Como era de suponerse, el D.S. N° 21060 también liberalizó absolutamente el mercado del dinero. Se autorizó a los bancos y a todas las instituciones financieras del sistema (mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, bancos hipotecarios y secciones hipotecarias de los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y toda persona natural, jurídica o colectiva), a efectuar todo tipo de operaciones en moneda extranjera o moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, cuyas condiciones financieras debían establecerse de acuerdo a la oferta y la demanda.
Se autorizó recibir depósitos a plazo fijo en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor, otorgar créditos en moneda extranjera o en moneda nacional con mantenimiento de valor.
Se dejó "al convenio de las partes" la fijación de la tasa de interés, pero en la práctica la definición de la tasa de interés no resultaba de una negociación de partes, sino que eran fijadas por los bancos y entidades financieras, el cliente no tenía otra opción que tomar o dejar el crédito de acuerdo a su necesidad.
Los depósitos y cualquier otra operación en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor quedaron exentos de encaje legal.
Asimismo, se autorizó al sector bancario realizar operaciones de comercio exterior como ser: cartas de crédito, avales y fianzas, avances y aceptaciones, préstamos para el financiamiento respectivo con sus corresponsales en el exterior y otros sistemas generalmente aceptados en la banca internacional en favor de los importadores y exportadores del país, cuyas condiciones financieras, de comisión y otras también deberían ser establecidas por la oferta y la demanda.
También se autorizó a los bancos a efectuar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, tanto con el Banco Central de Bolivia como con el público en general.
Se autorizó a toda persona natural o jurídica a poder contraer, en forma irrestricta, obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados, entidades financieras o proveedores locales o extranjeros.
En consecuencia, la política económica neoliberal dio las más amplias facultades a la banca privada y al sistema financiero, para operar libremente en el mercado financiero.
Desde 1987 y en los años siguientes se observó lo que podría haber sido un proceso de repatriación de capitales, las tasas de intereses domésticas fueron mayores a las tasas internacionales, hubo una fuerte caída de las tasas en los Estados Unidos y los depósitos en el país tuvieron un alto crecimiento, igualmente, aunque siempre en menor medida, crecía la cartera de los bancos.
Las operaciones en moneda extranjera se constituyeron en el eje dinamizador de las operaciones financieras, aunque a un costo altísimo para la economía boliviana: la dolarización. Los bancos se sentían muy cómodos prestando en dólares estadounidenses y quienes tenían cada vez más peso en las espaldas, eran los prestatarios que debían pagar, no solamente la tasa de interés pactada, sino que adicionalmente tenían que incluir entre sus costos la compra de dólares para el pago de sus deudas, enfrentando cada vez un dólar estadounidense más caro.
En 1987 tres bancos fueron intervenidos y posteriormente liquidados: Banco de Crédito Oruro S.A., Banco de la Vivienda SAM y Banco de Potosí S.A., poco después ocurrió lo mismo con el Banco del Progreso.
El D.S. N° 21660 de julio de 1987 llamado de "Reactivación Económica", entre otras cosas destinó recursos al sector productivo a través de créditos refinanciados por el Banco Central de Bolivia y transferidos mediante las entidades de intermediación financiera, recursos originados en créditos externos concedidos al país principalmente por organismos multilaterales. De esta manera, el banco central se convertía en el principal financiador de proyectos de inversión de mediano y largo plazo. Asimismo, se trató de aproximar el sistema bancario a la normativa bancaria internacional y se restableció la Superintendencia de Bancos como entidad independiente del BCB, con la tarea de controlar y emitir regulaciones administrativas para el sistema financiero.
Un par de años posteriores a 1987, el sistema financiero atravesaba una etapa de recomposición, con crecimiento de depósitos, lo cual se vio afectado en las elecciones de 1989 ante la llegada de Jaime Paz Zamora al gobierno, con fuertes retiros de dinero que, sin embargo, tuvieron una pronta recuperación. Los retiros de depósitos fueron cubiertos oportunamente por créditos de liquidez del banco central.
En 1991, en el marco de la ortodoxia privatizadora de la economía, dejan de operar y son cerrados los bancos estatales: Banco del Estado, Banco Agrícola de Bolivia y Banco Minero. Se traspasaron las cuentas fiscales al manejo oneroso de la banca privada. Este cierre decretado en el gobierno de Jaime Paz Zamora fue presionado por el Grupo Consultivo de París, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En 1993, fue promulgada la Ley de Bancos y Entidades Financieras N° 1488 que básicamente ratifica la liberalización de las tasas de interés y la libre asignación de los créditos otorgados por los bancos. Esta Ley se aproxima a los lineamientos de Basilea I sobre regulación bancaria. Años antes se había constituido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, cuya autoridad era reconocida como el ente internacional de regulación en la supervisión financiera. Los objetivos principales que persigue el Comité son dos: 1) el fortalecimiento y la estabilidad del sistema financiero internacional, mediante la exigencia de normas prudenciales a las entidades que la componen, en particular de requerimientos adecuados de capital y 2) la eliminación de diferencias de regulación entre los países. El fortalecimiento de los sistemas financieros es una preocupación global. Los países deben aplicar los 25 principios básicos del Comité de Basilea a fin de promover la estabilidad del sistema financiero y de la macroeconomía. Existiendo una estrecha relación entre la estabilidad financiera y la estabilidad macroeconómica.
1994 y 1995 son años de una aguda crisis bancaria en el país. En 1994 la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras tuvo que intervenir el Banco Sur S.A. y el Banco de Cochabamba S.A. para su liquidación forzosa, después que los intentos de salvataje con créditos de liquidez del banco central resultaron ineficaces. Las liquidaciones de estos bancos crearon obligaciones al Banco Central de Bolivia de devolver depósitos a los ahorristas, con el argumento de evitar corridas en otros bancos e impedir que la crisis se convierta en sistémica.
A principios de 1995, el Banco Boliviano Americano S.A., el segundo más grande del país comenzó a manifestar dificultades, éste había creado bancos off-shore afiliados para escapar a las regulaciones nacionales sobre limitaciones a créditos vinculados e impuestos. Intentando salvar a este banco se desarrollaron distintos mecanismos que resultaron infructuosos, para finalmente en 1999 decidir su liquidación forzosa y nuevamente cargar al banco central las obligaciones de devolución de depósitos con el mismo argumento.
Otros cuatro bancos mostraron dificultades: el Banco Hipotecario Nacional Multibanco S.A., el Banco Unión, el Banco de La Paz y el Banco Internacional de Desarrollo (BIDESA).
En septiembre de 1995 con el D.S. N° 24110, el gobierno creó el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) para atender la situación de crisis del sistema bancario. El FONDESIF, que tuvo por objeto ampliar la base patrimonial de las entidades de intermediación financiera privadas y aumentar la disponibilidad de recursos financieros del sector productivo nacional, canalizó recursos a través de: a) créditos subordinados de capitalización, b) créditos de liquidez estructural, c) venta de activos con o sin pacto de recompra, d) venta, canje o redención de bonos de deuda externa soberana y e) asistencia técnica no reembolsable a las instituciones financieras que asuman la obligación de cumplir metas financieras y de fortalecimiento institucional.
En octubre de 1995, con la nueva Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670, se define al BCB como órgano rector del sistema de intermediación financiera, con funciones de mantener la estabilidad del sistema financiero. El BCB debe formular las políticas de aplicación general en materia de intermediación financiera y la SBEF tiene la responsabilidad de mantener un sistema financiero sano, eficiente y solvente. Las tareas del BCB y la SBEF debían ser complementarias.
Teóricamente en un mercado liberalizado las regulaciones deben ser mínimas y las medidas prudenciales deben asegurar la solvencia y solidez de los bancos.
En agosto de 1997, el BCB emite el Reglamento para la adecuación patrimonial de las entidades financieras con el incremento del 8% al 10% de coeficiente de adecuación patrimonial, que ya estaba establecida en la Ley N° 1670, cuya justificación e era que los vulnerables a choques externos y no se cuentan con mecanismos de mercado para la re- países con poco desarrollo de sus mercados financieros están más expuestos y son más solución de las crisis financieras.
En 1997, el FONDESIF aprobó los programas de fortalecimiento patrimonial de dos bancos en dificultades: el Banco Hipotecario Nacional Multibanco S.A. y Banco La Paz. El Banco BIDESA fue obligado a la liquidación forzosa por no cumplir los requerimientos del FONDESIF, nuevamente el banco central asume la obligación de devolver depósitos con el argumento de siempre, evitar que se ocasione una crisis sistémica.
