El 29 de agosto de 1985, con la frase "Bolivia se nos muere" el presidente Víctor Paz Estenssoro anunciaba la aplicación de la denominada Nueva Política Económica (NPE) que comenzaría a implementarse con el D.S. N° 21060.
Paz Estenssoro en un mensaje a la nación, después de describir indicadores económicos desastrosos de la coyuntura, señalaba: "La patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes, nos revela que no podemos, proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política o, sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere".
Asimismo, decía: "...podemos asegurar que no servirá de nada vivir en democracia, si en ella la nación se muere de hambre, quizá por este razonamiento, para la aplicación de la NPE, tuvo que decretar un "estado de sitio" con la suspensión de las libertades y derechos democráticos, el apresamiento de dirigentes sindicales a nivel nacional, entre ellos del propio Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Juan Lechin Oquendo y el confinamiento en el noreste del país de decenas de líderes sindicales, que se oponían a las medidas lanzadas por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de esa época.
Ya en su discurso de posesión del 6 de agosto de 1985 había anunciado que gobernaría con "autoridad" y ese era el tipo de autoridad política que entendía el presidente Paz Estenssoro.
El D.S. N° 21060 expresaba algo más que un instrumento corriente de política económica, en realidad se trataba de un proyecto de reordenamiento de la economía, la sociedad el Estado boliviano bajo los marcos del neoliberalismo y en función de los intereses de la burguesía criolla y las empresas transnacionales.
Se pretendía modificar sustancialmente los rasgos del modelo de capitalismo de Estado que estaba vigente desde la revolución nacional de abril de 1952, hacia un modelo de capitalismo neoliberal, de libre mercado, de libre oferta y libre demanda, en el que se atribuye al "mercado" la tarea de la asignación supuestamente eficiente de los recursos. Estábamos ante un intento de refundación del capitalismo en Bolivia, en función de los intereses de la burguesía intermediaria que no habiendo perdido el poder económico en el período de reinstitucionalización democrática del país, recobraba el poder y el protagonismo político.
La NPE tuvo básicamente dos componentes: a) un plan de estabilización y b) un con- junto de medidas orientadas a la reforma estructural. El primero estaba fundado, como en todas las crisis del capitalismo, en la gestión del empleo y del salario como variables de ajuste y, el segundo componente consistió en la liberalización de los mercados de bienes y servicios (internos y externos), del dinero y del trabajo.
La determinación de la libre contratación, en el artículo 55 del D.S. N° 21060 significaba autorizar al sector privado el despido indiscriminado de trabajadores, esto significaba ampliar el ejército industrial de reserva, es decir la masa de desocupados y, por consiguiente, generar una presión natural sobre la reducción de los salarios y la precarización del empleo.
Asimismo, el congelamiento salarial dispuesto ante el ajuste de precios a niveles del mercado interno y externo, significaba en los hechos la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es decir la disminución del salario real de los trabajadores, una verdadera confiscación de salarios.
Con la libre contratación y el congelamiento de salarios lo que se buscaba era reducir los costos de producción de los bienes y servicios que habían sido puestos al libre mercado, fortaleciendo el capital privado y la tasa de ganancia. Pero los trabajadores no solamente subvencionaban los costos de los propietarios de los medios de producción, sino que se veían obligados a generar mayor plusvalía absoluta, elevándose la tasa de explotación mediante la prolongación de la jornada de trabajo, como en los viejos tiempos de la acumulación originaria del capital, es decir, en el nacimiento del capitalismo.
Otros de los ejes fundamentales de la NPE, fue la privatización absoluta e irrestricta de la economía, que significaba el desmantelamiento y desmontaje de las empresas del sector público. A ese objetivo apuntó la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), del Complejo Minero Karachipampa y de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA), además de la forma en que se pretendía descentralizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
El sector empresarial, es decir el capital privado, recibía todas las ventajas y estímulos para su crecimiento y desarrollo, la liberalización de precios, la libertad de comercio, liberalización del mercado de trabajo, la libre importación y exportación, las libertades en la intermediación del dinero, el levantamiento de las reservas fiscales en la minería, entre otros. Así, Juan Antonio Morales en su libro "Informe Escrito de un Economista Boliviano" (2002) dice que en el D.S. N° 21060 se ofrece un "canastón de golosinas" al sector privado y una "amarga medicina" que se hace engullir a los asalariados en términos de salarios y empleo. En resumen, el programa de ajuste significó severos sacrificios para la clase trabajadora y beneficios altamente ventajosos para los empresarios privados.
