CAPÍTULO 3 EL MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO, 2006-2014 - Antecedentes - Programa de Gobierno 2006 - 2010 (MAS- IPSP) "Bolivia Digna, Soberana y Productiva para Vivir Bien"- Programa Económico - Introducción

Antecedentes

Programa de Gobierno 2006 - 2010 (MAS- IPSP) "Bolivia Digna, Soberana y Productiva para Vivir Bien"- Programa Económico

Introducción

Como se conoce, tras la huida del ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, asumió la presidencia Carlos Mesa Gisbert (Vicepresidente de ese entonces) y luego Eduardo Rodríguez Veltze a partir de junio de 2005, como consecuencia de la renuncia del primero. Este último gobierno de transición convocó a elecciones generales para el mes de diciembre del mismo año.

A la cabeza de Carlos Villegas Quiroga y otros valiosos profesionales bolivianos, el autor participó de la redacción del programa económico que presentó el Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en su Plan de Gobierno para las elecciones de 2005. En ese trabajo confluyeron valiosas investigaciones que cada uno de nosotros realizó por separado inicialmente, las cuales tenían varios aspectos en común, por lo que fácilmente pudimos armonizar las ideas y contenido de ese programa de gobierno.

Fue en este período en el que se empezó a construir los elementos más importantes del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), a la luz de nuestros trabajos de investigación que realizamos durante varios años de estudio y análisis, los cuales se encuentran publicados en la Revista Umbrales del CIDES-UMSA y la Revista Economía Dinámica de la Carrera de Economía de la UMSA en La Paz, y otras investigaciones publicadas.

El citado programa económico de gobierno comienza con un diagnóstico resumido de la aplicación del modelo neoliberal durante más de 20 años y la consecuente exclusión del Estado tanto del control del aparato productivo como de su participación en la economía.

En base a la lectura de planteamientos de los diferentes movimientos sociales activos de la sociedad boliviana, sus reivindicaciones y nuestros sueños por construir un nuevo país, planteamos ingresar a una nueva era estatal, recuperando, industrializando y aprovechando, para los propios bolivianos, los recursos naturales renovables y no renovables, definiendo una explotación sustentable de estos recursos con la madre tierra y buscando que los beneficios lleguen directamente a la población boliviana.

Trazamos como base del desarrollo económico del país, la construcción de una nueva matriz productiva con capacidad de generar ahorro e inversión, empleo estable e ingresos y, producción destinada al mercado interno y externo. Todo esto en base al control soberano del excedente económico y al protagonismo de los actores económicos y sociales nacionales, en especial los pequeños, medianos y microempresarios en el ámbito urbano y pequeños productores, campesinos y unidades familiares en el área rural, que  fueron excluidos por el modelo neoliberal.

Asimismo, se propuso la conformación de un Estado solidario y productivo que permita la convivencia con las empresas privadas, entorno a la materialización de los objetivos del nuevo patrón de desarrollo industrializador y la aplicación de una estrategia de desarrollo que permita la construcción de una economía solidaria, complementaria y comunitaria.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Conclusiones

 La experiencia del gobierno de Hernán Siles Zuazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP) demostró que no es posible gobernar sin mayoría parlamentaria, los gobiernos elegidos en los 20 años de neoliberalismo recogieron estas lecciones e implantaron un sistema de gobernabilidad denominado "democracia pactada", porque ninguno de los gobiernos accedió al gobierno ganando elecciones con mayoría absoluta y por tanto contando con mayoría parlamentaria, este sistema que consistía en acuerdos políticos que permitiesen tener mayoría parlamentaria y un cogobierno que sea en cierta manera proporcional a su representación parlamentaria, significaba también una distribución de instituciones y puestos públicos, es decir, un cuoteo del aparato del Estado.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Paz Estenssoro en 1985 para la aplicación de la NPE estableció con Acción Democrática Nacionalista (ADN) el "Pacto por la Democracia" y cogobernaron entre 1985 y principios de 1989.

En las elecciones de 1989, donde astutamente se habló de un triple empate entre el MNR, ADN y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). EI MIR y ADN, establecieron el llamado "Acuerdo Patriótico", en el que las victimas de ayer se aliaron con los victimarios, pacto político éticamente muy cuestionado. Jaime Paz Zamora había  declarado anteriormente que "un río de sangre separa al General Banzer del MIR"; sin embargo, con un pragmatismo cínico Paz Zamora y el MIR cruzaron ese rio de sangre metafórico a título de dar gobernabilidad al país.

En las elecciones de 1993, en la que tampoco hubo ganador por mayoría absoluta, el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada quien tuvo la mayoría relativa pactó con el Movimiento Bolivia Libre (MBL) de Antonio Aranibar (expresión socialdemócrata), el Movimiento Revolucionario Túpak Katari (MRTK) de Víctor Hugo Cárdenas (una de las corrientes kataristas) y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) de Max Fernández. Víctor Hugo Cárdenas fue el Vicepresidente de Sánchez de Lozada. El dirigente emenerrista desarrolló una política de alianzas en la que logró reclutar a una parte de la izquierda, a una corriente indigenista y al populismo de UCS. Este gobierno también logró reclutar a intelectuales con un pasado de izquierda, analistas políticos, creadores de opinión pública y principalmente medios de comunicación, con puestos públicos, consultorías muy bien remuneradas y otras prebendas.

En las elecciones de 1997, el MIR le devolvió favores a ADN, haciendo presidente al ex- dictador Banzer, que constituyó una "mega coalición" integrada por ADN, MIR, Nueva Fuerza Republicana (NFR), UCS, Conciencia de Patria (CONDEPA), donde los dos primeros hegemonizaban el gobierno en la distribución de puestos públicos.

En las elecciones de 2002, que fueron ganadas precariamente por Gonzalo Sánchez de Lozada, se constituyó un pacto político denominado "Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional", pasando por alto antiguas enemistades más personales que ideológicas y pro- gramáticas, integrado por el MNR, MIR y NFR.

En estos años, los partidos políticos se habían convertido en máquinas electorales prebendales, no cumplían su papel de mediadores entre la sociedad y el Estado y solamente servían a los intereses de las élites políticas, cada vez más alejadas de los sentimientos de la sociedad, contribuyendo a la crisis política que se vivió a partir del año 2000 y que se profundizaría entre el 2003 y el 2005. Las elecciones constituían solamente un traspaso del poder entre las elites políticas.

Las duras medidas económicas implementadas a partir del D.S. N° 21060 de 29 de agosto de 1985, las privatizaciones, la llamada capitalización que fue nada más que otra forma de privatización y, en general, la administración del modelo neoliberal, con grandes ventajas y beneficios para el sector privado nacional y el capital extranjero en perjuicio de la clase trabajadora, y enajenador del patrimonio de los bolivianos, para frenar y enfrentar la resistencia del movimiento obrero y popular tuvo que recurrir a medidas de fuerza como la dictación de estados de sitio, que fueron aplicados desde Paz Estenssoro en septiembre de 1985 hasta abril de 2000 por Banzer, apresando dirigentes sindicales y populares y confinándolos en el noreste del país.

Entre otros actores políticos no partidarios encontramos a la jerarquía de a iglesia católica, con una participación importante en la consolidación del neoliberalismo en Bolivia. 

En noviembre de 1984 con apoyo de la iglesia se desarrolló el denominado "Diálogo por la Democracia", propiciado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y los partidos políticos de derecha, que planteó el acortamiento del período constitucional del presidente Hernán Siles Suazo a tres años y la habilitación de la candidatura de Jaime Paz Zamora. De ese pacto político emergió el sistema político neoliberal que gobernó el país 20 años. En 1989 promovió consensos para introducir reformas a la Corte Nacional Electoral (banda de los cuatro) acusada de fraude electoral para impedir el as- censo al gobierno de Sánchez de Lozada. Más adelante, propicio nuevos cambios en la Corte Nacional Electoral como la nueva elección de sus miembros. En 1992 promovió el "Acuerdo por la Modernización del Estado y el Fortalecimiento de la Democracia" impulsando una serie de reformas que servirían para preparar un escenario de consenso para las políticas de privatización de las empresas estatales estratégicas. Finalmente, en medio de la crisis política y social que vivía el país el año 2003, propuso un acuerdo de los partidos políticos del sistema, denominado "Por el Reencuentro de los Bolivianos", documento elaborado por intelectuales y asesores afines al sistema, como Jorge Lazarte, Carlos Toranzo, Fernando Calderón y Roberto Laserna, propuesta que fracasó rotundamente por la emergencia de nuevos actores políticos como el MAS de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe, con una postura contraria a la continuidad de las políticas neoliberales impulsada por la jerarquía eclesiástica. Las fidelidades y lealtades entre los partidos de derecha, la iglesia, los empresarios y los medios de comunicación, resultaron insuficientes; la credibilidad e influencia en la sociedad de sus ideólogos y las instituciones afines como el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Fundación Boliviana para la Capacitación Democrática y la Investigación (FUNDEMOS), Fundación MILENIO, Universidad Católica, entre algunas, habían reducido su capacidad de influencia y habían aparecido nuevos liderazgos políticos y movimientos sociales que no estaban en la línea de la recomposición neo- liberal y más bien proclaman el cambio de las políticas.

La imposición del neoliberalismo necesitó del trabajo intelectual de politólogos, asesores de comunicación, líderes de opinión, periodistas y otros (muchos haciendo transfugio desde la izquierda); sin embargo, su coptación en a defensa del neoliberalismo y la entrega de la patria no fue gratuita, de por medio circuló mucho dinero mediante consultorías muy bien pagadas. El Sindicato de la Prensa había denunciado por ejemplo a Cayetano Llobet furibundo defensor del gonismo y las privatizaciones, y a otros opinadores análogos como" "enemigos del periodismo honesto y ético al ser simples mercenarios de la información".

Estas coptaciones fueron millonarias y onerosas para el Estado, por otro lado, se instituyó un sistema de sobresueldos denominados "pluses", para autoridades jerárquicas de distintos órganos del Estado, pagados con recursos de créditos de organismos multilaterales, donaciones de distintas agencias, como USAID, GTZ y otras, canalizados también por la vía de los gastos reservados en los distintos gobiernos neoliberales; estos sobre- sueldos se pagaban para mantener la adhesión al régimen, de autoridades de toda natu- raleza, civiles y militares, en una conducta antiética, que por ejemplo llevó al Presidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, no solamente a admitir sin tapujos el cobro de estos “pluses”, sino a declarar “que se sentía como una prostituta cada que cobraba su plus".

Estos recursos también fueron utilizados en la compra de votos en el parlamento cada vez que se votaban leyes fundamentales para la consolidación del neoliberalismo y la entrega de las empresas estratégicas al capital transnacional, era difundida la denuncia de la circulación de maletines negros en el parlamento, pago de deudas políticas, Ministros de Defensa y Comandantes de las Fuerzas Armadas recibieron 21 millones de dólares entre 1985 y 1997 por gastos reservados para pagos de sobresueldos, en fin pagos para tener satisfechos a políticos e intelectuales, bajo el discurso de la gobernabilidad democrática. Tantas cosas que se hicieron en nombre de la democracia.