La crisis bancaria fue muy costosa para el país, se estima en más de 600 millones de dólares el costo de la quiebra de bancos en los años noventa que tuvo que asumir el Estado, es decir todos los bolivianos.
A los banqueros cuando les va bien ganan mucho y si les va mal traspasan sus pérdidas al Estado o a los depositantes, es decir las ganancias se privatizan, se individualizan y las pérdidas se socializan.
Mediante la Ley N° 1864 de junio de 1998 se creó el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) como órgano normativo encargado de la aprobación de las normas de prudencia relacionadas con: capitales mínimos, fusión y liquidación de entidades financieras no bancarias, planes de rehabilitación de entidades que operan en los sectores de pensiones, valores y seguros, la regulación del microcrédito y de las operaciones de instituciones financieras de segundo piso. Su existencia fue irrelevante.
En 1998, entidades financieras internacionales abren la participación en propiedad accionaria de tres bancos en problemas: el Citibank (Estados Unidos) en el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Central Hispano (España) en el Banco Santa Cruz y el Banco de Crédito del Perú (Perú) en el Banco La Paz.
En los años noventa se observa un crecimiento del crédito ligado en gran parte a créditos vinculados. Los bancos eran cajas de financiamiento de las empresas de sus accionistas y ejecutivos. Los créditos eran concedidos sin mayor evaluación de riesgo crediticio, en condiciones preferenciales, renovaciones recurrentes y con fuertes dosis de estafa en garantías ofrecidas, comprobadas en el momento de la ejecución judicial de estas garantías prácticamente inexistentes.
El análisis de la cartera de los bancos mostraba un alto grado de concentración de los créditos tanto a nivel de prestatarios por monto (créditos mayores a 100.000 dólares), como a nivel sectorial (comercio) y geográfico (eje central).
La alta concentración de la riqueza en el país también se manifestó en la alta concentración del crédito donde los prestatarios por encima de 100.000 dólares representaban el 2% y concentraban el 68% del total de préstamos del sistema financiero en el año 2000, La concentración del mercado financiero también era altísima, en el periodo 1989.10) 3 a 5 bancos concentraban el 40% y 60% del mercado, de manera que se puede afirmar que el mercado financiero en Bolivia era un mercado oligopólico.
Los bancos en Bolivia presentaban deficiencias crónicas en sus operaciones financieras desempeñándose en una estructura oligopólica, con spreds altos, transfiriendo riesgos a los deudores y en un marco de ineficiencia en la intermediación.
El BCB asistió permanentemente con créditos de liquidez de corto plazo para cubrir dificultades de la banca privada.
Entre diciembre de 1998 y junio de 2001 la cartera de créditos en la banca se redujo considerablemente (800 millones de dólares) y se elevó la mora del sistema financiero, factores de agravamiento de la crisis que son también la manifestación del estancamiento de la economía boliviana durante este período.
En mayo de 2001, se promulgó la Ley N° 2196 que estableció el Fondo Especial de Reactivación Económica (FERE) y el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP). El FERE tenía dos componentes: a) permitir la reprogramación de deuda y así posibilitar la mejora de calificación para los préstamos reprogramados y b) dar la posibilidad de otorgar recursos crediticios frescos, con aportes de la Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO).
La reprogramación del FERE produce un alivio sustancial en los flujos de repago de los deudores y una reducción de las previsiones a constituir por los bancos. Mientras que el PROFOP contribuía a la recapitalización de los bancos y no bancos mediante la otorgación de créditos subordinados.
A fines de 2001, los programas FERE y PROFOP permitieron una mejor calificación de los indicadores de calidad de activos, liquidez y capitalización de los bancos; sin embargo, parte de los recursos de este programa fueron utilizados por las entidades de intermediación financiera para el incremento de sus inversiones en títulos valor, la cancelación de obligaciones y el reconocimiento de cargos por incobrabilidad, no habiéndose producido los efectos esperados de colocación de nuevos créditos y contribuir desde la banca sin mayores repercusiones en el mejor desempeño del mercado crediticio. Como muchas a la reactivación de la economía boliviana. Se inyectaron más de 100 millones de dólares otras veces, los empresarios privados recibían recursos económicos del Estado para unos fines y los utilizaban en otros, de acuerdo a sus intereses particulares, incumpliendo la políticas gubernamentales y haciéndolas fracasar.