Las disposiciones más relevantes del D.S. N° 21060, fueron las siguientes:
- En el régimen cambiario, se determinó un tipo de cambio único, real y flexible, que operaria a través de un sistema de subasta de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB) mediante el "Bolsín". También se autorizó a la banca operar libre- mente con moneda extranjera y al banco central a convertir el oro físico en oro comercial de libre transacción en los mercados internacionales, para que pueda a su vez ser convertido en divisas que permitan reforzar las reservas internacionales en caso de necesidad o de uso extraordinario.
- En el régimen bancario, se autorizó a la banca a realizar todo tipo de operaciones, en moneda nacional y extranjera, y en moneda nacional con mantenimiento de valor; se liberalizó las tasas de intereses activas y pasivas, se determinó la reducción de las tasas de encaje legal en moneda nacional y la exención de encaje a los depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor (un incentivo a la dolarización). Asimismo, se estableció la otorgación de préstamos en moneda nacional, moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor, con la libertad de fijar las tasas de interés, y se permitió a la banca realizar operaciones de comercio exterior, de compra-venta de divisas y de contraer endeudamiento en moneda nacional y extranjera.
- En el régimen de importaciones y exportaciones, se determinó su completa liberalización, eliminación de restricciones y gravámenes, y la nivelación de aranceles de importación.
- En empleo, se estableció la libre contratación en las empresas públicas y privadas.
- Referente a precios y abastecimiento, se determinó la libertad de precios de bienes y servicios, y se autorizó al Ministerio de Industria y Comercio, de esa época, a la importación de artículos de primera necesidad; es decir, se estableció que la comercialización de productos de la canasta familiar sea libre e irrestricta. Asimismo, se determinó la libertad del transporte interdepartamental e interprovincial, dejando la fijación de tarifas al "acuerdo entre partes".
- Las tarifas de energía eléctrica fueron indexadas al dólar.
- En las empresas y entidades del sector público se estableció la obligatoriedad de presentación de programas de racionalización de personal y la prohibición de créditos del BCB a estas instituciones sin el aval del Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) para casos extraordinarios.
- En hidrocarburos y minería se determinó la descentralización de YPFB y COMIBOL, y el levantamiento parcial de las reservas fiscales en la minería.
- Se determinó la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), de la Sociedad Complejo Metalúrgico Karachipampa y de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA).
- También se dispuso la presentación de proyectos de Ley de Reforma Monetaria y de Reforma Tributaria.
Se tomó al tipo de cambio como ancla de la estabilización de precios porque en la épo- indexados al dólar de los Estados Unidos. Adicionalmente, esta moneda se constituyó ca de la hiperinflación la mayor parte de los precios de bienes y servicios habían sido indexada al dólar de los Estados Unidos. Adicionalmente, esta moneda se constituyó en un refugio ante la hiperinflación y una gran parte de las transacciones económicas se habían dolarizado.
Esta alta dolarización de la economía boliviana limitaba la política monetaria. Además, se generó una brecha muy grande entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado paralelo.
Dentro la liberalización del mercado de dinero, se estableció la libre compra y venta de dólares a través del "Bolsin" del BCB, mecanismo que permitió la venta indiscriminada de dólares al banco central, sin determinar su origen, lo que habría dado paso al "blanqueo de dólares del narcotráfico", aspecto fundamental para el éxito del programa de estabilización, constituyéndose en un verdadero colchón financiero que soportó el shock de la devaluación monetaria y la posterior estabilidad del tipo de cambio.
Recordemos que en esta época de terrible recesión económica en el país, de una ver- dadera desestructuración productiva, el único sector económico capitalista que estaba en auge fue la economía coca-cocaína. Éste seguramente fue el único sector económico con altísimas tasas de ganancia del capital, con una gran capacidad de generación de ex- cedentes y de acumulación de capital, también de generación de empleo (60.000 pro- ductores de coca, que considerando un promedio de 5 personas por familia, implicaba alrededor de 300.000 personas que dependían del cultivo de coca en esa época), con el sector asalariado (“pisacocas") seguramente mejor pagado en esos años ($us 10 por día) y con una capacidad de generar efectos multiplicadores importantes en otros sectores de la economía boliviana, como el comercio, transporte, construcción y finanzas formales e informales.
Según estimaciones de esos años, la economía de la coca-cocaína generaba entre $us3.000 millones a $us3.500 millones anuales, que eran iguales o mayores al PIB oficial del país (Sus3.000 millones) de esos años, se estimaba también que solamente una menor parte se quedaba al interior de la economía boliviana ($us500 millones), monto que era significativo para esa época.
