Marcelo Quiroga Santa Cruz, afirmaba que la dependencia de Bolivia no es resultado de una circunstancia histórica accidental, explicable por el predominio político transitorio de un Estado sobre otro, sino consecuencia de la conformación estructural, determinada, impuesta y concertada, desde fuera y dentro, para asegurar su condición de país sometido. Dicha condición es el resultado del régimen interno de explotación capitalista; y ésta, a su vez, es una expresión del régimen impuesto por el sistema imperialista de explotación internacional, como modelo de desarrollo y modo de producción. La particularidad de la dominación externa e interna combinadas, determinan un tipo de desarrollo capitalista, atrasado y dependiente. Nuestra dependencia no es efecto sino causa de la miseria popular y nacional. No somos dependientes por ser pobres. Somos pobres porque somos dependientes (PS1-MQSC, 2010: 1).
Las clases sociales que gobernaron el país nunca construyeron la base material del Estado, por lo que el excedente económico, generado en la explotación principalmente de los fueron una clase dominante patrimonialista y subordinada a poderes e intereses externos, recursos naturales, fue compartido entre quienes detentaban el poder político y económico local, y el capital transnacional que exportaba sus ganancias, ese excedente no era reinvertido en la economía boliviana, por lo que el país nunca tuvo soberanía económica.
En la crisis de los años 80, los poderes económicos mundiales (G-7, OCDE) definieron (PAE) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las instituciones del Consenso de Washington, estas políticas estuvieron orientadas principalmente a la privatización de políticas económicas que fueron aplicadas a través de los Programas de Ajuste Estructural s empresas estatales, a la apertura total del sector externo y la flexibilización laboral. La globalización neoliberal fue el paradigma impuesto a los países de América Latina.
En esta crisis, el FMI comenzó a adquirir un papel preponderante, no sólo para otorgar financiamiento adicional al soporte del programa de ajuste estructural, sino para la supervisión y auditoría de las políticas económicas y financieras de los países en crisis aduciendo el cumplimiento de las funciones establecidas en su Convenio Constitutivo en relación a la supervisión de la política cambiaría de los países miembros, a fin de velar por el eficaz funcionamiento del sistema monetario internacional.
Esta función de auditor fue convalidada por el mercado y por los gobiernos de los países industrializados, al punto que, para acceder a los sucesivos mecanismos de refinanciamiento que se iban configurando, se establecían como una condición que el país involucrado previamente llegue a un acuerdo con el FMI.
Los países deudores, entre ellos Bolivia, debían asistir periódicamente a reuniones con el denominado Grupo Consultivo de París, que era una instancia de la cooperación inter- nacional, que se reunía periódicamente para evaluar a cada país, bajo la presidencia del Banco Mundial y con la participación de las principales agencias de cooperación multilateral y bilateral.
En esta reunión, el país presentaba su plan nacional de desarrollo económico y social, y la cooperación internacional luego de la evaluación y aprobación del plan mencionado, definía el alcance de su apoyo al financiamiento a través de préstamos y donaciones.
Al principio, los acreedores internacionales creyeron que la crisis de la deuda se trataba de una crisis de liquidez, cuando en realidad era una crisis de insolvencia. En consecuencia, las soluciones propuestas que tenían un enfoque de reprogramación tradicional con capitalización de intereses corrientes y moratorios no resolvieron los problemas, sino, en el mediano plazo, los profundizaban. Por supuesto que el nuevo financiamiento era Mundial.
fuertemente condicionado a los programas económicos aplicados por el FMI y el Banco A nivel nacional, estos programas fueron formalizados con la suscripción de los "Memorándums de Entendimiento" por parte de autoridades nacionales y el FMI, en los cuales las autoridades asumían compromisos orientados al cumplimiento de los postulados neoliberales en los Programas de Ajuste Estructural del FMI y el Consenso de Washington.
Nuestros países estuvieron bajo relaciones neocoloniales con las potencias económicas un neocolonialismo entendido como una dependencia económica y política casi colonial sobre los países con menor desarrollo. El Estado en teoría es independiente y independiente y tiene la soberanía internacional, pero en realidad, su sistema económico y político estaba dirigido desde fuera con un enfoque neoliberal.
