Durante la década de los ochenta surgió un aspecto social muy interesante relacionado
con las bancarrotas: el papel que desempeña la bancarrota en la resolución de disputas
laborales y de los pleitos entablados por responsabilidades conexas con los productos
vendidos. Normalmente los procedimientos de bancarrota se originan después de que
una compañía se ha vuelto tan financieramente débil que no puede satisfacer sus
obligaciones actuales.
Sin embargo, las disposiciones de la Ley de Bancarrotas permiten
que una compañía solicite protección en virtud del Capítulo 11, principalmente cuando
los pronósticos financieros indican que una continuación del negocio bajo las condiciones actuales conducirá a un estado de insolvencia. Estas disposiciones fueron
aplicadas por Frank Lorenzo, el principal accionista de Continental Airlines, quien
demostró que si Continental continuaba operando bajo su entonces vigente contrato
sindical, se volvería insolvente en cuestión de meses. Posteriormente, la compartí
presentó un plan de reorganización el cual incluía cambios mayores en su contrato
sindical. La corte falló a favor de Continental y le permitió a la compañía abrogar su
contrato.
De tal modo, posteriormente se reorganizó como un transportista no sindicalizado, y dicha reorganización fue muy positiva para la compañía: de ser un perdedor
de dinero se convirtió en una empresa que generaba utilidades. (Sin embargo, en 1990$
la situación financiera de Continental se invirtió de nuevo debido parcialmente a los
crecientes precios del combustible, y la compañía nuevamente presentó una solicitud
de bancarrota.) Bajo ciertas presiones provenientes de diversos grupos laborales, el
Congreso cambió las leyes de bancarrota después del asunto de Continental para hacer
más difícil el uso de las leyes para abolir contratos sindicales.
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