La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector agropecuario - Desempeño del sector agropecuario

 En el último novenio, el sector agropecuario continuó siendo la segunda actividad de mayor participación en el PIB (12,9% promedio 2006-2014), después de la industria manufacturera. Así, a pesar de los fenómenos climatológicos (67) suscitados durante 2006, sostenible de 2,7% promedio. No obstante, en los últimos cuatro años (2011-2014), el 2007, 2009, 2010 y parte de 2014, el PIB agropecuario presentó una tasa de crecimiento crecimiento promedio del sector agropecuario supero este promedio y se situó en 3,9%. pecuarios que lograron incidir en 1,2%, le siguió la producción agrícola no industrial con La tasa de expansión de 2,7% promedio, resultó del buen desempeño de los productos 0,9% y más abajo con menor contribución porcentual se encontraron los productos agrícolas industriales (0,4%), silvicultura, caza y pesca (0,3%) y coca (0,03%).

Por su parte, las mayores tasas de crecimiento registradas en 1996 (6,7% de expansión) y 2003 (8,7%), resultaron del crecimiento de los productos agrícolas industriales con expansiones de 19,3% y 23,9%, respectivamente. El comportamiento más dinámico del grupo agroindustrial ocurrió principalmente en la zona oriental del país, en el departamento de Santa Cruz, fundamentado por un crecimiento perceptible de soya, girasol y algodón.

67 De acuerdo a información del Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC), el fenómeno de "El Niño de "La Niña" se dio entre 1983, 1984 y 1989 así como en 2007, 2008 y 2010. A principios de 2014 el país 1983,1988, 1992, 1998 y entre 2006, 2007, 2008 y 2009 mientras que el fenómeno se presentó en presentó fuertes inundaciones, principalmente en el Oriente del país

La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector agropecuario - Marco regulatorio del sector

 El modelo neoliberal, que priorizó las políticas denominadas de primera y segunda generación, postergó apremiadamente los problemas estructurales que atravesaba el sector agrícola como: inequidad en el acceso a la tierra, lento avance del proceso de saneamiento, excesiva expansión de la frontera agrícola en el trópico boliviano, que ponía en riesgo a  los bosques naturales, reducida superficie bajo riego, entre otros. Así, durante el período neoliberal, la agricultura estuvo orientada hacia la exportación en un contexto de políticas neoliberales acordes al "Consenso de Washington", el cual privilegia principalmente apertura externa y liberalización interna de la economía.

En este contexto, el nuevo marco diseñado por el gobierno, desde 2006 se sustentó en el Plan Nacional de Desarrollo y se encuentra incorporado en el Plan de Desarrollo Sectorial "Revolución Rural, Agraria y Forestal", elaborado por el entonces Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

El Plan define el cambio de la estructura agraria, para superar los problemas de tenencia y distribución de la tierra, innovación tecnológica, cobertura de riego, financiamiento, niveles de pobreza y otros. Para ello, establece tres objetivos: Primero, avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria que se logrará con la aplicación de tres políticas en forma articulada que son: i) transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, ii) transformación de los patrones productivos y alimentarios, y iii) agua para la producción. Segundo, ampliar la contribución de la producción agropecuaria y forestal a los medios de vida de la población. Tercero, impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales utilizados en esta actividad.

En efecto, a inicios del período de administración del presidente Evo Morales se promulgó la Ley N° 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria de 28 de noviembre de 2006, que tiene por objetivo la eliminación de propiedades improductivas a través de procesos de reversión y expropiación a favor de pueblos indígenas y originarios. Con la citada ley se estableció lo siguiente:

• La eliminación de propiedades improductivas a través de procesos de reversión y expropiación a favor de pueblos indígenas y/u originarios,
• La protección de los derechos propietarios a través de la redefinición de lo que representa la Función Económico Social (FES), de modo que considere de un modo más integral los diversos usos que pueda darse a la tierra,
• La promoción del uso sostenible de los recursos naturales en función a la priorización de la vocación productiva de la tierra,
• • La incorporación de elementos de conservación y protección de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales, y
• La remisión del proceso de parcelamiento de las propiedades agrícolas principalmente en la región del Occidente.