En las dos estrategias de desarrollo: Capitalismo de Estado y Neoliberalismo, vigentes sucesivamente desde la década del cincuenta, se consolidó el modelo primario-exportador en el país.

La característica fundamental de este proceso gira en torno a la privatización de la gene- ración, apropiación y distribución del excedente económico a favor de los intereses de las empresas privadas nacionales y principalmente extranjeras. Se observó la producción y salida del excedente económico sin control por parte del Estado y sin beneficio para las regiones y los bolivianos.

El neoliberalismo se planteó como un objetivo central el de reorientar el aparato productivo nacional hacia la exportación, diversificando la producción y los mercados de exportación. Sin embargo, después de 20 años el perfil y composición de las exportaciones no mejoró, se continúa exportando materias primas.

La postura neoliberal propugnaba que los empresarios tengan como base fundamental la productividad y la competitividad, la flexibilización o precarización laboral que consiste en la inestabilidad del trabajo, la prolongación de la jornada laboral, el trabajo eventual, la elevación de la tasa laboral de participación familiar (madre e hijos) y el aumento del desempleo.

En los 20 años de neoliberalismo los distintos gobiernos y los organismos multilaterales fomentaron un culto a la estabilidad económica y financiera en detrimento del crecimiento, la reestructuración productiva, la generación de empleo y la mejora de las condiciones sociales, ya que la estabilidad económica no logró generar condiciones propicias para el crecimiento. Las políticas neoliberales sirvieron para la estabilización y no para los aspectos fundamentales de la sociedad, reestructuración productiva, acceso a servicios básicos, salud, educación y empleo. Además, si bien los indicadores macroeconómicos mostraban estabilidad, tuvieron poco impacto en las condiciones de vida de la población, que no estaba satisfecha porque sus principales preocupaciones no eran subsanadas.

Entre el año 2003 y 2005 se llegó al punto más alto de una crisis general del Estado en Bolivia, es decir, crisis política, económica, social y cultural, que se manifestó con la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y la instauración de los gobiernos transitorios de Carlos Mesa y Rodríguez Beltzé.

Los resultados de la crisis y el horizonte que empezó a cobrar el proceso político pusieron en evidencia el fracaso del estado republicano fundado en 1825, en sus versiones republicana, liberal-oligárquica, nacionalista y neoliberal.

El Estado fundado en 1825 bajo la conducción de una élite que representaba los resabios coloniales de mineros y terratenientes, nació de espaldas a la realidad social de un país mayoritariamente indígena, en el que los pueblos originarios fueron excluidos de este proceso fundacional.

Pero el Estado Republicano no solamente excluyó, desconoció y exaccionó tributos a los pueblos indígenas, sino que a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX lo agredió despiadadamente, principalmente con la expropiación de las tierras comunales y el trabajo gratuito, bajo el argumento racista de que las tierras en manos de los indios eran improductivas y por lo tanto debían pasar a manos de los blancos.

El Estado Republicano fue un Estado colonial, excluyente, racista y explotador de indios, además, entreguista y vende patria.

Las clases que gobernaron el país nunca construyeron la base material del Estado, fueron una clase dominante patrimonialista y subordinada a poderes externos, por lo que el excedente económico generado en la explotación, principalmente de los recursos naturales, fue distribuido entre quienes detentaban el poder político y económico local, y el capital transnacional que exportaba sus ganancias.

El viejo Estado Republicano había llegado a su fin y con él el poder político de las clases dominantes y explotadoras.

El proceso político denominado "proceso de cambio", es el remate histórico de una profunda crisis estatal política y económica, que puso a la sociedad "en un momento constitutivo, en un estado de disponibilidad social, en el que la sociedad está dispuesta a asumir nuevas creencias colectivas", en términos de René Zabaleta.

Distintas líneas de acumulación histórica concurrieron a este momento constitutivo, vivimos la apertura de un nuevo tiempo histórico. Estamos viviendo una coyuntura de transición histórica, de cambio sustantivo en la relación de fuerzas sociales, cuyo rasgo central consiste en que el viejo bloque político-económico dominante fue expulsado electoralmente del poder político.

El MESCPB - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas - La guerra del gas

 El Alto fue la ciudad donde germinó la insurrección popular de octubre 2003, al precio de 68 muertos y más de 450 heridos entre los que se encuentran muchas personas con distintos grados de invalidez.

La chispa que encendió la hoguera insurreccional fue la intención de Gonzalo Sánchez de Lozada, que en realidad fue un proyecto iniciado por Jorge Quiroga su predecesor, de exportar gas a Estados Unidos por un puerto chileno, donde se instalaría una planta para licuar el gas y exportar en barcos metaneros a las costas norteamericanas.

En principio la movilización rechazaba el proyecto gonista de exportar el gas por Chile, posteriormente se planteó la industrialización del gas en territorio nacional y después de la cadena de muertes se terminó exigiendo la renuncia del presidente Sánchez de Lozada.

La movilización de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto se articula con la movilización de la CSUTCB, que inicialmente se movilizaba pidiendo la libera- ción del dirigente Edwin Huampo, que se encontraba preso en la cárcel de San Pedro por participar en un presunto acto de justicia comunitaria y por el cumplimiento de los acuerdos de la Isla del Sol de 2002, la indemnización a los familiares de los campesinos muertos y heridos, por dotación de tractores, educación, salud, mercados, declarándose en huelga de hambre.

La movilización indígena campesina evolucionó sumándose a la demanda por el gas, rechazando la venta del gas por Chile.

El 17 de septiembre de 2003, la FEJUVE de El alto y la Central Obrera Regional (COR) habían declarado paro cívico general en rechazo a la intención de la Alcaldía de aplicar los formularios Maya y Paya que tenían que ver con ciertos trámites municipales. La contundencia del paro cívico demostraba el grado de organización social que habían alcanzado las citadas organizaciones sociales de la ciudad más joven y con la población más pobre del país, población principalmente de origen indígena campesino y de obreros.

Estos antecedentes y su experiencia de organización indígena campesina y obrera, son fundamentales para comprender las particularidades de los mecanismos y la potencia de su organización.

García Linera (2004: 135) menciona que: "Los alteños están en sublevación; es una sublevación con palos, con banderas y piedras que enfrentan a tanques, fusiles automáticos y helicopteros. Militarmente es una masacre; políticamente es la acción más contundente y dramática del fin de una que los más pobres y excluidos de este país dan a una sociedad y para toda una sociedad."

El sábado 20 de septiembre del mismo año, en la masacre de Warisata se habían producido 6 muertes de indígenas campesinos.

El lunes 6 de octubre de 2003 se originó una marcha desde El Alto a la ciudad de La Paz, rechazando la venta del gas y planteando su industrialización.

El 8 de octubre de 2003, a un mes del bloqueo de caminos de los indígenas aymaras, la FEJUVE alteña con el apoyo de la COR y la Federación de Trabajadores Gremiales, lanzaron el paro cívico indefinido, bajo la consigna "no se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los bolivianos". El paro es total, el tráfico quedo cortado y el cierre de mercados fue general.

Se produjeron enfrentamientos en la Ceja de El Alto, entre estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y otros grupos de vecinos y trabajadores, con las fuerzas policiales que gasificaron intensamente la zona. Se ocasionaron los primeros heridos de bala.

El jueves 9 de octubre de 2003 el paro siguió contundente, en los barrios la gente quemó llantas y construyó barricadas, dirigentes y delegados de base vigilaron el cumplimiento del paro.

La Central Obrera Boliviana (COB) había convocado a una huelga general indefinida, en línea con esta medida trabajadores mineros de Huanuni marchan desde Oruro con rumbo a la ciudad de La Paz para fortalecer la movilización. 

La columna minera de más de 500 trabajadores llegó a Ventilla (10 kilómetros de El Alto), donde se produjo un ataque de los militares, intentando frenar la marcha de los mineros, iniciando una escalada de muertes, con un saldo de dos muertos y varios heridos de bala.

Por la noche el presidente Sánchez de Lozada emite un breve mensaje indicando que no existe ningún contrato de venta del gas a ningún país y aludiendo que "una minoría quiere dividir a Bolivia", sin referirse a las muertes acaecidas por los enfrentamientos. El viernes 10 de octubre de 2003, continuó el paro en una tensa calma, empezó a sentirse la  à escasez de gasolina y gas. En varias zonas se produjeron enfrentamientos de estudiantes de la UPEA y trabajadores con la policía, jóvenes apostados en las alturas de La Portada y Villa Ballivián arrojaban piedras a los vehículos que todavía transitaban por la autopista La Paz-El Alto.

El dominio territorial de la movilización descubre el poder sobre el control de carburan tes, que desde una planta ubicada en Senkata en El Alto distribuye gas licuado, gasolina diesel a las ciudades de El Alto y La Paz. Los movilizados organizaron un cerco a estas y instalaciones para impedir la provisión de carburantes.

El sábado 11 de octubre de 2003, el gobierno central ante la escasez de carburantes llevó a la práctica una operación para trasladar combustible desde la planta de Senkata hasta la ciudad de La Paz. Una caravana de carros cisterna escoltada por tanques y militares pretende cruzar El Alto, produciéndose graves enfrentamientos y una fuerte resistencia de la población que con piedras y palos impide el avance de la caravana que terminó refugiándose en el cuartel del Regimiento Ingavi. Se causaron dos muertos, un niño de 5 años en la terraza de su casa y un padre de familia.

Un helicóptero sobrevolaba la ciudad, la zona de Santiago II donde viven ex-trabajadores mineros relocalizados se ha convertido en campo de batalla, por la noche el gobierno central anunció la militarización de El Alto y denunció al diputado y dirigente del MAS Evo Morales de encabezar un proceso sedicioso para interrumpir el proceso democrático.

El domingo 12 de octubre de 2003, fue fatal. Las tropas militares intentaron tomar el control de la planta de Senkata, distintas zonas de El Alto y la autopista, y continuar la marcha de la caravana de cisternas con combustibles con destino a La Paz.

Fue el día en que se produjo la mayor cantidad de muertos, fue el precio que el gobierno cobró la resistencia popular a la venta del gas a Estados Unidos, fue el precio que las familias alteñas pagaron por la dignidad nacional.

Una mujer de pollera corrió detrás de un tanque con una piedra en la mano, gritando: "que nos maten también ahora a nosotros", en un gesto dramático y heroico de la lucha del pueblo enfrentado a un Estado que manda tanques, helicópteros y militares a masacrar a un pueblo que defiende la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, particularmente los hidrocarburos.

La población alteña levantó un slogan que dice "El Alto de pie nunca de rodillas", infinidad de fogatas se encendieron de día y de noche. Radio Pachamama recibió amenazas por convertirse en la voz de los vecinos alteños.

El lunes 13 de octubre de 2003 continuaron los enfrentamientos, barrios populares de las laderas de La Paz bajaron al centro para protestar por la masacre y fueron violentamente reprimidos por las fuerzas militares y policiales; el país vivió un estado de convulsión, protestas en Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Potosí y otros lugares se fueron plegando al pedido nacional de la recuperación de los hidrocarburos.  

El Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, se alejó del gobierno sin renunciar al cargo, dijo que nada puede justificar la muerte de tantos bolivianos. Los bancos en el país estuvieron cerrados, los cajeros automáticos ya no tenían dinero para distribuir, empezaron a renunciar algunos Ministros.

Los Estados Unidos declararon que no toleraran un "gobierno no democrático", presionaban a los políticos de derecha para continuar apoyando a Sánchez de Lozada y se oponían a la sucesión constitucional, en la rutina de injerencia en temas internos.

Comunarios de Chasquipampa, Ovejuyo y La Palca se movilizaron al centro paceño y fueron reprimidos violentamente, ocasionando 6 muertos, 4 comunarios y 2 soldados.

Graves enfrentamientos en la Garita de Lima de la ciudad de La Paz, heridos en enfrentamientos en las colonias de San Julián en Santa Cruz.

Sánchez de Lozada recibió el apoyo de su socio Jaime Paz Zamora y de Manfred Reyes Villa.

El martes 14 de octubre de 2003, cooperativistas mineros de Huanuni (alrededor de 2.500) que marchaban hacia La Paz, fueron reprimidos en la localidad de Patacamaya,muriendo dos trabajadores.

Cocaleros de los Yungas, mineros de Oruro y Potosí, campesinos de Achacachi marcharon hacia La Paz.

Jaime Paz Zamora y Manfred Reyes Villa cuyos partidos políticos conformaron la mega coalición ratificaron nuevamente su apoyo a Sánchez de Lozada.

El miércoles 15 de octubre de 2003, se inició una huelga de hambre en la ciudad de La Paz a la cabeza de la ex-Defensora del Pueblo Ana María Romero de Campero con personalidades culturales, sociales y políticas, y que cuenta con el respaldo de la iglesia católica que abrió los templos para esta medida, que se suma al pedido de renuncia del presidente  Sánchez de Lozada.

Comienza la censura de prensa, el Diario y el semanario Pulso fueron retirados de circulación, amenazas sobre Radios Pachamama, Libertad e Integración y el sistema RTP, renunciaron periodistas de los medios estatales por ser forzados a distorsionar la información, "Abajo los Masacradores" titula un comunicado de la Federación de Periodistas de La Paz. El clamor popular fue que el presidente se vaya.

El jueves 16 de octubre de 2003 miles de manifestantes llegaron a La Paz, de las provin cias, las minas, las colonias, departamentos, pidiendo la renuncia de Sánchez de Lozada.

El gobierno acusó de narcosindicalistas a los dirigentes de la movilización popular.

El viernes 17 de octubre de 2003, Goni llamó al diálogo, pero el pueblo insistía con su renuncia. Las huelgas de hambre se masificaron en el país y el exterior (Suecia, España, México y otros lugares). Mineros llegaron en forma masiva a la sede de gobierno.

Manfred Reyes Villa y los ministros abandonaron el gobierno, Jaime Paz Zamora y el MIR hicieron lo propio.

Gonzalo Sánchez de Lozada por la tarde abandonó la residencia presidencial rumbo al Colegio Militar donde abordó un helicóptero que lo trasladó al aeropuerto militar, para luego trasladarse en avión a Santa Cruz y desde ahí emprendió su fuga a Estados Unidos, dejando su carta de renuncia al Congreso Nacional.

La insurrección popular dejó la llamada agenda de octubre que básicamente es:

• • Asamblea Constituyente
• • Nacionalización de los hidrocarburos
• • Industrialización de los hidrocarburos

La Agenda de Octubre de 2003 representó el programa que definió el pueblo boliviano en una insurrección popular, destrozando el orden político-partidario, la entrega de recursos naturales, provocando la huida del representante más conspicuo del neoliberalismo, rompiendo el sometimiento al FMI y al Banco Mundial, abriendo así un momento de disponibilidad social hacia la construcción de un nuevo proyecto de país y de vida social y política.

Ese 17 de octubre de 2003 casualmente coincidía con el 17 de octubre de 1969 declarado como el Día de la Dignidad Nacional por la nacionalización de la empresa norteamericana que explotaba el gas en Bolivia, la Gulf Oil Company, impulsada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, patriota defensor de los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos, que sostenía que sin soberanía del Estado sobre los recursos naturales no existía posibilidad alguna de desarrollo económico y social para los bolivianos.

Aquel 17 de octubre de 1969 retumbaban las siguientes frases: “ha concluido para los bolivianos el tiempo del desprecio", "asegurar la soberanía de la nación sobre las fuentes de producción del país", "la recuperación de las riquezas naturales enajenadas en condiciones lesivas al interés nacional", "no aceptaremos una migaja más", "... no retrocederemos un paso en la defensa del interés nacional, amenazado por quienes consideran todavía a Bolivia como una colonia capaz de contentarse con las migajas del festín de la explotación petrolera", "la sangre derramada en las arenas del chaco y la que corrió buscando un camino de liberación para el pueblo boliviano, no fue derramada en vano".

Después de 34 años la historia se repetía esta vez con nuevos actores sociales.

El MESCPB - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas - La resistencia de los productores de coca del trópico de Cochabamba

 La presión norteamericana en la problemática de la erradicación de cultivos de coca excedentaria, deviene en una estrategia militar avalada por el gobierno del Gral. Banzer y Jorge Quiroga, entre 1997-2002.

La estrategia se fundó en los principios del Documento de Santa Fe II, en el que los Estados Unidos identifica en América Latina tres peligros: la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico, para enfrentarlos genera "guerras de baja intensidad", definiendo la intervención militar norteamericana directa en los planes de erradicación de cultivos de coca en Bolivia.

En esta estrategia se estigmatizó y tipificó a los productores de coca como narcotraficantes, narcoguerrilleros y narcoterroristas, contra quienes se desarrollaron acciones violen- tas, como asesinatos, torturas, secuestros, detenciones, violando flagrantemente los más elementales derechos humanos y derechos constitucionales, de hombres, mujeres, niños y ancianos, en la más absoluta impunidad.

Por otro lado, el gobierno norteamericano presionaba al gobierno de Bolivia, condicionando su apoyo económico a los programas militarizados de erradicación de la coca. En esta problemática no se debe dejar de observar la doble moral norteamericana en el tratamiento del tema de drogas, considerando que hablan de erradicar los cultivos de coca pero no de reducir la demanda de cocaína que más bien va en permanente crecimiento en su sociedad y asimismo, realizaron acciones encubiertas para financiar actividades de paramilitares como el caso de los "contras" en la guerra contra la revolución sandinista en Nicaragua, con recursos generados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, sigla en inglés) en el tráfico de drogas.

El Gral. Banzer para la implementación de su política de erradicación de cultivos de coca y bajo los lineamientos norteamericanos conformó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) integrada por el ejército, la fuerza aérea, la armada y la unidad policial especializada en la lucha contra el narcotráfico UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural), con la participación directa de asesores y agregados militares norteamericanos. La FTC prácticamente actuaba bajo la dirección de los militares norteamericanos que la habían equipado, entre otras cosas, con helicópteros artillados y había construido un cuartel con pista de aterrizaje en pleno Chapare, además de efectuar pagos de bonos extras para "incentivo” de la tropa norteamericana por la Sección Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS por su sigla en inglés), también desarrollaban tareas de inteligencia la NAS, la DEAyla CIA norteamericanas, con una pérdida total de la soberanía nacional, sobre su territorio, en el mando de sus tropas militares y las decisiones en la política de la problemática coca-cocaína.

El año 2000, como parte del denominado "Plan Dignidad" de Banzer, se declaró "coca cero en el Chapare. El 27 de noviembre de 2001 el gobierno determinó el cierre del mercado de Sacaba, principal mercado de la coca del Chapare.

Por su parte, los productores de coca enarbolaban la consigna de "coca o muerte" y comenzaron a desarrollar la formación de Comités de Autodefensa y programas de formación político-sindical. El 14 de enero de 2002 realizaron una multitudinaria manifestación exigiendo la reapertura del mercado de Sacaba.

El "instrumento político" fundado por Evo Morales en 1998 que más adelante adopta el nombre de Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en una línea de desarrollo politico a nivel nacional va asumiendo un perfil "antineoliberal" y "antiimperialista" y la defensa de la hoja de coca se irá articulando a un discurso por "la dignidad y la soberanía" nacionales. "Coca igual soberanía" será uno de los ejes discursivos del MAS-IPSP.

Los enfrentamientos se radicalizaron y concentraron en Sacaba, dando lugar a lo que se conoció como "la guerra de la coca". Con un resultado de varios muertos y heridos cocaleros y también efectivos militares y policiales, y decenas de cocaleros detenidos.

El gobierno y los partidos políticos de su megacoalición inculparon de estos sucesos al dirigente de los productores de coca Evo Morales, quien en 1997 había sido elegido Diputado Nacional y tramitaron su expulsión del Congreso Nacional.

Evo Morales empezó la carrera sindical en 1981 como Secretario de Deportes. En un rápido ascenso sindical, en 1985 fue elegido Secretario General de su sindicato y en 1988 Secretario Ejecutivo de la Federación del Trópico. A lo largo de su trayectoria sindical llegó a conocer la cárcel y el confinamiento. En 1989 al rendir homenaje a los compañeros caídos en defensa de la coca, efectivos de UMOPAR lo golpearon brutalmente y lo arrojaron al monte pensando que estaba muerto.

Evo Morales encabezó una histórica "Marcha por la Coca, la Vida y la Dignidad" desde Villa Tunari Cochabamba hasta la sede de gobierno en La Paz más de 600 kilómetros, perseguidos y hostilizados por la policía, 4.000 cocaleros marchistas, varones y mujeres, seguían rutas alternas por las serranías burlando los puestos de control policial. En La Paz la gente salía a las calles para alentar a los marchistas, ofreciéndoles agua, comida, ropa y zapatos. Suscribieron convenios con las autoridades, que una vez retornada la calma al país, las autoridades desconocieron, incumplieron y volvieron a la práctica de la represión. Los cocaleros se preguntaban cuando se van a cumplir los convenios y ellos mismos se respondieron “cuando lleguemos al poder". Evo Morales relataba: "He pasado momentos difíciles en Eterazama (1997), donde desde un helicóptero la DEA ha ametrallado y hubo cinco muertos en minutos." "En la sede de Derechos Humanos, en Villa Tunari el año 2000, intentaron acribillarme pero fracasaron, la bala paso rozándome".

Frente a los excesos de las fuerzas represivas, organizaciones sociales de Cochabamba (La Coordinadora del Agua) expresaron su apoyo a la resistencia de los productores de coca, desarrollaron movilizaciones y cuestionaron la expulsión de Evo Morales del Parlamento Nacional.

Finalmente, frente a la presión social y de la opinión pública, el gobierno cedió en la reapertura del mercado de Sacaba y la liberación de los productores detenidos.

