La política económica de la revolución democrática y cultural - Políticas y resultados sectoriales - Sector industria manufacturera - Marco regulatorio del sector

 Años antes de la promulgación del DS. N° 21060 de agosto de 1985, el sector industrial manufacturero estuvo respaldada por una política de sustitución de importaciones, aranceles diferenciados, empresas estatales, control del tipo de cambio, entre otras características.

La aplicación del mencionado decreto supremo, eliminó la licencia previa para la exportación de bienes y posibilitó el libre tránsito de productos. Desde 1986, se creó un nuevo régimen para las exportaciones no tradicionales, se autorizó el funcionamiento de zonas francas comerciales e industriales y se eliminó las restricciones y licencias para las importaciones, a fin de combatir el contrabando.

Seis años después, como resultado de la Ley de Privatizaciones (Ley N° 1330 de 24 de abril de 1992) se otorgó al sector privado el rol protagónico de la inversión en el sector productivo, desplazando de ésta función al sector público. En consecuencia, desde 1992 se privatizaron un total de 89 empresas, 50% de ellas de carácter productivo.

No obstante, a pesar de los fuertes estímulos, asignados por los sucesivos gobiernos al sector privado para impulsar la actividad productiva del país, éste hizo poco para asumir ese papel y no logró responder como se esperaba. Así, el desarrollo productivo industrial manufacturero se tornó débil e insuficiente, con reducido nivel productivo y marcado rezago tecnológico. Entre 1990 y 2005, la inversión privada total en promedio representó 8,7% del PIB, incapaz de dinamizar el sector productivo.

Bajo este contexto, el cambio estructural propuesto para el desarrollo de la industria manufacturera en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2007, consistió en la innovación tecnológica, aumento de la productividad y diversificación productiva que permitirán incrementar la agregación de valor a la producción primaria, valorizando el producto boliviano y aumentando el ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo.

La transformación de la matriz productiva contemplada en el PND se encuentra fundamentada en cinco ejes estratégicos: industrialización, diversificación productiva, reconversión productiva, soberanía productiva y alimentaría, y diversificación de los mercados internacionales. Los programas que se articulan a las estrategias son seis: 

• Primero: El marco normativo y de incentivos para la producción y el trabajo digno 
• Segundo: La revalorización y reconocimiento de unidades productivas
• Tercero: El desarrollo de servicios públicos de apoyo al sector empresarial 
• Cuarto: El desarrollo de empresas públicas estratégicas
• Quinto y sexto, que están ligados a la quinta estrategia, se refieren al desarrollo y consolidación de capacidades productivas con empleo digno, y el turismo sostenible de base comunitaria.

Con respecto al cuarto programa, es oportuno señalar que el Estado logró recuperar y crear varias empresas públicas, a fin de impulsar el crecimiento económico y desa- rrollo del país. Entre algunas de ellas se encuentran: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Boliviana de Aviación (BOA), Empresa Metalúrgica de VINTO, Depósitos Aduaneros de Bolivia (DAB), Transporte Aéreo Boliviano (TAB), AZUCARBOL, Empresa Azucarera de San Buenaventura (EASBA), Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (EMAPA), PAPELBOL, CARTONBOL, LACTEOSBOL, Empresa de Cementos de Bolivia (ECEBOL), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA), Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), MUTÚN, Bolivia TV, Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), Agencia Boliviana Espacial (ABE), QUIPUS, MI TELEFÉRICO, etc.

Posteriormente, se formuló un marco institucional donde el Estado recupera sus funciones principales de promotor y protagonista del desarrollo económico nacional, en coordinación con los niveles de gobierno subnacional.

La institucionalidad de la industria manufacturera está basada en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) que tiene la función de: i) diseñar estrategias y políticas nacionales de desarrollo productivo; ii) proponer políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales y externos; y iii) promocionar las compras estatales de las unidades productivas (micro, pequeñas empresas, medianas, grandes em- presas, industrias, organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de pequeños productores urbanos y/o rurales, entre otros), garantizando el abastecimiento del mercado interno.

Por su parte, en el nuevo MESCP vigente desde 2006, la industria manufacturera se constituye en un elemento clave que forma parte del sector generador de empleo e ingresos, cuya función principal es la de crear producción con alto valor agregado y dotar de bienes e insumos al sector generador de excedentes. En la gestión del Presidente Evo Morales, a partir de la implementación del MESCP y en concordancia con el PND se establecieron  varias medidas en beneficios de este sector económico, de acuerdo al siguiente orden cronológico:

• En el marco de la Política Nacional de Apoyo a la Producción, el 22 de noviembre de 2006, mediante D.S. N° 28938 se crea el Servicio Nacional para el Desarrollo Productivo (SENADEPRO) con el objetivo de mejorar los niveles de productividad y competitividad, el acceso a tecnología, fortalecer los procesos productivos y de gestión, entre otros.
• EID.S. N° 29519, puesto en vigencia el 16 de abril de 2008, regula la competencia yla defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad, a través de mecanismos adecuados dinamizadores de la economía nacional; es decir, se trata de que la demanda cumpla la función de motivador de la producción.
• Por medio del D.S. N° 29727 de 1 de octubre de 2008, se crean las agencias de desarrollo Pro Bolivia, Insumos Bolivia, Conoce Bolivia y Promueve Bolivia; todas estas especializadas en coadyuvar a la incorporación de lógicas de gestión productiva y a mejorar la productividad de los pequeños productores.
• En octubre de 2009, se presenta el "Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno" con el objetivo de desarrollar una economía plural con fuerte pre- sencia estatal orientada a promover el desarrollo económico de todas las unidades productivas del país con más y mejores empleos.
• A través del D.S. N° 71 de 9 de abril de 2009, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, junto a otras de los sectores de: Transportes Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad, Pensiones, Bosques y Tierra, en sustitución de las Superintendencias generales y sectoriales.
• Mediante D.S. N° 590 de 4 de agosto de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas-SEDEM, cuya finalidad es la de apoyar en la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva.

Estas políticas estaban encaminadas para los sectores de la agroindustria, artesanía, manufactura, industria y turismo. Contienen los principales lineamientos de tres importan- les sectores generadores de ingresos y empleo del nuevo MESCP que son: i) el sector industrial, manufacturo y artesanal; ii) turismo; y iii) desarrollo Agropecuario, que buscan la transformación y el cambio integrado y diversificado de la matriz productiva.

El objetivo principal es cambiar el actual patrón primario exportador excluyente y crear una nueva matriz basada en la industrialización de los recursos naturales con valor agregado, permitiendo la generación de excedentes, ingresos y empleo digno para la mayoría de la población boliviana, e inaugurando un nuevo patrón de acumulación de riqueza y su justa distribución.

Así también, en los últimos nueve años se establecieron varias normas que orientan recursos financieros al sector productivo, estimulan la inversión en capital productivo para la adquisición de maquinaria e insumos que incrementen la capacidad productiva y el rendimiento; se incorporan medidas y proyectos de capacitación y asistencia técnica orientados a fortalecer las acciones de transformación técnico productiva. Entre las nor mas más importantes se encuentran:

• El D.S. N° 28999 de 1 de enero de 2007, refunda la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) por Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) como entidad de intermediación financiera de segundo piso, a fin de promocionar y financiar el desarrollo productivo nacional.
• El 19 de febrero de 2010, se creó el Fondo de Garantía Propyme Unión, con el objeto de facilitar el acceso a créditos a las micro y pequeñas empresas productoras. Propyme Unión es un Fondo de Inversión de carácter cerrado cuyo fin es realizar inversiones en Valores de Renta Fija para constituir mecanismos de cobertura de hasta el 50% del saldo a capital pendiente de pago de los préstamos otorgados por la banca a la pequeña y mediana empresa. Una de las características innovadoras del Fondo es que además de constituir mecanismos de cobertura, contempla un mecanismo de mantenimiento de capital para el inversionista.
• En 2012, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Agencia Promueve Bolivia, con el objetivo de promover los Complejos Productivos Integrales (CPI) trabajan en cinco actividades: i) el textil, ii) el cuero, iii) la madera, iv) los alimentos y v) la metalmecánica 
• En 22 de abril de 2012, se promulga la Ley N° 232 por medio del cual se crea el Fondo para la Revolución Industrial Productiva-FINPRO, se establece los mecanismos de financiamiento y asignación de sus recursos en el marco del artículo N° 316, numeral 4 de la Constitución Política del Estado. El FINPRO dispone de $us 1.200 millones al inicio de sus actividades y se crea bajo la forma de fideicomiso con una duración de 30 años renovables. Según el artículo N° 3 de la ley, el FINPRO tiene la finalidad de financiar la inversión de emprendimientos productivos del Estado que generen excedentes.
• La Ley N° 306 Promoción y Desarrollo Artesanal de 18 de noviembre de 2012, tiene por objeto reconocer, proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo de la actividad artesanal, por parte de todos los niveles de gobierno (Central, Departamental, Municipal e Indígena Originario Campesino), así como facilitar su acceso al financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus saberes, técnicas, aptitudes y habilidades artesanales.
•  Con el objeto de democratizar el acceso al crédito, reducir el déficit habitacional, entre otros, el 21 de agosto de 2013 fue promulgada la Ley N° 393 Ley de Servicios Financieros, con el cual el Estado logró regular las actividades de inter- mediación financiera y la prestación de los servicios financieros. Con la ley se re- emplazó la extinta Ley de Bancos N° 1488 y se promueve los créditos productivos y los de vivienda de interés social.