El 26 de junio de 2011 se promulgó la Ley N° 144 de Revolución Productiva Comunitaria  Agropecuaria, considerada de máxima importancia. Esta ley, en su artículo 2 tiene por la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para de productos agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la economía técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra.

Por medio de la ley el Estado promueve y fomenta procesos de mecanización y tecnificación agropecuaria adecuados y adaptados a los diferentes pisos ecológicos, para incrementar la productividad y la optimización de la tierra. La norma crea el seguro Agrario Universal “Pachamama” con la finalidad de asegurar la producción agraria especialmente de los pequeños productores que están expuestos a los fenómenos climáticos adversos. Se establecen mecanismos de acceso al crédito, para tal efecto se crea el Fondo Crediticio Comunitario (FCC) a ser administrado en fideicomiso por el Banco de Desarrollo Productivo SAM con la finalidad de otorgar créditos para la producción agropecuaria. Se instauran programas de mecanización del agro, registro de tractores y equipamiento agropecuario; se efectúa la construcción y puesta en marcha de silos, centros de acopio y reserva; se adecuan e implementan programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados para todo el ciclo de vida; se incorpora la gestión integral del agua para la vida que se complementan con los programas MIAGUA y MIRIEGO, entre otros.

Inmediatamente a la promulgación de la Ley, el 2 de agosto de 2011 mediante D.S. N° 908, se reglamenta parcialmente el Seguro Agrario Universal "Pachamama", mediante la creación del Seguro Agrario para Municipios con mayores niveles de Extrema Pobreza- SAMEP; en la misma fecha por medio del D.S. N° 943 se establece el diferimiento del Gravamen Arancelario-GA por un plazo de cinco años a las mercancías identificadas en las subpartidas arancelarias (66), favoreciendo a las y los productores de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas.

En el nuevo MESCP vigente desde 2006, el sector agropecuario tiene un importante papel, que es el de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Es decir, por un lado debe garantizar la suficiente producción de alimentos para cubrir la demanda interna (de consumo directo de los bolivianos y aquella que sirve de materia prima para la industria nacional) y por otro, debe generar procesos productivos industrializadores cada vez con mayor valor agregado, destinados al mercado interno y para su exportación.

66 Según el Anexo adjunto al D.S. N° 943, entre las mercancías sujetas al diferimiento del gravamen arancelario se encuentran: semillas, frutos oleaginosos, esporas para siembra, fosfatos de calcio natural, aluminocálcicos naturales, etc. Las maquinarias son: Arados, rastras, escarificadores, cultivadores, extirpadores, sembradoras, plantadoras, esparcidores de estiércol, cortadoras de césped, guadañadores, prensas para paja o forraje, máquinas y aparatos para preparar alimentos para animales, máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, entre otros.

De manera similar, al formar parte de los sectores generadores de ingresos y empleo, el rubro agropecuario debe proveer productos alimenticios a los sectores generadores de excedentes económicos, quienes lo utilizarán como materia prima; por consiguiente, se genera un círculo virtuoso que permite construir la nueva matriz productiva.

Entre las disposiciones más recientes y relevantes de políticas públicas para este sector se tienen los siguientes:

