Una de las medidas transcendentales para la reducción de la pobreza son las transferencias condicionadas en efectivo (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad) dirigida a la población más vulnerable. Ugarte y Bolivar (2015:45) demuestran que la implementación de estos programas redujeron la incidencia de la pobreza moderada en Bolivia en 8,2pp y la pobreza extrema en 9,6pp.
En efecto, a diciembre de 2014 4,6 millones de bolivianos y bolivianas se beneficiaron con estas transferencias condicionadas, que representan el 42% de la población total, es decir, 42 de cada 100 personas se beneficiaron con al menos alguna de esas transferencias Bono Juancito Pinto, 10 de cada 100 eran personas adulto mayores que se beneficiaron condicionadas. De este universo, 20 de cada 100 fueron niños y niñas que recibieron el con la Renta Dignidad y 12 de cada 100 eran madres, niños y niñas, que se favorecieron con el Bono Juana Azurduy.
Como se conoce, el Bono Juancito Pinto (creado mediante D.S. N° 28899 de 26 de octubre de 2006) es la transferencia en efectivo de Bs200 en forma anual, inicialmente a estudiantes de primaria de las unidades educativas públicas y de convenio, de educación especial y educación juvenil alternativa, condicionada a la matriculación y asistencia regular a los respectivos establecimientos, que posteriormente a 2014, se amplió hasta regular 6to de secundaria. El año 2006 benefició a 1.084.967 alumnos de primero a quinto de primaria y fue financiado en su totalidad con recursos transferidos por YPFB al TGN; el año 2007 se amplió el número de beneficiarios hasta el sexto de primaria y se benefició a 1.324.005 alumnos habiendo sido financiado con recursos de YPFB, COMIBOL y TGN; el año 2008 se amplió la cobertura del bono hasta octavo de primaria alcanzando un total de 1.677.660 alumnos beneficiados y se financió íntegramente con recursos del TGN. En 2014, la cobertura del bono se extendió nuevamente abarcando todos los gra- dos del nivel primario y secundario de las unidades educativas públicas y de convenio en todo el país, por lo que el número de beneficiados ascendió a 2.132.393 estudiantes y financiado en su totalidad por Empresas Públicas.
Esta medida no solamente tiene un componente redistributivo sino que simultáneamente pretende reducir la tasa de deserción escolar. En efecto, hacia el año 2005 la tasa de deserción escolar en nuestro país era de 5,81%, en 2014 se registró una disminución de este indicador a 2,88%.
Otra política de transferencia condicionada en efectivo fue la Renta Dignidad de Vejez que fue promulgada mediante Ley N° 3791 de noviembre de 2007, para beneficiar a todos los adultos mayores de 60 años que hayan o no contribuido al sistema de pensiones, con una renta mínima que permita dignificar al adulto mayor.
Por tanto, además de contribuir con el objetivo redistributivo del ingreso, esta medida busca mejorar la calidad de vida de los abuelos y abuelas de nuestro país, generándoles un ingreso mensual que en muchos casos les permitió recuperar el sitial en la familia.
En 2008, el pago de la Renta Dignidad consistió en Bs150 mensuales a rentistas (personas que reciben una pensión por jubilación) y Bs200 mensuales a no rentistas, equivalente a un monto anual de Bs1.800 y Bs2.400, respectivamente, y benefició a 752.538 personas de la tercera edad que corresponde al 7,5% de la población del país, de los cuales el 84% pertenece a la población que no recibe una renta del Sistema de Seguridad Social y el 16% a la población que si percibe una renta del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo.
Posteriormente, en el año 2013 mediante Ley N° 378 de 16 de mayo de 2013 se determinó el incremento de la Renta Dignidad en BS50, alcanzando a Bs200 para rentistas y Bs250 para no rentistas, logrando de esta manera un pago anual de Bs2.400 y Bs3.000, respectivamente.
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