El MESCPB - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas - Las movilizaciones indígenas aymaras

 Abril 2000 (1er. Bloqueo)

El bloqueo campesino indígena de abril de 2000, liderizado por Felipe Quispe (el Mallku) Secretario Ejecutivo de la CSUTCB, que después fue calificado por el propio Mallku como "un ensayo", seria erróneamente considerado como una prolongación de la guerra del agua" de Cochabamba, más adelante mostraría sus características con un discurso nacional indígena, básicamente aymara.

La movilización había sido convocada en protesta contra el proyecto de Ley de aguas que el gobierno pretendía aprobar con su "rodillo parlamentario", proyecto que desconocía completamente los usos y costumbres en la gestión del agua en las comunidades indíge- nas y campesinas.

El Estado de Sitio decretado por los conflictos de Cochabamba, provocaría también el apresamiento y confinamiento del Mallku en San Joaquín (Beni) y a la suspensión de la medida represiva. El dirigente aymara firmaría el primer acuerdo con el gobierno, de los varios que se suscribieron y no se cumplieron, que tenía como primer punto la revisión del proyecto de la Ley de aguas mencionada. En este primer bloqueo murieron 3 jóvenes aymaras, además de un capitán del ejército.

Septiembre 2000 (2do. Bloqueo)

El bloqueo comenzó el 18 de septiembre y terminó el 4 de octubre, fue el más largo de los bloqueos dirigidos por Felipe Quispe. Principalmente las carreteras del altiplano habían  sido prácticamente alfombradas con piedras. Murieron 7 campesinos, Felipe Quispe fue convocado por el gobierno a conversar, ocasión en la que acusó a los ministros de ase sinos, de frente en la mesa de negociaciones. El gobierno hizo grandes concesiones que no cumplió.

El movimiento aymara mostraba su autonomía en la movilización, era el momento de mayor plenitud en el liderazgo de Felipe Quispe "el Mallku", quien puso como en otros momentos de nuestra historia, el debate sobre la existencia de dos Bolivias, una indígena campesina y otra blanca mestiza, pidió hablar con el presidente Banzer de presidente a presidente, Quispe como presidente de los aymaras y Banzer como presidente de la Bolivia oficial.

Junio de 2001 (3er. Bloqueo)

El 21 de junio, Felipe Quispe decidió iniciar el tercer bloqueo de caminos en el altiplano paceño, distanciándose de otros líderes sociales y acusado de turbias relaciones con el Ministro sin Cartera de Asuntos Campesinos Wigberto "chaca" Rivero de las filas del MIR.

La movilización indígena demandaba la anulación total del tejido legal, desde el D.S. N° 21060 de 29 de agosto de 1985 hasta la Ley N° 1008 de 19 de julio de 1988 y asumió formas graves de violencia. Los violentos enfrentamientos con los militares ocasionaron la muerte de 2 campesinos, el gobierno tomó militarmente Achacachi y en el Cuartel General Aymara de Qálachaca se levantaron viejos fusiles máuser llamando a la "guerra civil".

El arzobispo Jesús Juárez que se internó en el bloqueo para intentar mediar en el conflicto fue agredido por los campesinos, "los curas desde los tiempos de la colonia han formado  parte del régimen de opresión y explotación de los indígenas igual que ahora", decían los campesinos bloqueadores, asimismo agredían a periodistas que eran considerados contrarios al movimiento social, como efectivamente hacían ese papel los periodistas y medios cooptados por el credo neoliberal.

Después de calientes negociaciones y con la mediación del Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la iglesia, se firma el Convenio de Pucarani, como siempre concesiones del gobierno de turno que no se cumplieron y terminaron siendo un engaño más a los sectores sociales que demandaron reivindicaciones económicas, políticas y sociales.

En una entrevista televisiva con la periodista Amalia Pando, Felipe Quispe respondía a una pregunta de qué es lo que buscaba, diciendo: "me rebelo para que mi hija no sea más tu empleada".

Febrero 2002 (4to. Bloqueo)

Bloqueos discontinuos, mostraron el agotamiento de la medida o la declinación del liderazgo del Mallku. Como sucedió en el pasado la movilización también terminó en negociaciones, esta vez en la Universidad Pública de El Alto, ante un escenario asambleístico de cerca de 500 dirigentes aymaras indígenas.

Estas movilizaciones indígenas y la "guerra del agua" eran campanazos que no fueron escuchados por los diferentes gobiernos neoliberales para tomar en cuenta la lucha de varios sectores del país que reclamaban derechos, pero que también manifestaban su descontento por la aplicación de medidas de corte neoliberal en nuestro país.

El MESCPB - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas - La guerra del agua

La insurrección popular de abril de 2000 en Cochabamba, llamada "la guerra del agua", sería el inicio de un proceso histórico de reversión de las privatizaciones, en este caso de los servicios públicos. Fue la primera victoria popular en Bolivia contra las políticas neo- liberales y también a nivel internacional se convertiría en bandera de los movimientos antiglobalización y de los movimientos sociales que luchan en el mundo contra la aplicación del recetario neoliberal, que tiene en las privatizaciones su piedra angular.

Las políticas de privatización neoliberal habían llegado al extremo de privatizar los servicios públicos en áreas como el agua y el saneamiento básico, actualmente declarada en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional como un derecho muy fundamental del ser humano.

Las “jornadas de abril" del 2000 en Cochabamba determinaron la expulsión de la multinacional Bechtel-Abengoa (norteamericana y española) que bajo el nombre de "Aguas del Tunari" empezaron a explotar el sistema de agua potable y alcantarillado. Este sería un antecedente, para que años después ocurra lo mismo con la gigantesca multinacional Suez-Lyonnaise des Eaux, que con el nombre de "Aguas del Illimani" operaba en las ciudades de La Paz y El Alto.

Esta movilización popular dirigida por la "Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida", sintetiza la experiencia de un movimiento social antineoliberal que recupera para el ciudadano la decisión sobre la explotación y aprovechamiento de sus recursos naturales y  fue el eslabón por donde se rompió la prepotencia del Estado para imponer políticas privatizadoras, antinacionales y antipopulares.

Por un contrato firmado el 4 de septiembre de 1999, con el consorcio Aguas del Tunari se había privatizado la empresa pública Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de Cochabamba y la realización del Proyecto Múltiple Misicuni, aunque en una versión muy reducida.

Fue el propio presidente y ex dictador Hugo Banzer Suarez que anunció pomposamente la firma del contrato en la ciudad de Cochabamba, como un supuesto avance de modernización neoliberal en el país. El señor Samuel Doria Medina, también participaba del negocio comprando el 5% del paquete accionario de la nueva empresa.

En esos años el Comité de Defensa del Agua, germen de la poderosa Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, ya había expresado su oposición. En ese tiempo el gobierno discutía una polémica Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que posibilitaba la concesión de monopolios en la dotación de agua obligando a conectar- se a las redes de agua a cooperativas, pozos y otras fuentes de captación de agua. Esta ley agravaba el descontento por la privatización de SEMAPA, aparte que afectaba a los agricultores campesinos en sus tradicionales usos y costumbres de gestionar el recurso agua, que en el caso de Cochabamba a través de organizaciones de regantes que con sus propios medios habían construido sistemas de riego, se plegarían al movimiento social y en el resto del país se generó la oposición campesina que empezaría a expresarse con movilizaciones indígenas en el altiplano paceño.

La empresa Aguas del Tunari despertó el descontento social, cuando en enero de 2000 incrementó las tarifas del agua subiendo en algunos casos en más del 100%, la empresa pretendía empezar a hacer ganancias subiendo tarifas y sin haber invertido un centavo en el servicio, es decir que con el pago de facturas incrementadas de los usuarios de la red de agua de la ciudad y de los potenciales beneficiarios de la misma se harían las inversiones para ampliar la red de agua potable y alcantarillado, a la cual una buena parte de la población cochabambina no tenía acceso (más del 50% de la población de la zona sur

de la ciudad no contaba con este servicio entonces).

El 11 de enero de 2000 se produjo la "primera batalla", se iniciaron movilizaciones que duraron 3 días, para presionar al gobierno a reformular la estructura tarifaria del servicio de agua, revisar el contrato con Aguas del Tunari y modificar la Ley N° 2029 de 29 de octubre de 1999. Se provocaron enfrentamientos con varios heridos.

La Coordinadora del Agua, que es un verdadero frente social, compuesto por la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Fabriles, juntas vecinales, universitarios, colegios, profesionales, maestros, jubilados, desocupados, regantes, productores de coca del trópico de Cochabamba y pobladores en general de Cochabamba, Quillacollo, Vinto y otras localidades, comenzaron a desarrollar su liderazgo en el conflicto usando los cabildos" como mecanismo de consulta y toma de decisiones del movimiento social.

El 4 de febrero del mismo año, la "segunda batalla", se convocó a una "toma pacífica de la ciudad, el gobierno en respuesta militariza la ciudad con refuerzos policiales trasladados desde La Paz. Esta militarización de la ciudad fue tomada por la población como una política de intimidación y amedrentamiento, caldeando aún más los ánimos populares, enardeciendo al movimiento social.

El 5 de febrero de 2000 continuaron las movilizaciones tensionándose más, con violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas represivas del Estado. Con la mediación de la iglesia católica y el Defensor del Pueblo se suscribió un acuerdo retomando los puntos planteados en enero, se retornó a la estructura tarifaria de octubre de 1999 y se liberó a todos los detenidos.

Ante la no solución de los problemas de fondo, en abril la Coordinadora del Agua radicalizó sus planteamientos, realizó una consulta popular planteando la anulación del contrato con Aguas del Tunari y convocó a la "Batalla Final" que inició el lunes 4 de abril de 2000 con la declaratoria de paro indefinido, el bloqueo de las carretas que vinculan a Cochabamba con otros departamentos y movilización general.

Los primeros días del paro fueron contundentes, calles, avenidas y carreteras completamente bloqueadas. Los sectores movilizados en los hechos tomaron la ciudad, la Plaza 24 de Septiembre se convirtió en el epicentro de los acontecimientos.

El tercer día del paro, en plenas reuniones de negociación entre las autoridades y la Coordinadora del Agua, el gobierno cometió la torpeza de tomar presos a los representantes de la Coordinadora que estaban participando en las reuniones.

La reacción no se dejaría esperar y al día siguiente, la población salió a las calles y el gobierno tuvo

detenidos.

Las movilizaciones diarias continuaron y el viernes 8 de abril del 2000, el gobierno del general Hugo Banzer Suarez recordando sus tiempos de dictadura decretó Estado de Sitio, apresó a dirigentes de la Coordinadora y los confinó en la población de Son Joaquín en el Beni, en una muestra clara que el gobierno no estaba dispuesto a revisar ni menos rescindir el contrato con las transnacionales que operaban a través de Aguas del Tunari. El gobierno del general Banzer actuaba con arrogancia y soberbia frente a la movilización social, trató el problema con cierto desdén y desprecio, y repetía que preservaría "el imperio de la ley", con una política comunicacional de descalificación y desprestigio de la Coordinadora del Agua, acusándola de expresar una posición política de oposición al gobierno y a la modernización del país.

