El proyecto neoliberal iniciado en agosto de 1985 para ser implementado y desarrollado en todas sus fases necesitaba derrotar al movimiento obrero boliviano, porque la clase trabajadora era la única que podía resistir la aplicación del recetario neoliberal, principal- mente la privatización de las empresas estratégicas del Estado y nuestros recursos naturales, entregándolos al capital transnacional; lo hizo combinando medidas de fuerza como el estado de sitio, apresamientos y confinamientos de dirigentes sindicales, así como con otras medidas que habían sido previstas en el D.S. N° 21060, como la libre contratación, es decir, la libertad de las entidades públicas y privadas de despedir a los trabajadores. La aplicación de estas medidas y en particular la "relocalización" de 27.000 de los 30.000 trabajadores mineros significaron la muerte física de la vanguardia obrera boliviana.
El movimiento sindical boliviano se había desbordado durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo, después de largos años de dictadura militar se habían acumulado las reivindicaciones laborales, que después de la reconquista política de la democracia, volcaba su demandas sobre temas económicos principalmente salariales. Luego de casi tres años de movilizaciones callejeras y huelgas, los instrumentos de lucha y las direcciones sindicales se fueron desgastando.
En marzo de 1985, más de 10.000 mineros armados de dinamita ocuparon la ciudad de La Paz, pero tuvieron que regresar a sus centros con más compromisos que conquistas.
Después de la emisión del D.S. N° 21060, la Central Obrera Boliviana en septiembre de 1985 convocó a una movilización de resistencia a las medidas económicas y declaró la "huelga general indefinida", instruyendo la apertura de piquetes de huelga de hambre de dirigentes y trabajadores de base. El gobierno de Paz Estenssoro decretó el estado de sitio el 19 de septiembre de 1985 y más de 2.000 huelguistas fueron apresados en los piquetes de huelga de hambre y centenares de ellos enviados al confinamiento en el noreste del país, incluido el Secretario Ejecutivo de la COB de esa época Juan Lechín; es decir, el gobierno había derrotado este primer levantamiento sindical.
Los primeros meses de 1986 estalló la crisis internacional del estaño que facilitó y dio el argumento al gobierno para justificar la aplicación de la denominada “relocalización" de 27.000 trabajadores de la minería nacionalizada, que en realidad era una forma de despido directo de los trabajadores con el pago adicional de "extralegales" a los paupérrimos beneficios sociales.
En marzo de 1986, los trabajadores mineros convocan al XXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que se realizó en Oruro. El Congreso minero elaboró un Plan de Emergencia para la minería y encomendó al Comité Ejecutivo Nacional de la FSTMB plantear al gobierno la ejecución de este plan, la dirigencia fracasó en sus intentos de convencer al gobierno sobre la viabilidad del plan propuesto por los trabajadores mineros y el gobierno aprovechó la inmejorable situación para deshacerse físicamente de la vanguardia obrera del país, el proletariado minero.
En agosto de 1986, en un Ampliado de la FSTMB en Oruro los mineros aprobaron la realización de una marcha hacia la ciudad de La Paz, un trabajador minero señaló: sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo. Tenemos que llegar hasta La Paz compañeros, no importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha, una marcha, por la vida de los mineros". Comenzó en medio de una gran expectativa la preparación de la marcha denominada "La Marcha por la Vida" que partió desde Oruro teniendo como principal bandera la oposición al cierre de las minas. Se hicieron campañas para recolectar vituallas, medicamentos y otros enseres, se organizaron brigadas médicas para el apoyo de los marchistas. Los Comités Cívicos de Oruro y Potosí declararon paros para apoyar la marcha minera y resistir al cierre de las minas.
En los distintos pueblos por los que pasaba la marcha que estaba integrada por miles de mineros, amas de casa de las minas, trabajadores de otros sectores y estudiantes, la población los recibía en un ambiente casi de fiesta, con alimentos y cobijo para el descanso. Nuevamente, los mineros expresaban y representaban el sentimiento popular.
Sin embargo, en plena marcha en la madrugada del 28 de agosto de ese año, en la localidad de Calamarca, los marchistas amanecieron rodeados por el ejército, con soldados, tanques y tanquetas de guerra y aviones de guerra que sobrevolaban amenazadoramente el lugar. El presidente Paz Estenssoro decretó por segunda vez en su gobierno el estado de sitio.
La dirigencia minera, se dice para evitar la masacre, negoció el retorno de los mineros a sus centros mineros que más pronto que tarde serían vaciados por la política de relocalización. Fue una marcha histórica que marcó el acto final de la derrota de la clase obrera boliviana frente al neoliberalismo para después ingresar en un largo período de reflujo obrero que duraría por lo menos 15 años. El gobierno había asestado la puñalada final para provocar la muerte física de la vanguardia de la clase obrera boliviana, para ya sin obstáculos aplicar el ajuste estructural y la entrega de nuestras empresas públicas y recursos naturales a la explotación de transnacionales.
La historia de la clase obrera boliviana es la historia del proletariado minero. Desde su fundación la FSTMB y los mineros fueron la columna vertebral de la COB, vanguardia de las luchas sociales y políticas en Bolivia.
El proletariado minero se había forjado en las masacres de los años cuarenta, la resistencia a las aventuras militares golpistas de Barrientos, Banzer, Natusch Busch y García Meza, soportando estoicamente la agresión brutal de las fuerzas represivas del Estado. Fue el principal protagonista social de la insurrección popular del 9 de abril de 1952, de la revolución nacional, de la recuperación de la democracia en 1978 y después en 1982.
Los mineros encarnaban las aspiraciones y los sueños obreros y populares de una sociedad nueva, declaraban en sus tesis políticas la lucha por el socialismo.
Álvaro García Linera reflexionaba sobre el tema en su texto "La Potencia Plebeya (2000: 212-215): "la marcha minera por la vida significó la muerte de la condición obrera del siglo XX, la marcha por la vida de agosto de 1986 es uno de esos sucesos que parte la historia social boliviana en dos segmentos distintos. Constructores de sueños colectivos, con belicosidad en su lenguaje, los mineros irradiaron el temperamento del siglo XX en Bolivia. Con el abandono productivo de los centros mineros, el cierre de operaciones y, con ello, la muerte del fundamental material de la condición obrera minera más importante de los últimos cien años, se está decretando la extinción del fundamento material de la historia de una clase que se había construido en sesenta años y con él se derrumban los sueños en un porvenir de la revolución en Bolivia. El proletariado minero murió junto al capitalismo de Estado, pero es la muerte de un tipo de proletariado y empezará un tortuoso proceso de formación, de nacimiento de una nueva condición obrera para el siglo XXI".
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