• La Ley N° 3501 de Ampliación del Plazo de Saneamiento de 19 de octubre de 2006, que establece la ampliación del plazo para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en siete años, es decir, desde 2007 hasta 2013. 
• La Ley N° 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria, de 28 de noviembre de 2006, por medio de la cual se modifica e incorporan nuevas disposiciones a la Ley N° 1715 de Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996.
• Mediante D.S. N° 29215 de 2 de agosto de 2007, se reglamenta la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley N° 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria.
• El D.S. N° 29230 de 15 de agosto de 2007, crea la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), con el objeto de apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de la producción del agricultor.
• Mediante D.S. N° 29611 de 25 de junio de 2008, se crea el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal-INIAF, instancia encargada de garantizar la conservación y administración de los recursos genéticos de la agrodiversidad, parientes silvestres y microrganismos de las diferentes microregiones del país, con la finalidad de evitar la erosión genética.
• En junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua- EMAGUA, a través del D.S. N° 163, con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo. Dicha entidad se encuentra bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
•  Con el D.S. N° 71 de 9 de abril de 2009, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras-ABT, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular los sectores forestal y agrario.
•  El D.S. N° 443 de 10 de marzo de 2010, instituye el Programa Nacional de Forestación y Reforestación, que permite ampliar la contribución a la conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas y cuencas, disminución de los efectos del cambio climático.
• En agosto de 2010, se pone en vigencia el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario "Revolución Rural y Agraria 2010-2020" del Ministerio del Desarrollo Rural y  Tierras. El documento contiene políticas sectoriales y ejes estratégicos que se constituyen en lineamientos generales para el desarrollo del sector, el cual prioriza las siguientes áreas:
• Apoyo a la producción agropecuaria,
• Tratamiento de la temática tierra,
• Recursos forestales, y
• Desarrollo de la coca y su industrialización.

Este conjunto de acciones promueven el impulso de la economía plural, para avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria en el marco de un desarrollo rural integral y sustentable. Así, privilegian el fortalecimiento de las capacidades económicas, técnicas e institucionales del conjunto de los actores, principalmente de los grupos que se encontraban excluidos socialmente y subordinados económicamente.

Asimismo, entre otras normas relevantes para el sector se encuentran:

• La Ley N° 71 de Derechos de la Madre Tierra de 21 de diciembre de 2010, el cual tiene el objeto de reconocer los derechos de la Madre Tierra, las obligaciones y deberes del Estado y la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. El Estado debe desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, protección y precaución para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, y debe desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para el Vivir Bien. 
• Mediante D.S. N° 831 de 30 de marzo de 2011, se crea el Programa "Más inversión para el Agua-MIAGUA", para la dotación de agua para el consumo humano y riego, esto con el fin de garantizar la soberanía alimentaria del país y la reducción de la pobreza, incrementar la producción y la productividad agrícola y mejorar las condiciones de vida de la población.
• El D.S. N° 601 de 18 de agosto de 2010, crea el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Pecuario de Carne y Leche, con los siguientes componentes: i) Poblamiento y repoblamiento ganadero; ii) Mejoramiento genético de gana- do bovino; iii) Infraestructura productiva de apoyo a la ganadería bovina; iv) Asistencia técnica y capacitación y; v) Producción de forraje. Adicionalmente, esta norma autoriza el cierre del fideicomiso constituido para el componente financiero Poblamiento y Repoblamiento Ganadero Bovino, instituido por el D.S. 29231, en agosto de 2007.
• Mediante Ley N° 204 de 15 de diciembre de 2011, se crea el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo-PROLECHE y se establecen sus fuentes de financiamiento, en el marco de la política de seguridad alimentaria.
• En octubre de 2012, se promulga la Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra Vivir Bien.
• Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques de 9 de diciembre de 2012, establece un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011.
• La Ley N° 338 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias- OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias-OECOM para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria de 28 de enero de 2013, que tiene por objeto normar la agricultura familiar sustentable y las actividades familiares diversificadas realizadas por esas organizaciones. 
• El 6 de diciembre de 2013, por medio de la Ley N° 448, se crean el Programa Nacional de Frutas, Programa Nacional de Producción de Hortalizas, y Programa Nacional de Rumiantes Menores y Pesca bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de fortalecer al sector agropecuario, priorizando a los pequeños y medianos productores y estableciendo mecanismos de financiamiento para la ejecución de los mismos.

Por consiguiente, dada la importancia de este sector en la economía del país y el potencial de desarrollo, desde 2006 el gobierno nacional, como se pudo apreciar, propició una amplia normativa y diversos programas y proyectos dirigidos a fortalecer el sector agropecuario, promover la seguridad y soberanía alimentaria del país, mejorar las condiciones de producción, aumentar la productividad y rendimiento, encaminar los procesos de generación de valor agregado.