Bautista Rafael (2009: 184) señala: "Una sociedad es colonial cuando asume como propio un ideal que no le corresponde, es decir, cuando lo que proyecta es un modelo que no se deduce de sus propias contradicciones, cuando persigue propósitos que no resuelven nada sino agudizan una desestabilización como consecuencia de la adopción de modelos ajenos. Una sociedad colonial provoca entonces su propia dependencia".
Bolivia, en el gobierno del MAS-IPSP, bajo la conducción del Presidente Evo Morales, recuperó la soberanía nacional en las decisiones de política económica. Ésta es una de las conquistas fundamentales de la actual gestión de gobierno que marca un hito importante en la formulación de la política económica en nuestro país.
Las nacionalizaciones, el fortalecimiento económico y político del Estado, la creación de empresas públicas, la ruptura de la dependencia con organismos internacionales como el FMI, la toma de decisiones en instancias estatales sobre la actividad económica nacional son signos de la recuperación de la soberanía sobre las decisiones de política económica por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.
En este ámbito, ahora el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia suscriben anualmente, desde 2006, un Programa Fiscal-Financiero soberano para la conducción de la política económica de corto plazo, en remplazo de los Memorandums de Entendimiento que anteriores administraciones gubernamentales suscribían con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas medidas eran lejanas para solucionar los problemas económicos del país y, por el contrario, sólo las empeoraron. En este programa se determinan anualmente metas macroeconómicas que apuntan a mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Este fija metas de crecimiento del PIB, inflación y establece las principales variables macroeconómicas y financieras a las cuales debe tender la economía nacional. Por tanto, el Gobierno Nacional desde hace diez años maneja la economía de manera soberana y al margen de las recetas de organismos internacionales como el FMI.
Antes de 2006, los gobiernos neoliberales consultaban con el FMI para definir las metas macroeconómicas del país y esperaban la "bendición" de este organismo; a partir de ese año se tomó la decisión de llevar adelante un programa soberano en función de la experiencia negativa del pasado.
Una nota del periódico La Razón, de fecha 15 de enero de 2005, titulaba "Bolivia aprobó metas con el FMI", otra publicación de El Diario, del 5 de noviembre de 2002, exponia “La misión del Fondo Monetario llega a La Paz para definir programa financiero", y una tercera información, esta vez de un portal web, decía "El presupuesto está listo... esperan “bendición' del FMI”. Era tal la injerencia de este organismo en la vida nacional, que periodismo crítico la había calificado como “la suegra". Se llegó a tal grado que, durante el gobierno del Gral. Banzer, el representante del FMI, Eliahu Kreis, participaba de las reuniones del Gabinete de Ministros de ese gobierno.
La firma del Programa Fiscal-Financiero no sólo contempla los objetivos y metas de política fiscal, monetaria y cambiaria, sino que se constituye en un compromiso real del trabajo conjunto “entre los bolivianos y para los bolivianos", demostrando que Bolivia es capaz de fijar sus propias metas de política económica de manera creativa, autónoma, soberana e independiente y sin la injerencia externa en la toma de sus decisiones.
El Programa Fiscal-Financiero es una herramienta de planificación económica de corto plazo que, además de fijar las metas anuales de las principales variables macroeconómicas -inscritas en el Presupuesto General del Estado (PGE)- y las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, está orientada a promover la reducción de la pobreza, la redistribución de riqueza y la estabilidad macroeconómica.
Prácticamente, hoy se tiene una política económica, monetaria, fiscal y cambiaria con sello boliviano, que es un rasgo fundamental del trabajo post-neoliberal entre las instituciones, que tienen que ver con la determinación de estas variables, bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Esta programación es realizada por los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otras, cuya evaluación minuciosa de la ejecución se la realiza semanalmente.
Asimismo, se desarrollaron mecanismos de coordinación de alto nivel con la Superintendencia de Bancos y Entidades Financiera, actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que dieron como resultado importantes cambios en la normativa del sector financiero, acorde con el nuevo Plan de Gobierno. Esos cambios e fueron de utilidad, por ejemplo, para estimular el uso de la moneda nacional en las operaciones financieras y fortalecer el proceso de bolivianización de la economía.
Esta recuperación tan evidente de la soberanía en la formulación de la política económica se observó también en las otras áreas del Gobierno Nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario