La nacionalización tuvo que ver, en primer término, con el control absoluto e inmediato del excedente económico de los hidrocarburos por parte del Estado boliviano. Cabe destacar que el país tiene uno de los government take (control de la ganancia gasífera) más altos a nivel internacional, oscilando entre un 74% y un 90%.
El proceso de nacionalización de los hidrocarburos permitió la reactivación de la empresa petrolera estatal YPFB, que de una simple oficina "residual", en tiempos del neoliberalismo, se fue convirtiendo en una fuerte empresa corporativa. Además, se da inicio al proceso de recuperación de la mayoría accionaria en las empresas capitalizadas y privatizadas, es así que se empieza recuperando las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba para Procesar los combustibles líquidos para el mercado interno. En mayo de 2008, YPFB firmó un acuerdo con Repsol YPF, mediante el cual la empresa transfería el 1,8% de sus acciones al Estado, para que tenga el 51% de acciones, que le permitió mayor participación en la producción y las ganancias de los megacampos gasíferos San Alberto y San Antonio. Así también, en dicha gestión se crea la empresa YPFB Petroandina como un emprendimiento conjunto entre YPFB que participa con el 60% y la petrolera estatal venezolana PDVSA que participa con el 40%.
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