 

4. Liberalización financiera: Los tipos de interés deben s3r determinados por el mercado y ser positivos en términos reales.

5. Tipo de cambio competitivo: Que también sean determinados por el mercado. 

6. Liberalización del comercio exterior: Principalmente liberalizar las importaciones levantando todas las restricciones existentes.

7. Política de apertura para la IED: Eliminación de barreras a la inversión extranjera directa.

8. Privatización de empresas públicas: Desmantelar las empresas públicas en favor del capital transnacional.

9. Desregulación de los mercados: Levantar las regulaciones estatales sobre empresas privadas, inversiones, transferencia de utilidades al exterior, control de precios, barreras a las importaciones, impuestos a la utilidad de las empresas.

10. Protección de la propiedad privada: Garantizar los derechos de propiedad, seguridad jurídica para la propiedad privada.

Los cambios de política en la región recibieron el apoyo de las instituciones financieras internacionales y se reforzaron con créditos vinculados a las reformas.

Las políticas establecidas por el Consenso de Washington, si bien permitieron el control de la inflación y la reducción del déficit fiscal, fueron negativos en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, distribución del ingreso y condiciones sociales. En general, el aumento del desempleo y la ampliación de la pobreza, fueron los resultados de la aplicación de las medidas del Consenso de Washington.

Estas políticas no dieron los resultados esperados porque eran estructuralmente recesivas y no respondían a la realidad socioeconómica boliviana.