La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector industria manufacturera - Cuantía de empresas en el sector

 El clima económico favorable por el cual atraviesa nuestro país desde la aplicación del MESCP, posibilitó la creación de varios emprendimientos productivos, que repercutieron en la continua generación de empleo y la diversificación productiva. Según estadísticas del registro de comercio, delegada a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), en 2005 el número de empresas en la industria manufacturera sumaban a 8.856, ésta cifra fue superada en 219,3% hasta 2014, año en el que la base empresarial vigente se compuso de 28.277 empresas identificadas en este rubro.

La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector industria manufacturera - Consumo de energía eléctrica

 Un indicador que permite entender el buen desempeño del sector industrial, puede visualizarse en el índice de consumo de energía eléctrica, que logró registrar un crecimiento promedio sostenible de 7,1% en los últimos nueve años. El rubro que más progresó fue la fábrica de cemento (9,7% de expansión promedio), le siguieron la industria grande con 6.9% y la industria pequeña con 5,4%.

La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector industria manufacturera - Inversión en el sector

 La administración del presidente Evo Morales, desde 2006 consiguió incrementar continuamente los niveles de inversión pública. Así, en el sector de industria y turismo, durante el período 2006-2014, la inversión estatal acumulada llegó a $us387 millones, muy por encima del ejecutado entre 1987 y 2005 de $us62 millones. Del mismo modo, para 2015 se tiene presupuestado invertir $us271 millones, que representa un crecimiento de 127,1% respecto a 2014 y 40 veces más que el último año del período neoliberal.

La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector industria manufacturera - Desempeño del sector

 La industria manufacturera es la actividad económica más importante del país; puesto que, entre 2006 y 2014 representó en promedio 16,8% del PIB. La aplicación del MESCP y los mecanismos de apoyo que brindamos a la industria manufacturera han permitido que el valor agregado del sector en el último novenio logre un crecimiento sostenido de 4,9% promedio. Esta tasa fue superior al registrado durante todo el período neoliberal de 2,9%.

Dentro del sector industrial, la mayor participación en el valor agregado la tuvo el rubro de alimentos bebidas y tabaco (52,2% promedio 2006-2014), el resto se concentró en otras industrias. Las cifras más altas de crecimiento se registraron en los productos de minerales no metálicos (10,3%), le siguieron bebidas (7,0%), productos alimenticios diversos (5,6%), productos refinados de petróleo (5,5%), entre otros.

La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector industria manufacturera - Marco regulatorio del sector

 Años antes de la promulgación del DS. N° 21060 de agosto de 1985, el sector industrial manufacturero estuvo respaldada por una política de sustitución de importaciones, aranceles diferenciados, empresas estatales, control del tipo de cambio, entre otras características.

La aplicación del mencionado decreto supremo, eliminó la licencia previa para la exportación de bienes y posibilitó el libre tránsito de productos. Desde 1986, se creó un nuevo régimen para las exportaciones no tradicionales, se autorizó el funcionamiento de zonas francas comerciales e industriales y se eliminó las restricciones y licencias para las importaciones, a fin de combatir el contrabando.

Seis años después, como resultado de la Ley de Privatizaciones (Ley N° 1330 de 24 de abril de 1992) se otorgó al sector privado el rol protagónico de la inversión en el sector productivo, desplazando de ésta función al sector público. En consecuencia, desde 1992 se privatizaron un total de 89 empresas, 50% de ellas de carácter productivo.

No obstante, a pesar de los fuertes estímulos, asignados por los sucesivos gobiernos al sector privado para impulsar la actividad productiva del país, éste hizo poco para asumir ese papel y no logró responder como se esperaba. Así, el desarrollo productivo industrial manufacturero se tornó débil e insuficiente, con reducido nivel productivo y marcado rezago tecnológico. Entre 1990 y 2005, la inversión privada total en promedio representó 8,7% del PIB, incapaz de dinamizar el sector productivo.

