La política de austeridad del gasto consistió inicialmente en la reducción de sueldos del Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros y Directores Generales de la Administración Pública, mediante D.S. N° 28609 de 26 de enero de 2006 y D.S. N° 28618 de 8 de febrero de 2006. También se redujeron los sueldos en el Poder legislativo y en el Poder Judicial; se disminuyeron los gastos en las misiones diplomáticas, efectuada por la Cancillería mediante el D.S. N° 28731 de 31 de mayo de 2006. Es importante mencionar también que durante la gestión del Presidente Evo Morales no se erogó dinero en la partida de "Gastos Reservados", gasto característico de anteriores gobiernos, y se logró eliminarlos del Presupuesto General de la Nación.
La política de transparencia fiscal permitió que el público acceda libremente al Programa Fiscal-Financiero soberano que es presentado públicamente todos los años en conferencia de prensa y que está disponible al público en las páginas web tanto del Ministerio como del Banco Central de Bolivia, a la información de las operaciones de caja del Sector Público No Financiero, boletines estadísticos de los Ingresos y Gastos Fiscales, Deuda Pública Interna y Externa, Sistema de Pensiones, y otros que antes no existían.
La nueva política de endeudamiento público interno, se refiere a una política de reestructuración de la cartera de deuda interna, que se tradujo en ampliación de los plazos de ven- cimiento, reducción de las tasas de interés que pagaban los títulos emitidos y la paulatina conversión de deuda pública interna emitida en dólares americanos y en unidades de fomento a la vivienda (UFV) a bolivianos. En este campo se tuvieron muy buenos avances, dado que a la fecha el Tesoro General ha emitido títulos de deuda inclusive a 100 años plazo con tasas de interés absolutamente ventajosas para el TGN, y la bolivianización de la cartera de deuda interna alcanzó a 71% a octubre de 2015, lo que significa un menor riesgo ante variaciones cambiarias.
En materia de deuda externa pública, se continuó negociando la condonación de la deuda externa bilateral y multilateral habiéndose disminuido este indicador inclusive a Sus2.208 millones en la gestión 2007, y con la aplicación de la nueva política de endeuda- miento público sostenible se orientó el nuevo financiamiento externo hacia importantes proyectos de inversión pública, representando el saldo de la deuda externa en porcentaje del PIB a solo el 17% a octubre de 2015.
También se tienen políticas que permiten que se incremente la capacidad compra de la población boliviana, las que analizamos más adelante.
Para el logro de la sostenibilidad y diversificación del producto, la seguridad con soberanía alimentaria y de la redistribución del ingreso, el Estado adoptó acciones de política económica de apoyo a la producción, especialmente en el sector agrícola. De esta manera, se realizaron programas de mecanización del agro y se continuó con la ejecución del programa "MIAGUA I" para obras menores de riego y agua potable, debido al éxito del programa se continuó con el programa "MIAGUA II" y posteriormente se incluyó el programa "MI RIEGO". Con esto se contribuye a garantizar la soberanía alimentaria del país y la reducción de la pobreza.
También se creó la Empresa Estatal EMAPA dirigida a apoyar la producción de alimentos en el país, otorgando insumos y adquiriendo producción de pequeños productores de arroz, soya, maíz y trigo. Por su parte, el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) otorgó créditos sectoriales para los productores avícolas, de caña, de sésamo, de frejol, viticultores y de quinua orgánica. Además, continuó otorgando mayores créditos productivos y aportó recursos para el Fondo de Garantía del BDP que junto con el otro fondo de garantías ProPyme Unión creado por el Banco Unión, se constituyen en pilares importantes de
apoyo a los pequeños productores.
Finalmente, es importante mencionar la Ley de Revolución Productiva, que es la consolidación del fomento al desarrollo productivo de los pequeños productores, ya que esta ley se la trabajó de manera conjunta con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Ley de Revolución Productiva también contempla la participación del Estado como productor de alimentos a gran escala, la incorporación del seguro agrícola, la creación de empresas de fertilizantes y semillas, entre otros.
De acuerdo a los lineamientos del nuevo MESCP y el PND de 2007, la producción debe ser llevada a cabo tanto por las empresas públicas como por las empresas privadas. En este marco, las empresas públicas juegan un papel muy importante, pues por un lado, especialmente aquellas que administran los recursos naturales, deben generar excedentes para toda la economía y por tanto generar rentabilidades sostenibles, y por el otro, deben ser capaces de demostrar que las empresas publicas bien administradas no generarán pérdidas y mostrar que pueden proporcionar mejores bienes y servicios para los bolivianos.
En síntesis, para la parte productiva, los elementos más importantes desde el Estado que contribuyeron a dinamizar la producción, fueron los siguientes:
i) Los programas de apoyo a la producción,
ii) Los mejores créditos productivos,
iii) El elevado nivel de la inversión pública y
iv) La creciente importancia de las empresas públicas
Todos estos elementos promovieron, a su vez, el fortalecimiento y creación de nuevas empresas privadas, y el impulso de las políticas estatales descritas anteriormente coadyuvaron a lograr un mayor crecimiento económico del país.
La acción de políticas sociales hacia la reducción de la pobreza y la política de redistribución del ingreso fueron los aspectos más importantes del nuevo MESCP, para lo cual se realizaron una serie de Transferencias Condicionadas en efectivo, focalizadas en los sectores sociales más vulnerables y desatendidos, lo que repercutió de manera significativa en la reducción de los niveles de pobreza.
Toda esta política social es sólo una parte de las acciones que el Estado tiene que hacer para redistribuir el ingreso y generar demanda efectiva interna que sea un incentivo para la producción nacional y, al mismo tiempo, disminuir la pobreza y las desigualdades sociales en Bolivia.
Estas acciones están basadas en la premisa que un mayor crecimiento económico en Bolivia es esencial para incrementar los ingresos y el nivel de vida de la población, pero este crecimiento si no está acompañado de una mayor igualdad o mejor distribución del ingreso, no podrá generar en el futuro un desarrollo sostenible.
Esta generación de nueva demanda interna es de máxima importancia porque permite generar un círculo virtuoso entre la demanda interna y la producción del Sector Generador de Empleo e Ingresos. Entre las políticas desarrolladas para el fortalecimiento de la demanda interna y la reducción de la pobreza tenemos las transferencias condicionadas en efectivo (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad), los aumentos en el Salario Mínimo Nacional y los incrementos salariales anuales de los últimos diez años aplicados en la modalidad inversamente proporcional, además de los nuevos ítems creados en los sectores de Educación y Salud, los cuales contribuyeron a lograr la reducción del desempleo y aumentar el ingreso de las familias bolivianas.
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