El Estado de Sitio agravó la situación en lugar de controlarla, la gente salió a las calles a enfrentarse con las fuerzas represivas en una actitud de franco desafío a la metida de fuerza que el gobierno había adoptado. El pueblo le había perdido el miedo al poder des fuerza, le había perdido respeto al Estado neoliberal que no le tomaba en cuenta para decisiones sobre cuestiones que afectaban su vida, el pueblo se había rebelado definite mente contra uno de los ejes del neoliberalismo, como es la privatización de las empresas públicas de bienes y servicios, el pueblo había decidido tomar en sus propias manos destino en cuanto a la definición sobre el servicio de agua y alcantarillado.

En los duros y violentos enfrentamientos callejeros que desafiaban y desconocian (no hacían caso) al Estado de Sitio, en los que se incorporaron incluso "los chicos de la calle" (niños y adolescentes que viven en la calle) como guerreros del agua, significa que no había un sector social indiferente a los acontecimientos. El conflicto se había agudizado y tensionado al grado tal que oficiales del ejército vestidos de civil actuaban como francotiradores con armas de guerra, produciéndose la muerte del joven de 17 años, Victor Hugo Daza.

Al mismo tiempo del conflicto en Cochabamba (abril 2000), en el altiplano paceño había empezado un movimiento indígena liderizado por Felipe Quispe el "Mallku, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y otro al interior de la Policía por reivindicaciones salariales. El gobierno cedió rápidamente a los pedidos policiales y reprimió los bloqueos indígenas con un saldo de muertos y heridos.

El gobierno, en el típico lenguaje del ex-dictador Banzer, acusaba a las movilizaciones sociales de estar dirigida por elementos subversivos y como acciones del narcotráfico a que supuestamente estaba combatiendo el gobierno.

En esta verdadera insurrección popular tras un tema concreto, la gestión del servicio del agua, el pueblo había decidido jugarse el todo por el todo, el gobierno del general Banzer  fue obligado a una a negociación que concluíría en la rescisión del contrato con Aguas del Tunari, es decir la salida del país de la transnacional Bechtel-Abengoa, el levantamiento del Estado de Sitio que nadie respetó, la liberación de los presos, el retorno de los confinados en el Bení, indemnización a la família del joven asesinado y a los heridos, y la modificación de la Ley N° 2029 de 29 de octubre de 1999.

Fueron 7 días dramáticos y heroicos que terminaron en una victoria popular, contra el modelo neoliberal, ese sistema de privatizaciones y entrega de los recursos naturales al capital transnacional.

Años más tarde, otra gigantesca multinacional Suez-Eaux des Lyonnese que operaba como "Aguas del Illimani" en la ciudad de La Paz y El Alto, también sería expulsada del país. Alguien dijo, "los bolivianos después de la guerra del agua, ya no somos los mismos".

 

El MESCPB - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas - La marcha indígena de 1990

 Antes del ciclo 2000-2005 de movilizaciones sociales, es pertinente recordar la marcha de los pueblos indígenas benianos que se realizó en 1990.

Esta marcha por el "Territorio y la Dignidad" tuvo muchas significaciones, por un lado fue una movilización que pretendía y lo logró, buscar el reconocimiento de los pueblos indígenas de tierras bajas y, por otro lado, reclamar sus derechos fundamentales.

En esta marcha se mostraron rostros ocultos durante siglos, primero en la colonia y después en la República, explotados por los señores de la goma, los madereros, ganaderos además, olvidados y desconocidos por el Estado. La problemática de los pueblos indígenas de las tierras bajas ha sido sistemáticamente ignorada desde la fundación de la República.

Su aparición desde las llanuras benianas a las cumbres andinas, fue una interpelación al Estado y la sociedad. La reforma agraria no les llegó, durante años el Estado no ha reconocido, legalizado menos consolidado el derecho que tienen a la tierra y a su territorio y tampoco los diferentes gobiernos de turno hicieron nada por mejorar las condiciones socioeconómicas del pueblo beniano y entre ellos los indígenas de ese departamento. Fue una demanda por los legítimos e inalienables derechos originarios sobre las tierras que ocuparon desde sus antepasados antes de la colonia.

Grupos empresariales como el de los madereros, que fruto de sus relaciones de clase con los gobiernos neoliberales, obtuvieron dudosas concesiones de explotación forestal, avasallaban los ancestrales territorios indígenas y les exigían mostrar sus títulos de propiedad que la República nunca les había otorgado. Madereros que devastaban en una explotación irracional los bosques que pertenecían a estas comunidades. Su lucha era por el reconocimiento a un territorio digno y justo.

Esta movilización, más allá de los magros resultados alcanzados bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, logró despertar la conciencia nacional sobre el tema indígena, sobre la exclusión a la que habían sido sometidos desde la creación de la República y abrir el debate sobre la estructura plurinacional que presentaba Bolivia.

De ésta y las posteriores marchas indígenas salió la bandera de la Asamblea Constituyente, para refundar Bolivia en una línea de inclusión de todos los pueblos y sectores sociales que conforman el país. El neoliberalismo simplemente evadió esta problemática y solo se concentró en adoptar políticas económicas dirigidas a reforzar a la clase dominante en el país.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - Las luchas sociales y políticas

 Sin lugar a dudas, abril de 2000 marca el punto de inflexión del régimen político implementado desde 1985. Las movilizaciones sociales dirigidas en Cochabamba por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, los aymaras en el altiplano norte, la resistencia de los productores de coca en el trópico de Cochabamba a la erradicación forzosa y la denominada guerra del gas principalmente en la ciudad de El Alto, marcaron la re- configuración de la acción política y la democracia en Bolivia.

Las reivindicaciones tienen que ver con aspectos vitales como el derecho al agua, la tierra, salud, educación, salarios y defensa de los recursos naturales.

La interpelación fue al Estado, a la presencia de transnacionales que habían privatizado la explotación de recursos naturales, a la injerencia externa en la erradicación de coca, al sistema político y a los partidos políticos tradicionales que ya no representaban al pueblo. Estos hechos provocaron que la acción política y social desborde las instituciones y sistemas tradicionales, la política se trasladó a la lucha en las calles y en los caminos.

En abril de 2000 con la “guerra del agua” en Cochabamba y en febrero de 2003 con un levantamiento popular en La Paz contra "el impuestazo" de Sánchez de Lozada, la resistencia popular a las políticas neoliberales, preanunciaron la insurrección popular del 17 de octubre de 2003 que terminó expulsando al presidente Sánchez de Lozada, obligándolo a refugiarse en los Estados Unidos aunque con luto en la familia boliviana.

La insurrección popular de octubre 2003 era el resultado de un largo proceso de acumulación política, que no solamente planteaba la renuncia del presidente, sino la recuperación de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente.

La sociedad boliviana que en su mayoría había sido convencida por el discurso neoliberal que la economía de mercado resolvería todos los problemas, del crecimiento económico, de la creación de empleo (se ofreció 500 mil empleos con la capitalización de las empresas públicas estratégicas), de la reducción de la pobreza, etc., discurso avalado por analistas, intelectuales y por medios de comunicación, cooptados no sólo ideológicamente sino económicamente por quienes detentaron la titularidad del neoliberalismo en Bolivia, empieza a manifestar el descontento con los resultados del modelo aplicado.

 En cerca de 20 años de neoliberalismo, la entrega de los recursos naturales al capital transnacional, estancamiento económico del país, aumento del desempleo y generalizada pobreza frente a pequeños grupos de políticos, empresas transnacionales y empresarios vinculados a la exportación, que eran los únicos beneficiados del sistema económico, social y político implantado, explicaron la reacción del pueblo boliviano.

La chispa que encendió la hoguera de octubre 2003, fue la intención del gobierno de  Sánchez de Lozada, en realidad heredada de su antecesor Jorge Quiroga, de vender gas a los mercados de Estados Unidos y México vía Chile. En este vecino país se construirla una planta de gas natural que funcionaria con el gas enviado desde Bolivia para su expor tación a los mercados mencionados. Este hecho despertó, por un lado, las fibras íntimas de los bolivianos respecto a su relación con Chile sobre el problema de nuestra salida mar, y por otro, la consciencia de los bolivianos en relación a la soberanía del país sobre los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos. Ahí germinó y maduró la lla- mada "guerra del gas", que sentó las bases para el fin del régimen neoliberal en Bolivia.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - El lado olvidado de lo social - Educación

 La educación es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que puede repercutir en la productividad de una economía, también en el desarrollo social de la redistribución del ingreso y sin duda puede abrir mayores oportunidades a los sectores. población generando una mayor movilidad social, es parte de una política pública de sociales menos favorecidos.

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación entre los años 2000 y 2005, la tasa promedio de abandono general en educación regular se situaba en 6,1%. Los Departamentos de Pando y Oruro mostraban los promedios más altos de 10,5% y 7,5%, respectivamente. En el nivel Primario, para los mismos años la tasa promedio de abandono nacional se encontraba en 4,9%, para el departamento de Pando de 9,7% y Oruro de 6,4%. En el nivel Secundario, fue de 7,9%. En Pando la cifra ascendía a 10,2% seguida de Potosí con 8,8%.

Son niveles bastante elevados que de algún modo estaban vinculados a las condiciones de pobreza y que reproducen un círculo vicioso, porque a menor educación menores oportunidades de empleo y acceso a empleo precario.

Por otro lado, indicadores de analfabetismo nos muestran la siguiente información:

El analfabetismo es un fenómeno muy generalizado, principalmente entre la población adulta y las mujeres que muestran un mayor grado de analfabetismo, esta es una situación que ver también con el carácter pluricultural y multilingüe de la sociedad boliviana. Además, la poca práctica de lectura y escritura en adultos hace que se tenga u

analfabetismo funcional muy elevado.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - El lado olvidado de lo social - Salud

 Las condiciones de pobreza se constituyen en una de las limitaciones más fuertes para el cuidado de la salud, por eso se puede observar que las tasas de mortalidad infantil y materna son mayores en las áreas rurales que coinciden con los más altos niveles de pobreza nacionales. Las limitaciones al acceso a servicios de salud públicos, a agua potable y alcantarillado, las deficiencias alimentarias, son también limitantes para el cuidado de la salud que se descuidaron en el período neoliberal al ser más importante para este modelo formación y el fortalecimiento de un sector empresarial que concentre el ingreso.

Las tasas de mortalidad en Bolivia eran extremadamente altas, y se posicionaban entre las más elevadas de la región.

Una mirada a la evolución histórica de algunos indicadores importantes nos muestra lo siguiente:

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - El lado olvidado de lo social - La desigual distribución del ingreso

 La distribución del ingreso está asociada a la pobreza, a las causas estructurales y las políticas económicas que se implementaron en el país. La mayor desigualdad en Bolivia se profundizó con las medidas de corte neoliberal que estuvieron por más de 20 años vigentes en nuestro país.

De acuerdo a datos de organismos internacionales, América Latina es comparativamente la región más desigual en el mundo y Bolivia junto con Brasil entre los años 1985 y 2005, fueron los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso en la región, solamente comparable a algunos países de África.

