La política económica de la revolución democrática y cultural - Recuperación de los recursos naturales - Nacionalización del sector eléctrico

El sector eléctrico del país hasta 1994, estuvo regido por el Código de Electricidad según el D.S. N° 8438 de 31 de julio de 1968. La estructura vertical del sector se encontraba  dominada por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) de propiedad del Estado, que fue creado el 9 de febrero de 1962 con tres propósitos: i) producir, ii) transmitir yii) distribuir energía eléctrica en el país. Antes del proceso de capitalización y privatización, que se implementó desde 1994, ENDE fue el operador eléctrico con mayor participación en generación y transmisión de energía eléctrica, puesto que centralizaba todas las plantas de generación del oriente y la zona central de Bolivia y era propietaria de todos los sistemas de transmisión.

El proceso de capitalización y privatización de 1994, provocó la desintegración vertical de todo el sector eléctrico. La capacidad de generación de ENDE quedó fragmentada en tres empresas: Corani SAM, Guaracachi SAM y Valle Hermoso SAM. La capacidad de transmisión de ENDE fue derivada a la empresa española FENOSA, creándose la Transportadora de Electricidad (TDE S.A.). Esta medida, no sólo posibilitó la entrega del patrimonio de ENDE a empresas transnacionales (francesas, españolas y británicas), sino que les permitió aprovechar durante 14 años la infraestructura y equipamiento de nuestra empresa para la generación de recursos económicos en beneficio propio. Inmediatamente, el 21 de diciembre de 1994, se promulgó la Ley N° 1604 de Electricidad, el instrumento legal más importante del sector hasta la fecha. Ésta norma, por una parte pretende incrementar la eficiencia e introducir la competencia en el sector, y por otra redefine los roles en cada una de las actividades de la industria. El primer objetivo no logró cumplirse en el proceso de privatización y capitalización, el segundo profundizó la desintegración vertical del sector.

Como resultado, se dio una imperiosa subida de los precios del servicio de electricidad, baja calidad del servicio y reducida cobertura en el área rural. Frente a este escenario, el Estado tomó la firme decisión de intervenir la industria eléctrica a fin de corregir éstas irregularidades. Así, el proceso de recuperación del sector se inició con la aprobación del DS. N° 29644 de 16 de julio de 2008, el cual establece la naturaleza jurídica de ENDE como empresa pública nacional estratégica y corporativa, con participación en toda la cadena productiva del sector eléctrico.

La actual Constitución Política del Estado en su artículo 378, parágrafos I y II establecen que las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, siendo facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética e las etapas de generación, transmisión y distribución. Asimismo, menciona que la cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ní podrá concesionarse.

En este marco, por medio del D.S. N° 493 de 1 de mayo de 2010, se nacionalizó a favor del Estado, las empresas estratégicas de generación de energía eléctrica (Corani S.A., Guaracachi S.A. y Valle Hermoso S.A.). Con el D.S. N° 494 de 1 de mayo de 2010, se recuperó las acciones a favor del Estado en la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.-ELFEC S.A.

Le siguieron el D.S. N° 1214 de 1 de mayo de 2012, por medio del cual se nacionalizó la empresa Transportadora de Electricidad S.A.-TDE S.A. y las acciones en propiedad de terceros provenientes de esta sociedad. El D.S. N° 1448 de 29 de diciembre de 2012, nacionalizó a favor de ENDE las acciones que poseía IBERBOLIVIA DE INVERSIONES S.A., en las empresas Electricidad de La Paz S.A.-ELECTROPAZ; Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.A.-ELFEO S.A.; Compañía Administradora de 

Empresas Bolivia S.A. CADEB y la Empresa de Servicios Edeser S.A.-EDESER.

Con la aprobación de los D.S. N° 1689 y 1691 de 14 de agosto de 2013, se otorgó a ENDE un rol corporativo, estableciendo una nueva estructura organizativa y funcional; además de una nueva escala salarial acorde a su condición de Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).