Bajo este contexto, el cambio estructural propuesto para el desarrollo de la industria manufacturera en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2007, consistió en la innovación tecnológica, aumento de la productividad y diversificación productiva que permitirán incrementar la agregación de valor a la producción primaria, valorizando el producto boliviano y aumentando el ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo.

La transformación de la matriz productiva contemplada en el PND se encuentra fundamentada en cinco ejes estratégicos: industrialización, diversificación productiva, reconversión productiva, soberanía productiva y alimentaría, y diversificación de los mercados internacionales. Los programas que se articulan a las estrategias son seis: 

• Primero: El marco normativo y de incentivos para la producción y el trabajo digno 
• Segundo: La revalorización y reconocimiento de unidades productivas
• Tercero: El desarrollo de servicios públicos de apoyo al sector empresarial 
• Cuarto: El desarrollo de empresas públicas estratégicas
• Quinto y sexto, que están ligados a la quinta estrategia, se refieren al desarrollo y consolidación de capacidades productivas con empleo digno, y el turismo sostenible de base comunitaria.

Con respecto al cuarto programa, es oportuno señalar que el Estado logró recuperar y crear varias empresas públicas, a fin de impulsar el crecimiento económico y desa- rrollo del país. Entre algunas de ellas se encuentran: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Boliviana de Aviación (BOA), Empresa Metalúrgica de VINTO, Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB), Transporte Aéreo Boliviano (TAB), AZUCARBOL, Empresa Azucarera de San Buenaventura (EASBA), Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (EMAPA), PAPELBOL, CARTONBOL, LACTEOSBOL, Empresa de Cementos de Bolivia (ECEBOL), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA), Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), MUTÚN, Bolivia TV, Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), Agencia Boliviana Espacial (ABE), QUIPUS, MI TELEFÉRICO, etc.

Posteriormente, se formuló un marco institucional donde el Estado recupera sus funciones principales de promotor y protagonista del desarrollo económico nacional, en coordinación con los niveles de gobierno subnacional.

La institucionalidad de la industria manufacturera está basada en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) que tiene la función de: i) diseñar estrategias y políticas nacionales de desarrollo productivo; ii) proponer políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y externos; y iii) promocionar las compras estatales de las unidades productivas (micro, pequeñas empresas, medianas, grandes em- presas, industrias, organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o rurales, entre otros), garantizando el abastecimiento del mercado interno.

Por su parte, en el nuevo MESCP vigente desde 2006, la industria manufacturera se constituye en un elemento clave que forma parte del sector generador de empleo e ingresos, cuya función principal es la de crear producción con alto valor agregado y dotar de bienes e insumos al sector generador de excedentes. En la gestión del Presidente Evo Morales, a partir de la implementación del MESCP y en concordancia con el PND se establecieron  varias medidas en beneficios de este sector económico, de acuerdo al siguiente orden cronológico:

• En el marco de la Política Nacional de Apoyo a la Producción, el 22 de noviembre de 2006, mediante D.S. N° 28938 se crea el Servicio Nacional para el Desarrollo Productivo (SENADEPRO) con el objetivo de mejorar los niveles de productividad y competitividad, el acceso a tecnología, fortalecer los procesos productivos y de gestión, entre otros.
• EID.S. N° 29519, puesto en vigencia el 16 de abril de 2008, regula la competencia yla defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad, a través de mecanismos adecuados dinamizadores de la economía nacional; es decir, se trata de que la demanda cumpla la función de motivador de la producción.
• Por medio del D.S. N° 29727 de 1 de octubre de 2008, se crean las agencias de desarrollo Pro Bolivia, Insumos Bolivia, Conoce Bolivia y Promueve Bolivia; todas estas especializadas en coadyuvar a la incorporación de lógicas de gestión productiva y a mejorar la productividad de los pequeños productores.
• En octubre de 2009, se presenta el "Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno" con el objetivo de desarrollar una economía plural con fuerte pre- sencia estatal orientada a promover el desarrollo económico de todas las unidades productivas del país con más y mejores empleos.
• A través del D.S. N° 71 de 9 de abril de 2009, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, junto a otras de los sectores de: Transportes Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad, Pensiones, Bosques y Tierra, en sustitución de las Superintendencias generales y sectoriales.
• Mediante D.S. N° 590 de 4 de agosto de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas-SEDEM, cuya finalidad es la de apoyar en la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva.