En estos años también se observó un significativo crecimiento de las inversiones de la banca privada en entidades financieras del exterior, es decir la banca nunca cumplió un rol de motor de crecimiento de la economía, era una banca con espíritu especulativo y no de apoyo al desarrollo productivo de la economía nacional.
Los años 2002 y 2003 fueron de incertidumbre para el sector financiero, las elecciones nacionales en un entorno de crisis general del Estado y los acontecimientos sociales de este último año, contrajeron la intermediación financiera. El retiro de depósitos por parte del público en la etapa de elecciones, obligó a los bancos a usar su propia liquidez, realizando sus inversiones y recurriendo a los créditos de liquidez del banco central.
Frente a la contracción de la cartera de préstamos en estos años de crisis social y política que afectó a la rentabilidad de los bancos, éstos trataron de compensar estas pérdidas aumentando los spreds, es decir la diferencia entre tasas pasivas y activas, y aumentando las comisiones que cobran al público. Los altos spreds tienen varias implicaciones macroeconómicas, las altas tasas activas desalientan la demanda de créditos y por tanto la tan añorada reactivación especialmente del sector productivo de la economía y la recuperación de la deprimida demanda agregada.
En abril de 2004 se promulga la Ley N° 2646 del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que prevé una vigencia transitoria del 1 de julio de 2004 al 1 de julio de 2006, con fines claramente de incrementar la recaudación para enfrentar los elevados déficits fisca les de esa época. La Ley fija una tasa de 3 por mil para las transacciones que correspondan al sistema financiero nacional durante el primer año y 2,5 por mil en el siguiente año. Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de cuentas corrientes y cajas de ahorro en moneda extranjera con saldos mayores a mil dólares que realicen transferencias de fondos, asimismo, los propietarios de cheques de gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos similares. Los depósitos en moneda nacional o en UFVS estaban exentos del impuesto.
El periodista español Ignacio Ramonet (2012:1), en referencia a los banqueros y la crisis financiera mundial, dice: "los nuevos 'amos del mundo' no sienten ninguna preocupación por el bien común. La solidaridad no es su problema. Menos aún la preservación del Estado de bienestar. La única racionalidad que los motiva es la codicia. Movidos por la avidez, especula- dores y banqueros llegan a comportarse a veces como mafias, con mentalidad de aves de rapiña. Y con una impunidad casi total".
El periodista, escritor y docente universitario Roberto Cuevas Ramírez publicó en 2012 el libro "Estafa del Siglo - Quiebra de Bancos", en el que describe la quiebra de bancos en Bolivia entre 1987 y 1997, ocasionando un costo al Estado de 1.000 millones de dólares, cubiertos con dinero fresco por el BCB para devolver a los ahorristas. Quiebras que no solamente tienen que ver con la mala administración, sino con una administración delictiva donde los créditos vinculados, uso de testaferros y "palos blancos
para conceder créditos a accionistas y ejecutivos de bancos fueron entre otras las causas de las quiebras.
En Bolivia podríamos resumir el comportamiento de la banca privada señalando que: en las épocas de dictadura fueron los principales financiadores de golpes militares, principalmente ligados al ex-dictador Gral. Banzer y también a García Meza, y durante el período neoliberal fuertemente vinculados a los gobiernos de turno, vigorosamente apoyados por las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, además de los miembros del Grupo Consultivo de París, instancia a la que los gobiernos neoliberales acudían a renegociar deuda externa y establecer donaciones para Bolivia, en el marco del ajuste estructural que comprendía la privatización de la economía y
medidas.
En la banca privada se observa la alta concentración del crédito favoreciendo a ciertos clientes en lugar de democratizar la concesión de créditos. De igual forma, el mayor porcentaje de los préstamos estaba dirigido al sector del comercio y no al sector productivo que es lo que necesita el país para avanzar hacia el desarrollo económico y social.
El sistema bancario oligopólico, ha mantenido de manera crónica altas tasas de interés activas limitando el acceso al crédito productivo y, por otro lado, diferenciales altos entre tasas activas y pasivas (spred) mostrando ineficiencia en la gestión de la intermediación financiera. Los banqueros que son parte de la oligarquía financiera siempre tuvieron un perfil especulador y poco aportaron al desarrollo productivo del país.
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