La presión norteamericana en la problemática de la erradicación de cultivos de coca excedentaria, deviene en una estrategia militar avalada por el gobierno del Gral. Banzer y Jorge Quiroga, entre 1997-2002.
La estrategia se fundó en los principios del Documento de Santa Fe II, en el que los Estados Unidos identifica en América Latina tres peligros: la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico, para enfrentarlos genera "guerras de baja intensidad", definiendo la intervención militar norteamericana directa en los planes de erradicación de cultivos de coca en Bolivia.
En esta estrategia se estigmatizó y tipificó a los productores de coca como narcotraficantes, narcoguerrilleros y narcoterroristas, contra quienes se desarrollaron acciones violen- tas, como asesinatos, torturas, secuestros, detenciones, violando flagrantemente los más elementales derechos humanos y derechos constitucionales, de hombres, mujeres, niños y ancianos, en la más absoluta impunidad.
Por otro lado, el gobierno norteamericano presionaba al gobierno de Bolivia, condicionando su apoyo económico a los programas militarizados de erradicación de la coca. En esta problemática no se debe dejar de observar la doble moral norteamericana en el tratamiento del tema de drogas, considerando que hablan de erradicar los cultivos de coca pero no de reducir la demanda de cocaína que más bien va en permanente crecimiento en su sociedad y asimismo, realizaron acciones encubiertas para financiar actividades de paramilitares como el caso de los "contras" en la guerra contra la revolución sandinista en Nicaragua, con recursos generados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, sigla en inglés) en el tráfico de drogas.
El Gral. Banzer para la implementación de su política de erradicación de cultivos de coca y bajo los lineamientos norteamericanos conformó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) integrada por el ejército, la fuerza aérea, la armada y la unidad policial especializada en la lucha contra el narcotráfico UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural), con la participación directa de asesores y agregados militares norteamericanos. La FTC prácticamente actuaba bajo la dirección de los militares norteamericanos que la habían equipado, entre otras cosas, con helicópteros artillados y había construido un cuartel con pista de aterrizaje en pleno Chapare, además de efectuar pagos de bonos extras para "incentivo” de la tropa norteamericana por la Sección Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS por su sigla en inglés), también desarrollaban tareas de inteligencia la NAS, la DEAyla CIA norteamericanas, con una pérdida total de la soberanía nacional, sobre su territorio, en el mando de sus tropas militares y las decisiones en la política de la problemática coca-cocaína.
El año 2000, como parte del denominado "Plan Dignidad" de Banzer, se declaró "coca cero en el Chapare. El 27 de noviembre de 2001 el gobierno determinó el cierre del mercado de Sacaba, principal mercado de la coca del Chapare.
Por su parte, los productores de coca enarbolaban la consigna de "coca o muerte" y comenzaron a desarrollar la formación de Comités de Autodefensa y programas de formación político-sindical. El 14 de enero de 2002 realizaron una multitudinaria manifestación exigiendo la reapertura del mercado de Sacaba.
El "instrumento político" fundado por Evo Morales en 1998 que más adelante adopta el nombre de Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en una línea de desarrollo politico a nivel nacional va asumiendo un perfil "antineoliberal" y "antiimperialista" y la defensa de la hoja de coca se irá articulando a un discurso por "la dignidad y la soberanía" nacionales. "Coca igual soberanía" será uno de los ejes discursivos del MAS-IPSP.
Los enfrentamientos se radicalizaron y concentraron en Sacaba, dando lugar a lo que se conoció como "la guerra de la coca". Con un resultado de varios muertos y heridos cocaleros y también efectivos militares y policiales, y decenas de cocaleros detenidos.
El gobierno y los partidos políticos de su megacoalición inculparon de estos sucesos al dirigente de los productores de coca Evo Morales, quien en 1997 había sido elegido Diputado Nacional y tramitaron su expulsión del Congreso Nacional.
Evo Morales empezó la carrera sindical en 1981 como Secretario de Deportes. En un rápido ascenso sindical, en 1985 fue elegido Secretario General de su sindicato y en 1988 Secretario Ejecutivo de la Federación del Trópico. A lo largo de su trayectoria sindical llegó a conocer la cárcel y el confinamiento. En 1989 al rendir homenaje a los compañeros caídos en defensa de la coca, efectivos de UMOPAR lo golpearon brutalmente y lo arrojaron al monte pensando que estaba muerto.
Evo Morales encabezó una histórica "Marcha por la Coca, la Vida y la Dignidad" desde Villa Tunari Cochabamba hasta la sede de gobierno en La Paz más de 600 kilómetros, perseguidos y hostilizados por la policía, 4.000 cocaleros marchistas, varones y mujeres, seguían rutas alternas por las serranías burlando los puestos de control policial. En La Paz la gente salía a las calles para alentar a los marchistas, ofreciéndoles agua, comida, ropa y zapatos. Suscribieron convenios con las autoridades, que una vez retornada la calma al país, las autoridades desconocieron, incumplieron y volvieron a la práctica de la represión. Los cocaleros se preguntaban cuando se van a cumplir los convenios y ellos mismos se respondieron “cuando lleguemos al poder". Evo Morales relataba: "He pasado momentos difíciles en Eterazama (1997), donde desde un helicóptero la DEA ha ametrallado y hubo cinco muertos en minutos." "En la sede de Derechos Humanos, en Villa Tunari el año 2000, intentaron acribillarme pero fracasaron, la bala paso rozándome".
Frente a los excesos de las fuerzas represivas, organizaciones sociales de Cochabamba (La Coordinadora del Agua) expresaron su apoyo a la resistencia de los productores de coca, desarrollaron movilizaciones y cuestionaron la expulsión de Evo Morales del Parlamento Nacional.
Finalmente, frente a la presión social y de la opinión pública, el gobierno cedió en la reapertura del mercado de Sacaba y la liberación de los productores detenidos.
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