Estas políticas estaban encaminadas para los sectores de la agroindustria, artesanía, manufactura, industria y turismo. Contienen los principales lineamientos de tres importan- les sectores generadores de ingresos y empleo del nuevo MESCP que son: i) el sector industrial, manufacturo y artesanal; ii) turismo; y iii) desarrollo Agropecuario, que buscan la transformación y el cambio integrado y diversificado de la matriz productiva.

El objetivo principal es cambiar el actual patrón primario exportador excluyente y crear una nueva matriz basada en la industrialización de los recursos naturales con valor agregado, permitiendo la generación de excedentes, ingresos y empleo digno para la mayoría de la población boliviana, e inaugurando un nuevo patrón de acumulación de riqueza y su justa distribución.

Así también, en los últimos nueve años se establecieron varias normas que orientan recursos financieros al sector productivo, estimulan la inversión en capital productivo para la adquisición de maquinaria e insumos que incrementen la capacidad productiva y el rendimiento; se incorporan medidas y proyectos de capacitación y asistencia técnica orientados a fortalecer las acciones de transformación técnico productiva. Entre las nor mas más importantes se encuentran:

• El D.S. N° 28999 de 1 de enero de 2007, refunda la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) por Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) como entidad de intermediación financiera de segundo piso, a fin de promocionar y financiar el desarrollo productivo nacional.
• El 19 de febrero de 2010, se creó el Fondo de Garantía Propyme Unión, con el objeto de facilitar el acceso a créditos a las micro y pequeñas empresas productoras. Propyme Unión es un Fondo de Inversión de carácter cerrado cuyo fin es realizar inversiones en Valores de Renta Fija para constituir mecanismos de cobertura de hasta el 50% del saldo a capital pendiente de pago de los préstamos otorgados por la banca a la pequeña y mediana empresa. Una de las características innovadoras del Fondo es que además de constituir mecanismos de cobertura, contempla un mecanismo de mantenimiento de capital para el inversionista.
• En 2012, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Agencia Promueve Bolivia, con el objetivo de promover los Complejos Productivos Integrales (CPI) trabajan en cinco actividades: i) el textil, ii) el cuero, iii) la madera, iv) los alimentos y v) la metalmecánica 
• En 22 de abril de 2012, se promulga la Ley N° 232 por medio del cual se crea el Fondo para la Revolución Industrial Productiva-FINPRO, se establece los mecanismos de financiamiento y asignación de sus recursos en el marco del artículo N° 316, numeral 4 de la Constitución Política del Estado. El FINPRO dispone de $us 1.200 millones al inicio de sus actividades y se crea bajo la forma de fideicomiso con una duración de 30 años renovables. Según el artículo N° 3 de la ley, el FINPRO tiene la finalidad de financiar la inversión de emprendimientos productivos del Estado que generen excedentes.
• La Ley N° 306 Promoción y Desarrollo Artesanal de 18 de noviembre de 2012, tiene por objeto reconocer, proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo de la actividad artesanal, por parte de todos los niveles de gobierno (Central, Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino), así como facilitar su acceso al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades artesanales.
•  Con el objeto de democratizar el acceso al crédito, reducir el déficit habitacional, entre otros, el 21 de agosto de 2013 fue promulgada la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros, con el cual el Estado logró regular las actividades de inter- mediación financiera y la prestación de los servicios financieros. Con la ley se re- emplazó la extinta Ley de Bancos N° 1488 y se promueve los créditos productivos y los de vivienda de interés social.