En este contexto, la NPE definida por Paz Estenssoro como “realista y pragmática” de- muestra que en forma deliberada o no, creaba condiciones para incentivar la más importante actividad capitalista de la época, la producción coca-cocaína.
Por otro lado, la liberalización del mercado de dinero significó otorgarle a la banca los mayores estímulos para su crecimiento y por ende para la generación y acumulación de ganancias. Dejar a la libre oferta y demanda la determinación de las tasas de interés activas y pasivas era una falacia, los bancos imponían estas tasas a los prestatarios. La libertad irrestricta para la concesión de créditos, sin ninguna orientación estatal a la reactivación productiva de la economía nacional, ni a la resolución del problema de la vivienda privilegió los créditos al comercio y al consumo.
Respecto a la liberación del comercio exterior, la libertad de importaciones que se a apoyar el abastecimiento principalmente de alimentos, terminó inundando el mercado interno con productos importados, significando un duro golpe a la débil industria nacional y a la agricultura campesina productora de alimentos, con graves consecuencias sobre el empleo en estos sectores. Asimismo, el abandono por parte del Estado de la problemática agraria campesina y sus condiciones de vida cada vez más precarias, impulsaron fuertemente los flujos migratorios campo-ciudad y también la incursión campesina en la economía coca-cocaína (migración por la extrema pobreza en provincias del Norte de Potosí, Chuquisaca, Oruro y valles de Cochabamba).
Las medidas antinacionales y antipopulares aplicadas a través del D.S. N° 21060 y otras medidas neoliberales adoptadas por los gobiernos de turno, requerían el cumplimiento de una condición, el de doblegar a la clase obrera boliviana, fundamentalmente al prole- tariado minero organizado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), columna vertebral de la Central Obrera de Bolivia (COB).
Para el cumplimiento de este objetivo el decreto dispuso la descentralización de COMIBOL, la libre contratación, que aparte de debilitar la fuerza de los sindicatos en la negociación de contratos colectivos, permitió el despido indiscriminado de los dirigen tes sindicales, sin respetar el fuero sindical establecido en la Ley General del Trabajo. Esta medida apuntaba a la desestructuración física de la clase obrera, fundamentalmente de su vanguardia política, el proletariado minero.
Asimismo, se determinó el congelamiento salarial, la reducción de personal en las instituciones y empresas del sector público, la eliminación de las pulperías, no quedando ninguna duda de la ferocidad con la que se arremetió contra los trabajadores.
El año 1986, bajo la denominación de "relocalización" se desvinculó de la empresa minera estatal alrededor de 27.000 trabajadores y aproximadamente 10.000 trabajadores de la minería privada, miles de fabriles despedidos en la industria manufacturera (que no pudo soportar la competencia con la libre importación) y otros miles de trabajadores despedidos en el sector público y privado, configuran el cuadro sobre desempleo generado por el neoliberalismo en Bolivia con un aumento considerable del ejercito industrial de reserva.
La liberalización de los precios de los productos controlados, principalmente alimentos, la libertad de comercio y la libre importación, estaban orientados a garantizar el abaste- cimiento de productos de primera necesidad y terminar con la especulación, el agio y el ocultamiento de los productos de la canasta familiar. Este hecho junto a la represión de la demanda agregada, por todo lo apuntado líneas arriba, disiparon el problema del desabastecimiento y la elevación sostenida de precios de alimentos. El ajuste de los precios se dio por la contracción de la demanda antes que por el incremento de la producción y la oferta.
El saneamiento fiscal de las empresas estatales se enfrentó eliminando los subsidios, ubicando a nivel del mercado nacional e internacional los precios de los bienes y servicios producidos en el sector público, indexando al dólar los precios de estos productos, reduciendo y despidiendo trabajadores, y prohibiendo créditos del Banco Central a estas empresas.
Este saneamiento fiscal de las empresas públicas tenía como objetivo disminuir el déficit fiscal global del Estado, que además de reducir gastos por salarios con el despido de trabajadores en las entidades públicas, disminuyó los gastos en educación y salud, y principalmente redujo al máximo la inversión pública en infraestructura, además de introducir un fuerte mecanismo de transferencias de YPFB al Tesoro General de la Nación por un impuesto a la gasolina, cuyo precio también se puso a nivel de los precios internacionales. Finalmente, como parte de las reformas estructurales se inició el proceso de desmantelamiento de las empresas del Estado, disolviendo la CBF, ENAF, ENTA, Complejo Minero Karachipampa y con la descentralización de YPFB y COMIBOL que más adelante fue- ron privatizadas y entregadas al capital privado transnacional.
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