En los 20 años del neoliberalismo se trató de recuperar cierto dinamismo en el crecimiento económico y reducir sustancialmente la inflación, pero el modelo económico neoliberal nunca se interesó en mejorar los indicadores de distribución del ingreso, por el contrario la filosofía neoliberal era generar sectores sociales que concentrasen el ingreso para que mediante la teoría del goteo, pudiera beneficiarse paulatinamente al resto de la sociedad.

Se tiene datos de la PRELAC (Prevención Regional de Educación para América Latina y el Caribe) elaborado en base a la Encuesta de Hogares del INE, que para el año 1989 muestra que el 20% más rico se apropiaba del 54,9% del ingreso nacional, mientras el 20% más pobre solamente recibía el 4,5% del ingreso total.

Por su parte, datos elaborados por el Banco Mundial lanzan los siguientes resultados:

Adicionalmente, UDAPE obtuvo que para el año 2002 el 10% más rico se apropiaba del 46% del ingreso y el 10% más pobre solo del 0,17%, eso significa 270 veces menos, esta es la imagen de la desigualdad económica en Bolivia en tiempos del neoliberalismo. 

Otro indicador comúnmente utilizado para observar la desigualdad es el Indice de Gini, que para los años 1996, 2000 y 2005 nos muestra un índice de 0,59, 0,62 y 0,60, respectivamente. Este indicador para el área rural se agrava más, con el 0,61, 0,69 y 0,66 respectivamente, mostrándonos todos estos datos una clara desigualdad del ingreso,

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - El lado olvidado de lo social - La pobreza

Las causas de la pobreza en Bolivia tienen raíces estructurales, producto de las políticas económicas y sociales aplicadas por los distintos gobiernos neoliberales de turno.

En la historia de la formación social boliviana, encontramos en el sistema colonial un sistema de saqueo y explotación irracional de los recursos naturales, principalmente meta. les preciosos como el oro y la plata, y sin duda la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena. Durante la república, se continuó con la explotación, principalmente minera en el último tercio del siglo XIX la plata y en buena parte del siglo XX el estaño, así como la goma, petróleo, gas y otros recursos naturales. En 180 años de vida republicana la economía boliviana, con una matriz productiva básicamente primario-exportadora, fue explotada en beneficio de pequeños núcleos oligárquicos que tenían el poder económico y político del país y se enriquecieron a costa de la miseria de la mayoría de los bolivianos, principalmente indígenas y obreros, y de los recursos del Estado.

En la última coyuntura política que duró de 1985 al 2005, en el país se aplicaron políticas neoliberales de la manera más dogmática posible, privatización de las empresas públicas, liberalización de los mercados de bienes y servicios, del dinero y del trabajo, con la libre contratación, congelamiento salarial, etc., es decir la estructuración de un nuevo patrón de acumulación basado en la apropiación del excedente por el capital privado, políticas que indudablemente profundizaron la situación de pobreza estructural en el país y la desigual distribución del ingreso.

El modo de producción dominante en la formación social boliviana es el capitalista, esto significa que en la economía boliviana opera la ley fundamental del capitalismo que es la producción de plusvalía, basada en la explotación de la fuerza de trabajo. En la coyuntura neoliberal se exacerbó la explotación de los trabajadores retrocediendo a épocas de extracción de plusvalía absoluta y hasta extraordinaria, como en épocas de la acumulación originaria del capital, lo que significó niveles de sobreexplotación de los trabajadores. Por otro lado , la ley de la acumulación capitalista explica como en una sociedad capitalista la riqueza se concentra en pocas manos (ricos), y en el otro polo de la sociedad los pobres  se hacen más pobres. Así, los mecanismos de la generación de plusvalor y de la acumulación capitalista van creando un ejército de desocupados cada vez mayor, empeorando las condiciones de pobreza en la sociedad.

Esto fue lo que vivimos en la coyuntura de 1985 al 2005, las políticas neoliberales agravaron la situación de pobreza en el país.

Lamentablemente no existe una base estadística sólida que nos permita observar la evolución de esta variable social; sin embargo, haremos referencia a distintos estudios se que han efectuado sobre esta materia que nos permiten una aproximación cercana a la realidad.

Trabajos del Banco Mundial de pobreza en el área urbana nos muestran una incidencia de pobreza de 60,1% para 1989 y de 61,6% para 1993, y una incidencia de extrema pobreza de 28,1% para 1989 y de 29,3% para 1993. En esta primera fase de la aplicación del plan de estabilización y las reformas estructurales en Bolivia, se muestra el agravamiento de la pobreza moderada y la extrema pobreza.

Datos posteriores producidos por Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), usando el método de la línea de la pobreza, muestran que la incidencia de pobreza moderada para el año 1996 fue 64,8%, para el 2000, 66,4%, y para el 2005, 60,6%. Con relación a la incidencia de pobreza extrema, para la gestión 1996 esta fue 41,2%, para el año 2000, 45,2%, y en 2005, 38,2%. Estos datos se agravan en el área rural, dado que para el año 1996 se observó una pobreza moderada de 84,4%, para el año 2000, 87,0%, y para el 2005, 77,6%; la incidencia de pobreza extrema en el área rural para el año 1996 fue 67,8%, para el 2000 ésta se situó en 75,0% y para el 2005 fue de 62,9%.

Esta radiografía nos muestra al año 2000 como el más grave, aunque con una tendencia sin grandes cambios en los 20 años de neoliberalismo. Así, el año 2000, 66 de cada 100 bolivianos estaban bajo la línea de la pobreza y 45 de cada 100 en condiciones de extrema pobreza. En el área rural, como dijimos, la situación era más delicada aún, el mismo año 2000, 87 de cada 100 bolivianos estaba bajo la línea de la pobreza y 75 de cada 100 habitantes en extrema pobreza.

En síntesis, en el período neoliberal el mayor problema de la sociedad boliviana era la pobreza, que lamentablemente no pudo superarse en más de 20 años de ejercicio de la economía de mercado

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - Política del sector externo

 Antes de la implantación del modelo neoliberal, la economía boliviana ya presentaba problemas, principalmente en los sectores productivos, los cuales se manifestaron fundamentalmente en una disminución de la cantidad de bienes ofertados a la población. Uno de los objetivos del plan de estabilización del modelo neoliberal fue aumentar la oferta total de productos para coadyuvar al proceso de control de los precios domésticos.

Fiel a la filosofía neoliberal, se dispuso la aplicación de una política para el sector externo que estableció la liberalización completa de los mercados de bienes, de divisas y del mercado cambiario (a través de la creación del Bolsín) y dentro de este paquete la completa apertura del comercio exterior a través de la libre exportación e importación, además de la eliminación del régimen de protección arancelaria. Con estos instrumentos, se buscaba fomentar la iniciativa y la producción empresarial doméstica.

Simultáneamente a la apertura del comercio exterior y siguiendo las recomendaciones del FMI y de otros organismos internacionales, en Bolivia también se liberalizó el flujo de capitales.

Una de las medidas aplicadas fue la instrumentación de un sistema de aranceles al conjunto de los bienes importados diferenciando los bienes de capital. La principal acción, entre otras, fue abrir las puertas del país a las importaciones, para lo cual inicialmente redujo y uniformizó los aranceles al 10% sobre el valor de los bienes, más el 10% del anterior arancel sobre el mismo tipo de bien, por lo que se tenía un total de 20%. En este marco, se creó mediante D.S. N° 21367 de 13 de agosto de 1986 el Gravamen las tasas correspondientes a servicios aduaneros en un único gravamen del 20% aplicado Aduanero Consolidado (GAC) con el propósito de integrar los derechos arancelarios y al valor CIF frontera de todas las mercancías, porcentaje que luego fue disminuyendo. A  su vez, el arancel a los bienes de capital tuvo una aplicación diferenciada pues ésta bajó del 10% al 5%. Con estas medidas se pretendía incentivar la importación de bienes de capital e incrementar la producción para luego insertarse a una economía globalizada con exportaciones competitivas. Sin embargo, la fijación del nuevo arancel fue una reducción de los aranceles prevalecientes anteriormente, lo que se tradujo en una disminución de precios de los bienes importados generando una mayor demanda por los mismos y automáticamente una sustitución de productos nacionales por aquellos importados, aspecto que conllevó a la quiebra de varias industrias nacionales que perdieron competitividad frente a los productos importados.

Esta política de comercio exterior se reforzó con medidas referidas a la determinación de precios y abastecimiento, puesto que se autorizó al entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar importaciones, adquisiciones y a adoptar toda medida tendiente a garantizar un normal abastecimiento de los productos de la canasta familiar a precios competitivos; asimismo se determinó que esta comercialización sea totalmente libre e irrestricta a excepción de algunos productos como ser: los provenientes de los hidrocarburos, transporte automotor urbano, transporte de pasajeros interdepartamental e interprovincial y fletes de transporte de carga, energía eléctrica, productos farmacéuticos, tarifas de transporte aéreo, tarifas ferroviarias, y tarifas telefónicas locales y de larga

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Para la concepción neoliberal, el sector exportador y principalmente el privado, se constituía en el motor del crecimiento económico. A las exportaciones de productos denominados no tradicionales se los liberó de todo impuesto, derecho o regalía de exportación. Asimismo, se mantuvo el mecanismo de compensación impositiva a objeto de corregir la incidencia de los diversos impuestos que gravaban a la producción y a la comercialización que estuvo en vigor a través del Decreto Ley N° 19048 desde 1982, para lo cual se extendió el Certificado de Reintegro Tributario entregado por el BCB a los exportadores

que se hubieran hecho acreedores a los beneficios de la devolución de gravámenes arancelarios y del mecanismo de compensación impositiva.

En relación a las exportaciones mineras se continuó pagando una regalía como impuesto único en sustitución de todo otro impuesto, el cual ascendía a 53% para los principales minerales (estaño, wolfram, antimonio, plata y bismuto) y 20% para el zinc y el plomo'.

Mediante D. S. N° 21060 de 29 de agosto de 1985, Título IV, Capítulo I: De los precios y abastecimientos. De acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 21060 del 29 de agosto de 1985, Título II, Capítulo III, Artículo 51, Inciso c.

Continuando con las políticas de incentivos para una mayor exportación, a través del D.S. N° 21660 de 10 de julio de 1987 se creó el Certificado de Reintegro Arancelario (CRA), que fue un mecanismo de compensación de los gravámenes arancelarios paga- dos por los exportadores, el cual se otorgaba a toda exportación de bienes (desde el 10 de julio de 1987) y era emitido como valor fiscal por el Tesoro General de la Nación, en moneda nacional con mantenimiento de valor. El CRA se extendía en un porcentaje de 5% para productos tradicionales y 10% para productos no tradicionales, sobre el valor neto de cada exportación.

Posteriormente, en marzo de 1991 mediante D.S. N° 22753 de 15 de marzo de 1991 se estableció, en sustitución del CRA, el Régimen de Reintegro del Gravamen Aduanero Consolidado bajo la modalidad de Draw Back, esta medida dispuso el reintegro del pago del gravamen a favor del exportador correspondiente al valor de las materias primas importadas utilizadas en la elaboración del producto exportable. Las tasas fijadas para la devolución se encontraban en el rango de 2% a 4%, donde, lógicamente, la tasa era mayor cuando el producto exportable contenía más insumos importados.

