Los problemas de Tucson se vieron agravados porque la empresa se había diversificado hacia algunos negocios de naturaleza no pública los cuales conocian muy poco (negocio de bienes raíces e instituciones de ahorros y préstamos). El pleito legal de $40 millones entablado por el MeraBank Federal Savings Banks buscaba la recuperación de un préstamo de una de las subsidiarias de la empresa, la Sierrita Resources, Inc. la cual había invertido en un desarrollo rural de Phoenix.
Finalmente, la compañia de servicios públicos fue investigada por la Securities and Exchange Commission dada la posibilidad de que los funcionarios y los directores que habían vendido sus acciones hibieran incurrido en negociaciones internas.
Como resultado de todo esto, Tucson Electric ha sufrido pérdidas muy severas. Cuando se describió este documento, en la primera de 1992, la compañia se estaba reestructurando y las acciones se estaban vendiendo en $6.75, a comparación de un nivel tan alto como $65, el cual estuvo vigente antes de que empezaran los problemas.
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