Con estas medidas en los ámbitos de la balanza comercial, exportaciones e importaciones, se pretendía, por un lado, abarrotar de suficientes productos en el mercado que se- rían destinados al consumo final de los hogares y de materias primas a la producción con- tribuyendo a la tarea de estabilizar los precios domésticos, y por otro lado, generar divisas incentivando las exportaciones y la maquila. Sin embargo, es importante hacer notar que en un inicio el modelo neoliberal no planteó políticas específicas para aumentar la producción, pues su preocupación central fue la de estabilizar los precios a cualquier costo.

De esta manera, el modelo neoliberal entró en una contradicción que posteriormente les traería consecuencias. Por un lado el modelo basaba el crecimiento de la economía en el incremento de las exportaciones y, por el otro, tenía como premisa la estabilidad de precios, esto provocaba que la política cambiaria no pudiera ser utilizada para ambos ob- jetivos. El modelo neoliberal había consolidado la dolarización de la economía boliviana para garantizar la estabilidad de precios y por tanto tenía al tipo de cambio como ancla de la inflación; lo que le obstaculizaba efectuar devaluaciones más rápidas y agudas para incentivar al sector exportador, porque mayores devaluaciones repercutían en mayores presiones inflacionarias y por tanto no todo el efecto devaluatorio se transformaba en una ganancia de competitividad de las exportaciones.

Esta medida tuvo una cobertura del universo arancelario, con excepción ciertos minerales y productos no tradicionales especificados en el anexo 1 del D.S. N° 22753 de 15 de marzo de 1991.

Como se mencionó anteriormente, el D.S. N° 21060 estableció un régimen de tipo de cambio único, real y flexible, con el propósito de desregular el mercado cambiario. En este sentido Cariaga (1997: 107) menciona que: "Este régimen perseguía asimismo liberar al gobierno del peso político que significaba tomar decisiones en materia cambiaria, para dejarlas sujeta a las fuerzas del mercado". Es decir, se trataba de una flotación administrada.

En una primera fase de la política cambiaria, el mecanismo que se empleó para la de terminación de la tasa de cambio fue la flotación administrada, para lo cual, se diseñó un sistema de subasta de divisas que se denominó Bolsín y que el BCB debería efectuar diariamente, o cuantas veces fuera necesario, con las divisas que recibía del sector público y aquellas que entregaba obligatoriamente el sector privado.

La estabilidad del tipo de cambio o las pequeñas devaluaciones programadas que se efectuaron fueron muy importantes a la hora de la determinación de precios domésticos, puesto que la provisión de bienes en una gran cuantía provenía de las importaciones que tomaban para si ese indicador macroeconómico. Por esa razón es que se optó por otro tipo de medidas tales como el manejo de aranceles en relación a las importaciones y de incentivos y devoluciones de impuestos a la exportación para administrar el comercio exterior.

Con un acervo reducido de reservas internacionales y, con el supuesto neoliberal de una ausencia de ahorro interno para garantizar inversiones en el país, se diseñó una estrategia para captar el ahorro externo, con el objetivo de dirigirlo a la inversión y aumentar la producción, aprobando una Ley de Inversiones en 1990 y, posteriormente, las denominadas reformas de segunda generación como la Ley de Capitalización, que no fue otra les que la ley para la privatización de los recursos naturales y las empresas públicas estatales. 

El modelo neoliberal apostó por la atracción de capitales extranjeros, especialmente en la forma de inversión extranjera directa para promover el crecimiento económico y aumentar las exportaciones. Para tal propósito se garantizó, en el Decreto Supremo N° 22407 de 11 de enero de 1990, el derecho de propiedad para las inversiones nacionales y extranjeras sin ninguna otra limitación que las establecidas por Ley. Además, y esto es lo más importante, se garantizó un régimen de libertad cambiaría, no existiendo restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de utilidades, dividen- dos, intereses y regalías por transferencia de tecnología u otros conceptos mercantiles.

La Ley N° 1182 de 17 de septiembre de 1990, de Inversiones, es una reafirmación de carácter normativo y una manera integral de la filosofía neoliberal en materia de trata miento de la inversión privada, protegiéndola y facilitando su ingreso al país.

Es así que esta norma garantizó la libre convertibilidad de la moneda donde los inversionistas nacionales y extranjeros estaban facultados a efectuar sus actos jurídicos, operaciones o contratos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El capital extranjero podía venir sólo o mediante la asociación con otras empresas, mediante contratos de Riesgo Compartido u otras figuras. En materia impositiva, las inversiones nacionales y extranjeras estuvieron sujetas al Régimen Tributario en vigencia.

Con la Ley N° 1544 de Capitalización del 21 de marzo de 1994 se entregaron las empresas públicas al capital extranjero mediante un proceso de capitalización, es decir, nuevos aportes provenientes de inversionistas privados nacionales y/o extranjeros que incrementaron el capital de estas empresas. Otras tantas empresas públicas fueron posterior- mente privatizadas en ventas directas.

A pesar de todo lo anterior, en el período neoliberal las Reservas Internacionales no tu- vieron mayor crecimiento, tal como lo podemos observar a continuación.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano - CAPÍTULO 2 EL MODELO NEOLIBERAL EN BOLIVIA, 1985-2005 - La política económica neoliberal - Política financiera

 Como era de suponerse, el D.S. N° 21060 también liberalizó absolutamente el mercado del dinero. Se autorizó a los bancos y a todas las instituciones financieras del sistema (mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, bancos hipotecarios y secciones hipotecarias de los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y toda persona natural, jurídica o colectiva), a efectuar todo tipo de operaciones en moneda extranjera o moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, cuyas condiciones financieras debían establecerse de acuerdo a la oferta y la demanda.

Se autorizó recibir depósitos a plazo fijo en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor, otorgar créditos en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor.

Se dejó "al convenio de las partes" la fijación de la tasa de interés, pero en la práctica la definición de la tasa de interés no resultaba de una negociación de partes, sino que eran fijadas por los bancos y entidades financieras, el cliente no tenía otra opción que tomar o dejar el crédito de acuerdo a su necesidad.

Los depósitos y cualquier otra operación en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor quedaron exentos de encaje legal.

Asimismo, se autorizó al sector bancario realizar operaciones de comercio exterior como ser: cartas de crédito, avales y fianzas, avances y aceptaciones, préstamos para el financiamiento respectivo con sus corresponsales en el exterior y otros sistemas generalmente aceptados en la banca internacional en favor de los importadores y exportadores del país, cuyas condiciones financieras, de comisión y otras también deberían ser establecidas por la oferta y la demanda.

También se autorizó a los bancos a efectuar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, tanto con el Banco Central de Bolivia como con el público en general.

Se autorizó a toda persona natural o jurídica a poder contraer, en forma irrestricta, obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados, entidades financieras o proveedores locales o extranjeros.

En consecuencia, la política económica neoliberal dio las más amplias facultades a la banca privada y al sistema financiero, para operar libremente en el mercado financiero. 

Desde 1987 y en los años siguientes se observó lo que podría haber sido un proceso de repatriación de capitales, las tasas de intereses domésticas fueron mayores a las tasas internacionales, hubo una fuerte caída de las tasas en los Estados Unidos y los depósitos en el país tuvieron un alto crecimiento, igualmente, aunque siempre en menor medida, crecía la cartera de los bancos.

Las operaciones en moneda extranjera se constituyeron en el eje dinamizador de las operaciones financieras, aunque a un costo altísimo para la economía boliviana: la dolarización. Los bancos se sentían muy cómodos prestando en dólares estadounidenses y quienes tenían cada vez más peso en las espaldas, eran los prestatarios que debían pagar, no solamente la tasa de interés pactada, sino que adicionalmente tenían que incluir entre sus costos la compra de dólares para el pago de sus deudas, enfrentando cada vez un dólar estadounidense más caro.

En 1987 tres bancos fueron intervenidos y posteriormente liquidados: Banco de Crédito Oruro S.A., Banco de la Vivienda SAM y Banco de Potosí S.A., poco después ocurrió lo mismo con el Banco del Progreso.

El D.S. N° 21660 de julio de 1987 llamado de "Reactivación Económica", entre otras cosas destinó recursos al sector productivo a través de créditos refinanciados por el Banco Central de Bolivia y transferidos mediante las entidades de intermediación financiera, recursos originados en créditos externos concedidos al país principalmente por organismos multilaterales. De esta manera, el banco central se convertía en el principal financiador de proyectos de inversión de mediano y largo plazo. Asimismo, se trató de aproximar el sistema bancario a la normativa bancaria internacional y se restableció la Superintendencia de Bancos como entidad independiente del BCB, con la tarea de controlar y emitir regulaciones administrativas para el sistema financiero.

Un par de años posteriores a 1987, el sistema financiero atravesaba una etapa de recomposición, con crecimiento de depósitos, lo cual se vio afectado en las elecciones de 1989 ante la llegada de Jaime Paz Zamora al gobierno, con fuertes retiros de dinero que, sin embargo, tuvieron una pronta recuperación. Los retiros de depósitos fueron cubiertos oportunamente por créditos de liquidez del banco central.

En 1991, en el marco de la ortodoxia privatizadora de la economía, dejan de operar y son cerrados los bancos estatales: Banco del Estado, Banco Agrícola de Bolivia y Banco Minero. Se traspasaron las cuentas fiscales al manejo oneroso de la banca privada. Este  cierre decretado en el gobierno de Jaime Paz Zamora fue presionado por el Grupo Consultivo de París, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En 1993, fue promulgada la Ley de Bancos y Entidades Financieras N° 1488 que básicamente ratifica la liberalización de las tasas de interés y la libre asignación de los créditos otorgados por los bancos. Esta Ley se aproxima a los lineamientos de Basilea I sobre regulación bancaria. Años antes se había constituido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, cuya autoridad era reconocida como el ente internacional de regulación en la supervisión financiera. Los objetivos principales que persigue el Comité son dos: 1) el fortalecimiento y la estabilidad del sistema financiero internacional, mediante la exigencia de normas prudenciales a las entidades que la componen, en particular de requerimientos adecuados de capital y 2) la eliminación de diferencias de regulación entre los países. El fortalecimiento de los sistemas financieros es una preocupación global. Los países deben aplicar los 25 principios básicos del Comité de Basilea a fin de promover la estabilidad del sistema financiero y de la macroeconomía. Existiendo una estrecha relación entre la estabilidad financiera y la estabilidad macroeconómica.

1994 y 1995 son años de una aguda crisis bancaria en el país. En 1994 la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras tuvo que intervenir el Banco Sur S.A. y el Banco de Cochabamba S.A. para su liquidación forzosa, después que los intentos de salvataje con créditos de liquidez del banco central resultaron ineficaces. Las liquidaciones de estos bancos crearon obligaciones al Banco Central de Bolivia de devolver depósitos a los ahorristas, con el argumento de evitar corridas en otros bancos e impedir que la crisis se convierta en sistémica.

A principios de 1995, el Banco Boliviano Americano S.A., el segundo más grande del país comenzó a manifestar dificultades, éste había creado bancos off-shore afiliados para escapar a las regulaciones nacionales sobre limitaciones a créditos vinculados e impuestos. Intentando salvar a este banco se desarrollaron distintos mecanismos que resultaron infructuosos, para finalmente en 1999 decidir su liquidación forzosa y nuevamente cargar al banco central las obligaciones de devolución de depósitos con el mismo argumento.

Otros cuatro bancos mostraron dificultades: el Banco Hipotecario Nacional Multibanco S.A., el Banco Unión, el Banco de La Paz y el Banco Internacional de Desarrollo (BIDESA).

En septiembre de 1995 con el D.S. N° 24110, el gobierno creó el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) para atender la situación de crisis del sistema bancario. El FONDESIF, que tuvo por objeto ampliar la base patrimonial de las entidades de intermediación financiera privadas y aumentar la disponibilidad de recursos financieros del sector productivo nacional, canalizó recursos a través de: a) créditos subordinados de capitalización, b) créditos de liquidez estructural, c) venta de activos con o sin pacto de recompra, d) venta, canje o redención de bonos de deuda externa soberana y e) asistencia técnica no reembolsable a las instituciones financieras que asuman la obligación de cumplir metas financieras y de fortalecimiento institucional.

En octubre de 1995, con la nueva Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670, se define al BCB como órgano rector del sistema de intermediación financiera, con funciones de mantener la estabilidad del sistema financiero. El BCB debe formular las políticas de aplicación general en materia de intermediación financiera y la SBEF tiene la responsabilidad de mantener un sistema financiero sano, eficiente y solvente. Las tareas del BCB y la SBEF debían ser complementarias.

Teóricamente en un mercado liberalizado las regulaciones deben ser mínimas y las medidas prudenciales deben asegurar la solvencia y solidez de los bancos.

En agosto de 1997, el BCB emite el Reglamento para la adecuación patrimonial de las entidades financieras con el incremento del 8% al 10% de coeficiente de adecuación patrimonial, que ya estaba establecida en la Ley N° 1670, cuya justificación e era que los vulnerables a choques externos y no se cuentan con mecanismos de mercado para la re- países con poco desarrollo de sus mercados financieros están más expuestos y son más solución de las crisis financieras.

En 1997, el FONDESIF aprobó los programas de fortalecimiento patrimonial de dos bancos en dificultades: el Banco Hipotecario Nacional Multibanco S.A. y Banco La Paz. El Banco BIDESA fue obligado a la liquidación forzosa por no cumplir los requerimientos del FONDESIF, nuevamente el banco central asume la obligación de devolver depósitos con el argumento de siempre, evitar que se ocasione una crisis sistémica.

La crisis bancaria fue muy costosa para el país, se estima en más de 600 millones de dólares el costo de la quiebra de bancos en los años noventa que tuvo que asumir el Estado, es decir todos los bolivianos.

A los banqueros cuando les va bien ganan mucho y si les va mal traspasan sus pérdidas al Estado o a los depositantes, es decir las ganancias se privatizan, se individualizan y las pérdidas se socializan.

Mediante la Ley N° 1864 de junio de 1998 se creó el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) como órgano normativo encargado de la aprobación de las normas de prudencia relacionadas con: capitales mínimos, fusión y liquidación de entidades financieras no bancarias, planes de rehabilitación de entidades que operan en los sectores de pensiones, valores y seguros, la regulación del microcrédito y de las operaciones de instituciones financieras de segundo piso. Su existencia fue irrelevante.

En 1998, entidades financieras internacionales abren la participación en propiedad accionaria de tres bancos en problemas: el Citibank (Estados Unidos) en el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Central Hispano (España) en el Banco Santa Cruz y el Banco de Crédito del Perú (Perú) en el Banco La Paz.

En los años noventa se observa un crecimiento del crédito ligado en gran parte a créditos vinculados. Los bancos eran cajas de financiamiento de las empresas de sus accionistas y ejecutivos. Los créditos eran concedidos sin mayor evaluación de riesgo crediticio, en condiciones preferenciales, renovaciones recurrentes y con fuertes dosis de estafa en garantías ofrecidas, comprobadas en el momento de la ejecución judicial de estas garantías prácticamente inexistentes.

El análisis de la cartera de los bancos mostraba un alto grado de concentración de los créditos tanto a nivel de prestatarios por monto (créditos mayores a 100.000 dólares), como a nivel sectorial (comercio) y geográfico (eje central).

La alta concentración de la riqueza en el país también se manifestó en la alta concentración del crédito donde los prestatarios por encima de 100.000 dólares representaban el 2% y concentraban el 68% del total de préstamos del sistema financiero en el año 2000, La concentración del mercado financiero también era altísima, en el periodo 1989.10) 3 a 5 bancos concentraban el 40% y 60% del mercado, de manera que se puede afirmar  que el mercado financiero en Bolivia era un mercado oligopólico.

Los bancos en Bolivia presentaban deficiencias crónicas en sus operaciones financieras desempeñándose en una estructura oligopólica, con spreds altos, transfiriendo riesgos a los deudores y en un marco de ineficiencia en la intermediación.

El BCB asistió permanentemente con créditos de liquidez de corto plazo para cubrir dificultades de la banca privada.

Entre diciembre de 1998 y junio de 2001 la cartera de créditos en la banca se redujo considerablemente (800 millones de dólares) y se elevó la mora del sistema financiero, factores de agravamiento de la crisis que son también la manifestación del estancamiento de la economía boliviana durante este período.

En mayo de 2001, se promulgó la Ley N° 2196 que estableció el Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE) y el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP). El FERE tenía dos componentes: a) permitir la reprogramación de deuda y así posibilitar la mejora de calificación para los préstamos reprogramados y b) dar la posibilidad de otorgar recursos crediticios frescos, con aportes de la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO).

La reprogramación del FERE produce un alivio sustancial en los flujos de repago de los deudores y una reducción de las previsiones a constituir por los bancos. Mientras que el PROFOP contribuía a la recapitalización de los bancos y no bancos mediante la otorgación de créditos subordinados.

A fines de 2001, los programas FERE y PROFOP permitieron una mejor calificación de los indicadores de calidad de activos, liquidez y capitalización de los bancos; sin embargo, parte de los recursos de este programa fueron utilizados por las entidades de intermediación financiera para el incremento de sus inversiones en títulos valor, la cancelación de obligaciones y el reconocimiento de cargos por incobrabilidad, no habiéndose producido los efectos esperados de colocación de nuevos créditos y contribuir desde la banca sin mayores repercusiones en el mejor desempeño del mercado crediticio. Como muchas a la reactivación de la economía boliviana. Se inyectaron más de 100 millones de dólares otras veces, los empresarios privados recibían recursos económicos del Estado para unos fines y los utilizaban en otros, de acuerdo a sus intereses particulares, incumpliendo la políticas gubernamentales y haciéndolas fracasar.

En estos años también se observó un significativo crecimiento de las inversiones de la banca privada en entidades financieras del exterior, es decir la banca nunca cumplió un rol de motor de crecimiento de la economía, era una banca con espíritu especulativo y no de apoyo al desarrollo productivo de la economía nacional.

Los años 2002 y 2003 fueron de incertidumbre para el sector financiero, las elecciones nacionales en un entorno de crisis general del Estado y los acontecimientos sociales de este último año, contrajeron la intermediación financiera. El retiro de depósitos por parte del público en la etapa de elecciones, obligó a los bancos a usar su propia liquidez, realizando sus inversiones y recurriendo a los créditos de liquidez del banco central.

Frente a la contracción de la cartera de préstamos en estos años de crisis social y política que afectó a la rentabilidad de los bancos, éstos trataron de compensar estas pérdidas aumentando los spreds, es decir la diferencia entre tasas pasivas y activas, y aumentando las comisiones que cobran al público. Los altos spreds tienen varias implicaciones macroeconómicas, las altas tasas activas desalientan la demanda de créditos y por tanto la tan añorada reactivación especialmente del sector productivo de la economía y la recuperación de la deprimida demanda agregada.

En abril de 2004 se promulga la Ley N° 2646 del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que prevé una vigencia transitoria del 1 de julio de 2004 al 1 de julio de 2006, con fines claramente de incrementar la recaudación para enfrentar los elevados déficits fisca les de esa época. La Ley fija una tasa de 3 por mil para las transacciones que correspondan al sistema financiero nacional durante el primer año y 2,5 por mil en el siguiente año. Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de cuentas corrientes y cajas de ahorro en moneda extranjera con saldos mayores a mil dólares que realicen transferencias de fondos, asimismo, los propietarios de cheques de gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos similares. Los depósitos en moneda nacional o en UFVS estaban exentos del impuesto.

El periodista español Ignacio Ramonet (2012:1), en referencia a los banqueros y la crisis financiera mundial, dice: "los nuevos 'amos del mundo' no sienten ninguna preocupación por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Movidos por la avidez, especula- dores y banqueros llegan a comportarse a veces como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una impunidad casi total".

El periodista, escritor y docente universitario Roberto Cuevas Ramírez publicó en 2012 el libro "Estafa del Siglo - Quiebra de Bancos", en el que describe la quiebra de bancos en Bolivia entre 1987 y 1997, ocasionando un costo al Estado de 1.000 millones de dólares, cubiertos con dinero fresco por el BCB para devolver a los ahorristas. Quiebras que no solamente tienen que ver con la mala administración, sino con una administración delictiva donde los créditos vinculados, uso de testaferros y "palos blancos

para conceder créditos a accionistas y ejecutivos de bancos fueron entre otras las causas de las quiebras. 

En Bolivia podríamos resumir el comportamiento de la banca privada señalando que: en las épocas de dictadura fueron los principales financiadores de golpes militares, principalmente ligados al ex-dictador Gral. Banzer y también a García Meza, y durante el período neoliberal fuertemente vinculados a los gobiernos de turno, vigorosamente apoyados por las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, además de los miembros del Grupo Consultivo de París, instancia a la que los gobiernos neoliberales acudían a renegociar deuda externa y establecer donaciones para Bolivia, en el marco del ajuste estructural que comprendía la privatización de la economía y

medidas.

En la banca privada se observa la alta concentración del crédito favoreciendo a ciertos clientes en lugar de democratizar la concesión de créditos. De igual forma, el mayor porcentaje de los préstamos estaba dirigido al sector del comercio y no al sector productivo que es lo que necesita el país para avanzar hacia el desarrollo económico y social.

El sistema bancario oligopólico, ha mantenido de manera crónica altas tasas de interés activas limitando el acceso al crédito productivo y, por otro lado, diferenciales altos entre tasas activas y pasivas (spred) mostrando ineficiencia en la gestión de la intermediación financiera. Los banqueros que son parte de la oligarquía financiera siempre tuvieron un perfil especulador y poco aportaron al desarrollo productivo del país.